La Xunta pedirá sólo en caso extremo el estado de alarma y culpa a Sánchez del caos
La estabilidad política que marca el día a día se deja notar también en el combate de la pandemia, incluso, después del final del estado de alarma.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera no tener que solicitar al Gobierno central nuevamente esa restricción, que únicamente ve posible “valorar” solo si en algún momento “no se puede controlar” la pandemia y las medidas decretadas a tal fin por su ejecutivo no recibiesen el aval de la justicia, como está sucediendo en otros territorios.
En la comunidad gallega, hasta ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló las peticiones del Ejecutivo autónomo, por eso, Feijóo, insistió en que volver a solicitar el estado de alarma sería la última opción.
Así lo manifestó en el programa de Ana Rosa en Tele 5, en donde volvió a cargar contra el Gobierno central por su “empecinamiento” en no ampliar y adaptar la ley orgánica del año 1986 para la gestión específica de la pandemia. Además, Feijóo reiteró que sería necesario que las comunidades autónomas contasen con herramientas legislativas que garanticen la seguridad jurídica de sus decisiones.
Para el mandatario, el Ejecutivo socialista abocó a “judicializar” la pandemia, de forma que los distintos comportamientos de los tribunales de justicia autonómicos, desembocarán en numerosos recursos ante el Tribunal Supremo. En su opinión, el Supremo no puede convertirse en un “juzgado de guardia” de la pandemia, zanjó.
En todo caso, a la vista de las situaciones dispares, el temor mostrado por Feijóo se asienta en hechos que están aflorando en todos los territorios. El reguero de situaciones que este martes estaban sobre la mesa no deja sombra de dudas.-
De hecho, este mismo martes se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ratificó la orden emitida por la Junta para confinar el municipio granadino de Montefrío, uno de los cuatro pueblos sobre los que Salud solicitó esta medida debido a la tasa de coronavirus.
El alto tribunal tomó la decisión al considerar que las restricciones de derechos fundamentales no pueden realizarse de forma “indiscriminada y masiva”.
Asimismo con un planteamiento contrario a los postulados del Gobierno navarro se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que denegó el toque de queda nocturno decretado por el Ejecutivo autonómico para evitar la proliferación de botellones. Según el alto tribunal, la medida “no supera el canon de necesidad y proporcionalidad”.
El comportamiento de los dos gobiernos regionales ante estos pronunciamientos es divergente. Así, mientras Navarra acata la decisión y apela a la responsabilidad ciudadana, Andalucía anunció que recurrirá la decisión al Tribunal Supremo.
Estos dos ejemplos reflejan que el caos judicial sigue amplificándose día a día, con otros pronunciamientos anteriores también polémicos, como en el País Vasco.
Así, este martes el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, afirmó que la petición de la declaración del estado de alarma por parte del Lehendakari, Iñigo Urkullu, para Euskadi “arrojaría seguridad jurídica”, después de que no se haya prorrogado este instrumento excepcional en el Estado ni reformado la legislación ordinaria.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Subijana señaló que “los datos empíricos ponen de manifiesto un problema de insuficiencia o falta de claridad normativa”. Según apuntó, las comunidades “tenían un marco de certeza normativa que les ofrecía el estado de alarma”.
“Desaparecido el estado de alarma, tienen una legislación ordinaria desde 1986 (Ley de Salud Pública) que plantea severas dudas de incertidumbre normativa respecto a la posibilidad de adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales a colectivos indeterminados o difuso de personas”, indicó.
Mientras, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate censuró la “incomprensible cerrazón” del presidente, Pedro Sánchez, y su Gobierno respecto al fin del estado de alarma y lamentó que su actitud, “con la inestimable ayuda de algunos jueces”, no hizo más que “enredar más el asunto y trasladar a la ciudadanía más confusión”.