El ‘impuestazo’ del IBI podría afectar a más de cinco mil viviendas vacías

La regulación que ultima el Gobierno central tendría una gran incidencia en la capital gallega por los numerosos inmuebles en desuso // Desde fondos buitre hasta bancos, los grandes propietarios
Alquiler de viviendas
Brais Fernández
La nueva normativa respondería a la ausencia de alquiler de larga duración que afecta a Compostela. Foto: Fernando Blanco

A falta de conocer la letra pequeña de la posible aplicación de la que será la primera Ley de Vivienda en España, en una primera valoración, ésta podría tener una gran incidencia en Santiago. En la capital gallega existen más de 5.000 inmuebles vacíos a los que le podría afectar la subida del IBI y, además, la ciudad cuenta con numerosos casos de grandes tenedores (persona física o jurídica con más de diez inmuebles), desde fondos buitre hasta particulares, pasando por los bancos. Con todo, desde la Asociación Gallega de Inmobiliarias -Agalin-, consideran que su efecto será insuficiente para solucionar el gran problema de la ciudad, la escasez de oferta de alquiler de larga duración.

Basándose en las posibles consecuencias que tendría, Carlos Debasa, tras estar en contacto desde la jornada del martes con compañeros del sector, estima que las medidas afectarán en función del color de los partidos y no por el bien común. Así, apunta que el aumento del IBI y el cheque de la vivienda podrían tener cabida en la capital. Por contra, en lo que respecta a la regulación de precios y a los grandes tenedores, al tratarse de una decisión autonómica, analizando las palabras de Alberto Núñez Feijóo, señala que raramente tendrán aplicación.

El primer objetivo de la nueva norma tendría especial incidencia en la capital gallega, ya que uno de los problemas de fondo del sector es la escasez de viviendas en régimen de alquiler. Tal y como apuntaba este mismo periódico el año pasado, más de 5.000 pisos se encuentran vacíos en Santiago, una cifra basada en los datos sobre el consumo del agua (es decir, aquellos en los que el contador está a cero).

En este sentido, el propio Xosé Sánchez Bugallo apuntaba el pasado año que estaban buscando la fórmula de penalizar fiscalmente estas viviendas desocupadas, pero que necesitaban de una normativa estatal que la amparase. Por ello, desde el Concello ahora esperan poder movilizar un elevado número de inmuebles en desuso y ponerlos en el mercado con la entrada en vigor de la nueva ley, con el consiguiente abaratamiento de los precios actuales.

Con todo, desde Agalin recelan de la eficacia de esta medida. “En la regulación del aumento del IBI hay muchos matices, y al hacerse en tres tramos del 50 % (hasta un máximo de un 150 %), consideramos que será insuficiente. Para aplicarle el máximo tendrán que estar sin usar desde hace más de dos años y que sea un gran tenedor, por lo que resultará complicado que afecte mucho”, señala Carlos Debasa, su presidente.

Por su parte, en lo que respecta al “cheque vivienda”, la asociación inmobiliaria opina que esta medida ya se aplicó a nivel gallego y el resultado en la ciudad fue el contrario al esperado. “Si quieren que funcione, el IGVS tendrá que controlar que los precios no suban en los nuevos contratos. Aquí hemos visto casos de pisos que estaban en 600 euros y que pasaron a 700, ya que los propietarios alegaban que el inquilino pagaba algo menos, y ellos ganaban algo más”, remarca su máximo responsable. Por todo ello, si bien Agalin hace una valoración positiva por la implicación para la aprobación de esta ley, la considera insuficiente y temen que, al final, no solucione casi nada.

¿Santiago sería zona tensionada? “A día de hoy no sabemos los barómetros que marcarán estas áreas, si será por las unidades disponibles en base a la población o por el valor por metro cuadrado. Pero, en todo caso, creo que Santiago sí es una zona tensionada (territorio en el que se ha producido un aumento sostenido del precio del alquiler en los últimos años)”, apunta Carlos Debasa.

Por tanto, la valoración final dependería de la Xunta de Galicia, la cual, como ya ha indicado su propio presidente, no ve con buenos ojos una normativa que consideran que “invade sus competencias” sin atajar realmente el problema.