Raxoi saldrá de la nave de Pichel en cuanto aparezca otra que se adapte

El Concello de Santiago rescindirá “lo antes posible” el contrato de alquiler de la nave del polígono de A Costa Vella propiedad de la empresa Desproi Promociones SL, vinculada al exedil de Medio Rural, José Manuel Pichel, quien dimitió el pasado miércoles. Así lo confirmó ayer en declaraciones a este periódico el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien indicó que su gabinete ha iniciado ya los trámites para la reubicación del personal municipal que trabaja en estas instalaciones, aunque reconoció que “no se trata de un trámite rápido ni tampoco sencillo”.

“Hemos empezado a buscar oficinas municipales donde poder reubicar a parte del personal que trabaja en la nave de A Costa Vella; pero el principal problema lo tenemos con Parques e Xardíns”, indicó el regidor, al tiempo que detalló que este departamento “guarda en estas instalaciones material y maquinaria específica que necesitan un espacio con unas determinadas características”.

En este sentido, Bugallo reconoció que desde el ejecutivo municipal se ha puesto en marcha el mecanismo para tratar de encontrar unas nuevas instalaciones, aunque “todo lo que hemos visto hasta ahora es más caro y con peores condiciones”. El primer edil asegura que para Raxoi la de Costa Vella era “una nave muy funcional”, sobre todo para el departamento de Parques e Xardíns. “Ahí tenemos incluido en el precio del alquiler los gastos de energía y también de calefacción”, señaló, a la vez que expuso que “estas condiciones no las hemos encontrado en ninguna de las opciones que se nos han presentado hasta ahora”.

“Esa es la realidad”, subrayó el alcalde, que declaró que las instalaciones sobre las que está puesto el foco de la polémica “están muy bien preparadas, muy bien acondicionadas y con capacidad para almacenar todo el material y la maquinaria agrícola del departamento de Parques e Xardíns”, insistió.

MEDIDAS LEGALES. Sobre la crisis política que se ha generado tras destaparse la relación del contrato de alquiler de la nave y el concejal José Manuel Pichel, el alcalde no ha querido profundizar mucho más en la polémica; y se remitió a la postura que mantiene el gobierno local.

Bugallo remarcó que su ejecutivo tomará medidas legales contra las “graves acusaciones” del líder del PP, Borja Verea, quien dijo que “el ejecutivo socialista es el culpable de este espectáculo esperpéntico, acumulando mentiras, contradicciones e insultos, antes de ser arrasados por la realidad”. El popular tampoco dudó en afirmar que “nos encontramos ante indicios demoledores que demuestran que no estamos ante un error, sino ante una trama organizada que tiene como objeto desviar fondos públicos a empresas amigas que acaba de destapar, a la vista de todo el mundo, el modus operandi del gobierno de Bugallo”.

También Compostela Aberta y el BNG cargaron con dureza contra el gabinete municipal tras conocerse este caso. Para CA, “a falta de transparencia por parte do Goberno está xerando cada vez máis dúbidas sobre este asunto, e por iso urximos ao alcalde a que efectivamente impulse unha investigación interna sobre o acontecido, tal e como anunciou a través dos medios de comunicación, e traslade canto antes as súas conclusións aos grupos da oposición”, como afirmó ayer la portavoz municipal, María Rozas.

Así, apuntó que “o alcalde debe depurar todas as responsabilidades por un contrato no que non só interviu o concelleiro dimitido, debe trasladar canto antes os servizos de Medio Rural e Parques e Xardíns da nave alugada irregularmente, e debe dar no Pleno do xoves todas as explicacións que lle vimos pedindo, sen éxito, desde hai máis dunha semana”.

Los nacionalistas, por su parte, ya registraron una interpelación para el Pleno de mañana con la que reclaman que, de manera inmediata, se cese cualquier actividad o procedimiento contractual con la empresa Desproi. Cabe recordar que esta compañía, relacionada con Pichel y copropietaria con UGT de la nave de Costa Vella, lleva 16 meses beneficiándose de un contrato con el Concello, que el pasado 30 de diciembre fue renovado con una dotación de 49.852 euros.

Goretti Sanmartín, portavoz del BNG en el pazo de Raxoi, insistió en que el PSOE debe dar explicaciones ante el pleno sobre el supuesto “entramado de empresas” que aparecen vinculadas en esta contratación irregular: Desproi, Gaia, Ribaterra y Surco Agrario, “con diferentes nomes e subdivisións, pero sempre coa mesma xente detrás”.