Las pandemias, a la cabeza de los riesgos para nuestro país
Las pandemias y epidemias podrían suponer un quebradero de cabeza para los españoles durante el próximo trienio. Un informe de Seguridad Nacional de 2020 posiciona su riesgo a la cabeza de todas las amenazas al Estado en dicha etapa. Avanzan hacia la preocupación en “tiempo récord”, tras haber ocupado antes, el año anterior, el penúltimo puesto del mismo listado: entonces únicamente por delante del auge armamentístico de destrucción masiva.
En el informe al que pudo acceder Europa Press, aprobado el pasado 9 de marzo en el Consejo de Seguridad Nacional, el severo impacto del COVID-19 se cobra la mayor parte de su extensión, si bien es cierto que se examinan los restantes peligros para el país que ya se incluían en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017.
Así las cosas, la novedad más relevante es que el riesgo de pandemias y epidemias se eleva desde prácticamente el final del ranking (donde se encontraba en 2019) hasta considerarse la mayor amenaza actualmente y con vistas al futuro (2021-2023). Dicho análisis, creado a partir de un sondeo efectuado a 200 especialistas de distintos campos, entre octubre y noviembre de 2020, deja patente que la pasada anualidad (2020) ha supuesto “un antes y un después” en el paradigma de la seguridad internacional.
Con ello, la bofetada de realidad que proporcionó el coronavirus “ha superado todas las expectativas”, trayendo consigo consecuencias en todos y cada uno de los ámbitos de seguridad nacional. Un ejemplo a destacar podría ser el incremento del teletrabajo con motivo de la incidencia viral o la situación de excepcionalidad generada al instaurarse el estado de alarma, lo cual ha desembocado en un aumento paralelo a la exposición de ciberataques u otras formas delictivas patentadas por los criminales a raíz del virus.
Por otro lado, el documento elaborado por Seguridad Nacional deja claro que las “oportunidades” que emergen del sistema mundial, “altamente independiente e interconectado”, conllevan del mismo modo otro conjunto de vulnerabilidades, reflejando que la solución a esta crisis ha pasado por una “tensión” que suma el esfuerzo y apoyo internacional “con un deterioro del multilateralismo en todas sus facetas”.
No obstante, aplaude la labor de la Unión Europea: una comunidad que “ha sido capaz” de sacarse de la manga unos fondos de recuperación para paliar los efectos que contrajo nuestra situación económica y resolver la evidente necesidad de obtener vacunas, negociando conjuntamente su adquisición.
FRAGILIDAD POR DEPENDER DE FUERA. Desde el Consejo de Seguridad advierten que es preciso reducir el grado de dependencia del exterior, poniendo el foco en aquellos recursos esenciales que España ha debido adquirir a foráneos durante la pandemia, tal como las mascarillas o los equipos de protección. Aun así, matizan que fue nuestro Gobierno quien “tuvo que dar una respuesta coordinada ante la ausencia de planificación” de las CCAA, las cuales también carecían de “una reserva estratégica”.
No es el único revés que se llevan las comunidades en el informe, donde también apuntan que los sistemas autonómicos de vigilancia de enfermedades y de traspaso de información no estaban “dimensionados” para hacer frente a la epidemia mundial del coronavirus, algo que les llevó (ante el volumen generado por la misma) a “utilizar información parcial o poco actualizada para la gestión de la pandemia con la consiguiente incertidumbre sobre la toma de decisiones”.
A esta crítica, suman que la compra de dichos productos estuvo “enormemente dificultada” ante los “importantes intereses internacionales y tensiones geopolíticas y comerciales”, puntualizan, destacando que ello implicó un reto para el Ejecutivo de Sánchez a la hora de “desarrollar la capacidad industrial nacional para autoabastecerse bajo condiciones excepcionales y garantizar el suministro de recursos esenciales en situaciones de crisis”.
ES PRECISA UNA ACTUALIZACIÓN DE LA VIGILANCIA. Por los motivos citados, desde Seguridad Nacional apuntan que es preciso actualizar, digitalizar y automatizar los procedimientos de vigilancia, junto a las autonomías, con el propósito de facilitar “la interpretación y comunicación de resultados para informar la toma de decisiones”; un “dimensionamiento adecuado de los recursos humanos que trabajan en Salud Pública”; y garantizar la capacidad de investigación nacional “estable” y de “alta calidad”.