Montero calcula en 104 millones el coste de la ley del aborto
La ministra de Igualdad, Irene Montero, cifró este martes en 104 millones de euros el coste de las nuevas medidas del anteproyecto de la ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros, como el permiso preparto en la semana 39 (57 millones de euros) y las bajas por reglas incapacitantes (unos 24).
Son cifras de las que informó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo sobre esta ley que, entre otras cosas, acaba con el consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad que quieran abortar, al tiempo que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, informa Efe.
Se mostró convencida de que la gran mayoría de los jóvenes y mujeres con discapacidad confiarán en sus padres y madres, familiares o amigas cuando den este paso, pero insistió en que la decisión final al respecto será suya.
Desde hace días se han ido conociendo algunas de las medidas incluidas en esta ley, incluso la propia ministra avanzó varias en sus comparecencias parlamentarias, de las que dio cuenta en la rueda de prensa del Consejo.
Una ley, que según Montero, garantiza el derecho de la mujer “a decidir sobre su propio cuerpo” y que es “la puerta de entrada” a otros derechos, como al trabajo, a la participación política y permite que puedan vivir mejor y desarrollar sus proyectos.
La norma, que será tramitada de urgencia, amplía la aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero.
Los hospitales tendrán que contar con personal para practicar abortos, de forma que la sanidad pública será “la red de referencia”, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo en el hospital más cercano a su domicilio.
Se eliminan los tres días de reflexión contemplados en la norma vigente: “Las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten, y el Estado no duda de la decisión cuando esté tomada”, aseguró.
Pero la ley también reconoce derechos sexuales y menstruales, de forma que incluye un permiso preparto a partir de la semana 39, y las bajas por reglas incapacitantes pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.
Preguntada por el coste de las medidas, indicó que el permiso preparto costará 57 millones; las bajas por menstruación incapacitante, 23,8 millones, y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.
Opinó que con estas medidas la regla dejará de ser un tabú y que España se convierte así en el primer país de la UE en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado.
La ley considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirán a las agencias que promueven esta práctica, ilegal en España y prohíbe su publicidad, pero no castigará a quienes acudan a estas empresas.