Alarma en la construcción ante la subida de los precios del material

El sector de la construcción y las obras en general se ha revitalizado en los últimos años, especialmente desde que para paliar la crisis se autorizó a los ayuntamientos a invertir en proyectos los remanentes del presupuesto no invertidos. De esta forma, en Compostela están actualmente en marcha un importante número de obras entre las que está llevando a cabo el Ayuntamiento, la Xunta, y las que se financiarán con cargo a los Fondos Europeos Next Generation.

En principio, es una buena noticia para el sector, pero hay dos problemas importantes por el medio. El primero de ellos, tal y como adelantó este periódico, la falta de personal. Después de la crisis de 2008 muchos de los trabajadores se prejubilaron o buscaron trabajo en otro sector, y no se formó una nueva generación, de ahí que haya una importante escasez de mano de obra, que además se cotiza al alza, evidentemente.

El otro es el que están sufriendo ahora muchas empresas en forma de un incremento desmesurado de los costes del material, al que hay que sumar las dificultades para conseguirlos, derivadas del parón en la producción y las restricciones a la movilidad que todavía continúan existiendo a causa de la pandemia en todo el mundo.

De esta forma, materiales tan utilizados en ciudades históricas como Compostela, la piedra, la madera o la pizarra, por citar solo tres ejemplos, han visto incrementado su precio en porcentajes desmesurados, del 68, el 125 y el 56 % respectivamente, según el estudio realizado por la Confederación Nacional de la Construcción tras una consulta realizada a más de trescientas empresas.

A ello hay que sumar las citadas demoras en la entrega de productos, que pueden ir de promedio entre poco más de veintiséis días para el cemento, y hasta noventa en maquinaria y vehículos. Ochenta en el caso de la pizarra, y entre cincuenta y sesenta la madera y la piedra.

Si a ello le sumamos que buena parte de las obras que salen a licitación fueron ya proyectadas antes o durante el confinamiento, que fue cuando se fijaron los presupuestos de las mismas, y después el tiempo que se emplea en la licitación, entre la convocatoria del concurso, las valoraciones técnicas, las mesas de contratación, la adjudicación provisional y definitiva, y la firma del acta de replanteo, en muchas ocasiones pasan meses y el incremento de los costes reduce la rentabilidad de la obra al mínimo, y a veces pone incluso en peligro la viabilidad.

A estos problemas hay que sumar otros que también sufre el conjunto de los ciudadanos; el incremento de los precios de la energía, lo que asimismo incrementa los costes de producción de transporte, algo que hay que sumar a los sobrecostes y demoras en la recepción de materiales.

La Ley solo permite un incremento del 20 % sobre el presupuesto original, pero el problema, según explican las empresas, es que el coste medio de las obras ha subido un promedio de un 22 %. Un incremento en los precios que afecta a la práctica totalidad de las empresas, ya que más del noventa y cuatro por ciento de las mismas afirman haberse visto afectadas.

De hecho, hay un porcentaje de las mismas que explica que ha tenido que renunciar a realizar determinados proyectos porque no había forma de cubrir los gastos.

Penalización. Otro problema añadido al que aluden es a que los retrasos en la entrega de materiales también les afecta económicamente. Las obras tienen un plazo determinado, a partir del cual las adjudicatarias pueden ser sancionadas en función del presupuesto de la obra y por cada día de retraso que se produce en la finalización de la misma.

Más de un veintitrés por ciento de las empresas consultadas explican que han sufrido algún tipo de penalización a causa de las demoras. En el caso del que el adjudicador no considere suficientemente justificada la demora, puede imponer una sanción proporcional por cada día o mes de retraso, con cuantías que pueden oscilar entre los mil quinientos y los tres mil euros diarios.

Si a eso le sumamos el coste de la fianza que hay que depositar antes del inicio de los trabajos, el resultado es que para afrontar una obra cada vez son más los que optan por constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE), con el fin de compartir los riesgos entre varias y poder contar con más recursos a la hora de tener que afrontar algún tipo de imprevisto.