Dos detenidos por estafar a ciudadanos extranjeros bajo falsas promesas de regularización

Más de 100 víctimas afectadas en la provincia de A Coruña // La investigación bautizada como ‘Operación Papiro’ fue dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santiago
Redacción
P. Nacional

Más de un centenar de personas extranjeras de la provincia de A Coruña cayeron en las redes de dos supuestos abogados que ofrecían sus servicios con la promesa de regularizar su situación en España. Los detenidos, que actuaban en áreas como Ames, Ribeira, A Coruña, Santiago y otras zonas de influencia, se enfrentan a delitos estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.

Identificados los presuntos responsables, la línea de investigación se centró en averiguar el modus operandi de los mismos, personas que se hacían pasar por abogados especialistas en materia de extranjería realizando diversos trámites para la obtención y renovación de tarjetas de residencia. La investigación destapó que la pareja arrestada no disponía de despacho físico alguno y se servía de su presencia frecuente en bares, cafeterías y locales frecuentados por ciudadanos extranjeros.

Para dar más credibilidad a su actividad, concertaban sus citas a las puertas de organismos oficiales como Comisarías de Policía, Registro Civil, Oficinas de Extranjeros, donde ofrecían sus servicios para dar un impulso a la tramitación que necesitaban los afectados, y también realizaban trámites de gestión de negocios regentados en su mayoría por ciudadanos extranjeros.

Los cobros a ambos se hacían en metálico, aunque en ocasiones también se realizaban mediante ingresos en cuentas bancarias a nombre de terceros y a través de la aplicación Bizum, con cantidades entre los 50 y los 200 euros por cada gestión realizada.

Bautizada como Operación Papiro, la investigación contó con la colaboración del Colegio de Abogados de Santiago, donde un ciudadano había formulado una queja en la que manifestaba que en marzo de 2020 había contratado los servicios de una abogada, supuestamente especialista en extranjería, así como de su pareja, para realizar los trámites relacionados con su regularización en España sin que el trámite se solucionase tras haber realizado varios pagos.