Solo un 10 % de los ‘juerguistas’ se niega a abrir la puerta a la Policía
La actuación de la Policía Nacional en el derribo de la puerta de un domicilio sin autorización judicial tras la negativa de las personas que había en su interior celebrando el pasado 21 de marzo una fiesta ilegal en Madrid se ha hecho viral y ha generado gran polémica. Los portavoces de las asociaciones de jueces tachan de “desproporcional” la actuación policial y subrayan que la entrada sin el permiso de un juez sólo puede tener lugar cuando se está ante un delito flagrante, algo que consideran que no ocurrió en este caso. De hecho, añaden que una fiesta ilegal en una vivienda es una actividad que como mucho puede ser sancionada administrativamente.
Por su parte, desde la Policía sostienen que su actuación está respaldada por los artículos 9.13 y 16.1 de la ley de seguridad ciudadana, dado que los participantes en la fiesta cometieron un delito de desobediencia al negarse a abrir la puerta e identificarse. El caso está judicializado.
Mientras, en Santiago, pese a que las celebraciones en pisos se suceden semana tras semana, la Policía Local no ha actuado en ningún caso de esta manera. Eso sí, admiten que se han contabilizado varias situaciones en las que los protagonistas de la fiesta se han negado a abrir la puerta. “Es bastante habitual esta maniobra, amparándose en el derecho a no abrir si los agentes no llevan un mandato judicial, algo que es poco factible puesto que la Policía se persona en las fiestas de madrugada”, afirman desde Raxoi. No obstante, cuando se produce este tipo de comportamiento –en un 10 por ciento de los casos–, la Policía vuelve los días siguientes, “y se denuncia, al menos, a los titulares del piso”.
“Todos estos casos están siendo denunciados, y si hay obstrucción policial, además de la multa por la fiesta, se podría imponer una sanción por incumplimiento de la Ley de Seguridad, que puede llegar a 3.000 euros”, señalan desde el Concello.
Asimismo, subrayan que desde el inicio del pandemia no se ha tramitado ninguna autorización judicial para entrar en un piso de la ciudad en el que se estuviese celebrando una fiesta ilegal, y ven “muy poco probable que se lleve a cabo una actuación al estilo de la que se produjo en el polémico caso de Madrid”. Además, desde Raxoi asocian este tipo de fiesta a pisos universitarios, y añaden que no se ha registrado ninguna fiesta en un algún piso turístico de la ciudad, tal y como sucedió en el inmueble del barrio de Salamanca, en la capital de España.
No obstante, para evitar este tipo de situaciones, el Concello acordó el pasado mes de octubre endurecer las sanciones por organizar fiestas en pisos con multas que pueden llegar a los 750 euros o incluso hasta los 1.500 en caso de reincidencia, según la nueva normativa en vigor. Raxoi busca así actuar sobre uno de los principales focos de contagio de COVID. La medida establece diferentes sanciones en función de tres franjas horarias: de 22.00 a 00.00 horas –200 euros– de 00.01 a 03.00 horas –500 euros– y de 03.00 en adelante –750 euros–.