Campaña para derribar un ‘esqueleto’ ilegal de hace treinta años en Carnota

Hace tres décadas, el skyline de Carnota sufrió un cambio sustancial con la construcción de una edificación que empezaba a asomarse frente a la playa de Quilmas con un notable impacto paisajístico. Se trataba de un complejo de viviendas unifamiliares levantado por una promotora de Corcubión que la Demarcación de Costas paralizó cuando la estructura ya había cogido forma, porque invadía la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

Pero los años fueron pasando y aquella paralización no derivó en una orden de derribo, a pesar de que esta construcción ya fue denunciada en su día por la organización ecologista Arco Iris ante la Demarcación de Costas del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, “que atendió la reclamación y procedió a paralizar las obras por invasión del dominio público e incumplimiento de trámite de excepción previsto en la Ley del Suelo”, explica el colectivo.

Una excepción de la que los promotores intentaron echar mano alegando entonces que el destino de la edificación sería el de equipamiento hostelero, en vez de lo previsto realmente, que eran dos bloques para aproximadamente medio centenar de viviendas, según afirman desde la citada organización.

RECLAMACIÓN TELEMÁTICA.

Esta semana, el colectivo registró una reclamación telemática ante la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) con la que insta a ese organismo autonómico a proceder a la inmediata demolición de ese “esqueleto ilegal” que durante los últimos treinta años se fue consolidando como uno de los símbolos del feísmo de la costa gallega. “La obra, ilegal, promovida por un traficante local de maderas tropicales, permanece en pie sin que la APLU haya dado indicio alguno de cumplir con sus obligaciones de velar por la legalidad urbanística”, explican desde la organización.

ACUÍFEROS.

Según Arco iris, el esqueleto en cuestión, situado en la zona de Punta Boxeco, “ha dañado gravemente” un humedal existente a escasos metros “al cortar los acuíferos subterráneos, lo que provoca la desecación progresiva y galopante de un tesoro natural irrepetible”.

“Ignoramos cuáles son los motivos por los cuales la APLU no hace su trabajo, pero es posible que en algunos departamentos autonómicos se esté valorando la posible legalización de este y otros horrores urbanísticos cuyo fin parecía ya decretado. El ansia de la Xunta por asumir competencias estatales para el desarrollo de su Plan de Ordenación do Litoral ha levantado todas las alarmas en el sentido de una flexibilización intolerable de las zonas de protección del dominio público, que significaría una explosión indiscriminada de obras ilegales que, de la noche a la mañana, pasarían a ser no solamente legales, sino unos claros ejemplos de recuperación arquitectónica sostenible y respetuosa”, indican.

El representante de Arco Iris que registró la petición ante la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística, Francisco Jesús Lueiro García, señala que, cuando se inició la construcción de la edificación, “las competencias urbanísticas eran de Costas, no de la Xunta de Galicia”.

“No hay ninguna explicación que justifique tener que seguir esperando por su derribo”, señala Lueiro, quien añade que, además de reponer el terreno a su estado original, “será necesario llevar a cabo también actuaciones para la restauración hidrológica del humedal”.

La Consellería de Medio Ambiente ya abrió una investigación

El Concello de Carnota todavía no tiene Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pero, cuando se inició la construcción del edificio que Costas paralizó frente a la playa de Quilmas, “no había ni siquiera las Normas Subsidiarias, por las que el Concello se empezó a regir urbanísticamente y que datan de 1996”, explica el alcalde, Juan Manuel Saborido.

El regidor señala que “hace muchos años que tendría que estar derribada esa edificación”. “Fue paralizada en 1993 por estar en zona de protección especial de Costas, y aún está catalogada así”, añade.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda informó a este diario que la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística está dando curso a la solicitud de derribo de Arco Iris con la apertura de las correspondientes actuaciones informativas “co fin de investigar os feitos e determinar así se esta cuestión entra nas competencias da Axencia (en caso de que a edificación estea situada en servidume de protección de dominio público marítimo-terrestre ou en solo rústico)”. De ser el caso, estas actuaciones se complementarán con la solicitud de los informes correspondientes y el trámite de audiencia al propietario.