La comarca recibirá la mitad del Plan de Emprego coruñés

La Diputación de A Coruña destinará 3,6 millones de euros para generar puestos de trabajo en la provincia mediante una nueva convocatoria del programa PEL-Concellos. Y, de ese total, la comarca va a recibir 1.868.000 euros, la mitad del importe. Se trata de una de las líneas de su consolidado Plan de Emprego Local que destinará este año más de ocho millones de euros de cara a aumentar las altas tanto en el sector público como en el privado.

La aportación permitirá que los 93 ayuntamientos coruñeses puedan contratar durante un año a personas desempleadas para la prestación de servicios municipales tan imprescindibles como la limpieza viaria, mantenimiento de la iluminación pública, recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable y alcantarillados, mejoras en los accesos a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, mantenimiento de parques y jardines, protección de la salubridad pública o mantenimiento y vigilancia de los centros públicos de enseñanza, entre otros.

En cuanto a la distribución por comarcas –y siempre con importes entre los 52.000 y 19.000 euros–, la santiaguesa recibirá 801.000 euros, destacando los 52.000 € para Ames, Teo y Ordes, 49.000 de Santa Comba o los 46.000 euros para Negreira, Melide, Oroso y Padrón. En la de Barbanza sumarán 464.000 €, llevándose el máximo, 52.000 €, tanto Boiro como Ribeira. Ya en Costa da Morte-Bergantiños, ingresarán 603.000 €, destinándose el tope de 52.000 € a Carballo (y tras este municipio, con 49.000 euros, constan tanto A Laracha como Cee).

Las administraciones locales podrán destinar las subvenciones a financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación del nuevo personal, además de las indemnizaciones de fin de contrato y los cursos de formación en materia de riesgos laborales que deban realizar las personas contratadas segundo la legislación laboral vigente. Además, los trabajadores tendrán una jornada mínima semanal de 25 horas y realizarán labores relacionadas con el desarrollo de servicios municipales imprescindibles. Los ayuntamientos, a su vez, deberán tener en cuenta a la hora de llevar a cabo los contratos que estos deben adaptarse a lo establecido por la reforma laboral y que pasarán a regirse por el Real Decreto-Ley 32/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del contrato de trabajo. Asimismo, a la hora de seleccionar el personal, la Diputación aplicará criterios sociales y dará prioridad a la inserción de personas que pertenezcan a colectivos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

Así pues, se beneficiará a personas mayores de 45 años, parados de larga duración, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, pertenecientes a hogares con todos sus miembros sin empleo, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión laboral o mujeres. Además, dentro de estos colectivos, los municipios primarán a aquellas personas que hayan concluido favorablemente programas de capacitación, formación e integración en el mundo laboral organizados o financiados por las administraciones.