Litigio abierto entre Concello y Aviturga por los pisos turísticos
El problema de las viviendas turísticas en Santiago, un régimen vacacional que copa la oferta de pisos de la capital gallega, multiplicando por diez las opciones para alquiler tradicional parece que está próximo a solucionarse. En la jornada de ayer, ambas partes mostraron sus cartas, dejando claro que la batalla que llevan años lidiando ha entrado en una fase clave.
En este sentido, respondiendo al anuncio del pasado fin de semana de la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, remarcando que Raxoi pondría fin a todos aquellos pisos turísticos que no contasen con la doble habilitación (Concello y Xunta), basándose en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha salido al paso para reiterar su posición e indicar que la ley actual no exige la licencia municipal.
La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín Pombo se mostró muy crítica con la posición adoptada por el concello, puesto que los pronunciamientos judiciales recientes, entiende, hacen alusión solo a “casos muy concretos de particulares”, pero no afectan al conjunto.
Así, de manos del abogado de la entidad, Lisardo Núñez Pardo de Vera remarcó que cada uno de los socios de Aviturga seguirá operando hasta que se les indique lo contrario, puesto que cuentan con todos los requisitos legales obligatorios, alegando además que el problema de Compostela reside en las viviendas vacías (cerca de diez según sus datos) y no en este tipo de negocios.
RAXOI VA A POR TODAS. Por su parte, siguiendo la línea de lo adelantado esta pasada semana, el Gobierno local lo tiene claro e irá a por todas hasta que se retiren del registro autonómico todos aquellos inmuebles que no cuentan con la licencia de apertura del concello.
En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, Mercedes Rosón dejó claro que tanto Aviturga como los propios particulares tienen constancia desde la aprobación de la modificación de los usos del Plan Xeral, en 2018, los requirimientos necesarios para la apertura de un establecimiento de estas características, ya que se trata de una actividad de uso terciario que necesita de “licencia de apertura”.
Asimismo, añadió, ya en el Plan Especial de protección de la Ciudad Histórica de 1997 se dejaba claro que todas las modalidades de uso hostelero en esta área de la ciudad precisaban operar en un edifico exclusivo para estar en regla.
Teniendo en cuenta ambos aspectos, remarca la responsable municipal, el TSXG se ha posicionado “con rotundidade”, tanto en la sentencia firme del apartamento de Pontevedra como en la última de Santiago, por lo que “non podemos mirar para outro lado”.
En todo caso, entienden que la Xunta actuó con ambigüedad, ya que si el Concello debe esperar or los informes sectoriales para autorizar la apertura de los negocios, no tiene cabida que se incluyan en los registros autonómicos viviendas que no cuentan con habilitación para abrir.
Siguiendo esta premisa, Raxoi reiterará sus denuncias y luchará hasta el último momento para impedir que sigan trabajando negocios al margen de la ley. De este modo, recuerda Mercedes Rosón, estos propietarios están cometiendo una falta grave, cuya sanción puede variar de 300 a 30.000 euros. A mayores, cabe recordar que de los 900 pisos turísticos que operan en Santiago, sólo 36 cuentan con la doble licencia, de ahí la gravedad del asunto y la necesidad de encontrar una solución.