Compostela, ausente en la red de ‘ciudades amigas’ de la infancia

Cuando uno piensa en Unicef, la ONG dedicada a la infancia que este año cumplió 60 años de actividad en España, se imagina envíos de ayuda a países en vías de desarrollo. Más allá de la cooperación internacional, igual que todas las organizaciones similares, cuenta con una estructura dedicada a fomentar la mejora de condiciones a nivel local. Y eso es precisamente lo que realiza la asociación en Galicia, desde su sede compostelana de Galeras. Uno de sus proyectos más potentes es el de Ciudades amigas, dedicado a mejorar la vida de los pueblos y ciudades en lo que a adaptación a la infancia se refiere. Algo que no está limitado a cómo debe ser un parque o a la planificación de un nuevo centro escolar, sino que abarca un campo más amplio en el que se cumplen fielmente los puntos de la Convención sobre los derechos de los niños, y se escucha la opinión de niños y adolescentes en la toma de decisiones. Es, en este aspecto, en el que la capital gallega tiene una deuda pendiente pues no forma parte de la red de Ciudades amigas. Muy cerca, en Teo, sí se han incorporado al proyecto y son un ejemplo de ejecución a nivel gallego.

Tal y como explica la responsable de Sensibilización y Políticas de Infancia en Unicef Galicia, Marta Andrade, “buscamos que los municipios implementen políticas de infancia contando con nosotros. Hay un proceso de reconocimiento en el que comprobamos que los ayuntamientos tienen planificación de esas políticas, y por otro lado son ayuntamientos que han desarrollado estructuras de participación: consejos en los que pueden ayudar a tomar decisiones que les afectan”. Se busca que la infancia y adolescencia se sitúe en el centro de la política municipal, al estilo de la adaptación realizada en Pontevedra bajo el paraguas del método Tonucci. Actualmente, llama la atención que ninguna de las grandes ciudades forme parte del proyecto de Ciudades amigas de Unicef, que se limita a diez ayuntamientos, con las recientes incorporaciones de Ponteareas y Castrelo de Miño. En el listado, la que más se echa en falta es la capital.

“En el caso de Teo, estaban preocupados por la velocidad de los coches cerca de la zona escolar y pidieron al Concello que se realizase una campaña de sensibilización. Protagonizaron ellos mismos la campaña. Ahora están trabajando en un taller de teatro porque así lo pidieron. También proponen aspectos básicos sobre cómo queremos que sea un parque o qué nos apetece para la escuela de verano”, detalla Marta Andrade. A mayores, se fomenta la relación institucional a nivel autonómico en el Parlamento de Galicia. Uno de los temas recientes que han trasladado con más ahínco a la clase política es el de la brecha digital que los propios alumnos sufren desde el inicio de la pandemia, bien por no tener los medios tecnológicos apropiados o por poseer una deficiente conexión a la red de Internet. “Es muy positivo para ellos ya que al final llegan a ser conscientes de que muchas de sus peticiones las consiguen, ven cambios. Son alumnos responsables y, a la vez , muy críticos con el entorno. Llevan desde 2019 solicitando a la Xunta la creación de un consejo autonómico de participación, similar al de los ámbitos locales, y se lo recuerdan siempre que tienen oportunidad. Son muy firmes”, concluye la responsable de Sensibilización de Unicef Galicia. A esto se suma la aportación de material educativo a cualquier colegio de la comunidad. En ese sentido, centros como el de Covas, en Meaño, es referente nacional.

En definitiva, una actividad a nivel local que, como aclara la coordinadora de la ONG en Galicia, Irene Marín, no es asistencial sino política: “Lo que realizamos a nivel de política de infancia va enfocado a que se mejoren políticas públicas. Hay muchas lagunas en asuntos transversales: que haya programa presupuestario específico para la infancia, recursos humanos especializados; sensibilización sobre el derecho de los niños a ser escuchados, tenidos en cuenta; promover espacios de participación estables; medición y análisis de datos sobre cuál es la situación real de la infancia; mejor coordinación sanitaria y educativa entre administraciones...”. En resumen, que los derechos a crecer en un entorno adaptado vayan mucho más allá de un papel.