El cese del marisqueo deja a la cofradía de Boiro en quiebra técnica: "Si no hay ayudas, habrá ERTE"

El patrón mayor de Cabo de Cruz lanza un SOS ante la falta de ingresos para pagar a sus 14 trabajadores, entre ellos los 11 vigilantes de los arenales // La cofradía noiesa aplicó el expediente de regulación a 69 empleados y la pobrense se está planteando esa vía

Un grupo de mariscadores del sector de a flote de la cofradía boirense de Cabo de Cruz

Un grupo de mariscadores del sector de a flote de la cofradía boirense de Cabo de Cruz / Cedida

Suso Souto

La preocupante escasez de recursos en las rías gallegas está causando estragos en el sector marisquero. El cese de actividad ha dejado al sector a expensas de unas ayudas oficiales que tardan en llegar, que resultan insuficientes y a las que no todos los afectados tienen derecho. Pero hay una consecuencia añadida: también el funcionamiento de algunas cofradías empieza a resentirse.

Es el caso de la cofradía boirense de Cabo de Cruz, cuyo patrón mayor, Jesús Pérez Dieste, asegura que el pósito “está en quiebra técnica” debido a la falta de ingresos en la lonja desde que el pasado día uno de enero se acogiese al cese de actividad en el marisqueo a pie (al que se dedican 194 profesionales) y el día 4 se hiciese lo mismo para el sector de a flote (al que están adscritos 140 mariscadores del municipio).

La cofradía había depositado sus esperanzas en una ayuda de la Consellería do Mar de 150.000 euros destinada a vigilancia y que le permitiría resistir unos meses, al menos hasta junio, que es cuando se prevé poder retomar la actividad extractiva.

Pero la Consellería le ha denegado esa ayuda. “No entendemos por qué no se nos concede. Ni siquiera nos lo han explicado en la resolución, en la que solo se cita un artículo. Ya hemos presentado alegaciones, que aún no fueron contestadas. Pero, sin esa subvención, estamos abocados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), porque no podríamos pagar las nóminas de los 14 trabajadores de la cofradía”, explica al respecto el patrón mayor.

La plantilla está formada por once vigilantes de los arenales y tres administrativos. Jesús Pérez señala que, llegado ese momento, tendrían que decidir si someten a un ERTE a todos los vigilantes o a una parte de ellos, y si mantienen en sus puestos a los tres administrativos o a uno.

En todo caso, si se presentase ese panorama, habría otra consecuencia sobrevenida: los bancos marisqueros de las concesiones de la cofradía de Cabo de Cruz (Barraña, A Retorta, Mañóns y O Chazo) quedarían desprotegidos frente al furtivismo. Un problema ya de por sí de gran calado en dicha localidad y que se agrava por el hecho de que, según el patrón mayor, “llevamos un año con seis vigilantes de baja. Sus puestos están cubiertos, pero eso tiene un gran coste para la cofradía”.

De modo que, salvo que alguien aporte una solución, la situación de la quiebra técnica se traducirá en duras medidas “en cuestión de días, porque en las cuentas ya no hay fondos y no podremos seguir haciendo frente a los pagos a los trabajadores”, explica el dirigente del pósito.

Por otra parte, el secretario de la agrupación de mariscadores de a flote de Cabo de Cruz, Javier Noal, recuerda que “el 99% de los mariscadores de a flote de Boiro se dedican en exclusiva a esa actividad, porque no tienen ni la formación ni los aparejos necesarios para poder dedicarse a otras artes”.

Pero el ERTE no es una amenaza, sino una realidad, en la cofradía de Noia, que ya lo aplicó en noviembre a 69 de sus 95 trabajadores (la mayoría de ellos, personal de las lonjas). Finalizará en abril, fecha para la que estaba previsto el cierre de una campaña que en realidad acabó a los pocos días de iniciarse. En cuanto a la situación económica del pósito noiés, su secretario, Adelo Freire, explica que “es preocupante, por el tiempo que llevamos sin trabajar y por lo que se avecina, pero teníamos unos ahorros y estamos pendientes de lograr alguna subvención”.

En A Pobra, la situación es “preocupante” debido a una actividad “mínima” en la lonja, según el patrón mayor, Enrique Maceiras, quien explica que “el ERTE es una opción que estamos estudiando y que probablemente aplicaremos, porque no podremos resistir mucho más”. Y es que la actividad a pie (a la que se dedican 70 personas) está cerrada, y a flote solo están faenando una docena de embarcaciones en recursos específicos (navaja).

Otras cofradías, como la de Camariñas, con 10 trabajadores y sin actividad marisquera, no se plantean de momento esa opción y abogan por “seguir resistiendo”, según el patrón mayor, Marcos Pasantes.

Allí donde las lonjas tienen alguna actividad marisquera y, sobre todo, pesquera, la situación económica de los pósitos es menos preocupante y la aleja, por tanto, del temido ERTE.

Con todo, hay cierta incertidumbre. En Rianxo, el pósito tuvo que prescindir de un operario de lonja y de un vigilante y, aunque allí el marisqueo a pie está cerrado hasta junio y el de a flote hasta mayo, los ingresos del bou de vara y el xeito permiten de momento costear las nóminas de los 11 trabajadores. “Asumimos que tendremos pérdidas, pero intentamos subsistir. En verano analizaremos si es necesario un ERTE o no; de momento no nos lo planteamos", señala el patrón mayor rianxeiro, Miguel Ángel Iglesias.

UN POLÉMICO ACUERDO. En Cabo de Cruz existe además un viejo conflicto entre los mariscadores de a pie y de a flote que amenaza con resurgir el próximo día 4 de marzo, fecha en la que, según el patrón mayor, está previsto que una pequeña parte de las embarcaciones empiecen a faenar en la zona en la que en 2006 se delimitaron las concesiones de ambos sectores. “Irán apenas una veintena, porque hay mucho miedo a las multas de Gardacostas en una situación de acoso por parte de la Consellería do Mar”, explica. El año pasado Gardacostas apresó varias lanchas acusadas de faenar en la zona delimitada para el marisqueo a pie. El balizamiento lo hicieron en 2006 técnicos de la Xunta en presencia de representantes de las dos agrupaciones. La de a flote asegura que siempre lo respetó. Pero lo cierto es que el año pasado los dueños de varias embarcaciones recibieron denuncias (de hasta 6.000 €) por la supuesta invasión de la zona para faenar a pie.