El nuevo plan de bienestar animal restará casi 200.000 cerdos a las granjas gallegas

Además de lidiar con una importante subida de los costes de producción o unos margenes de rentabilidad ajustados, el sector ganadero, especialmente el porcino, pero también el avícola o el vacuno en el caso de la cria de terneros, se enfrenta ahora a otro miura en forma de marco legislativo. El nuevo real decreto que compila varias modificaciones de normas, ya en vigor, y crea nuevas herramientas con el fin de mejorar el bienestar animal y facilitar los controles oficiales, pero que también implica esfuerzos para las explotaciones.

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Un documento que entre sus puntos más llamativos contempla nuevas condiciones respecto de la alimentación, agua o comederos. Además, establece distintos valores en lo relativo a la densidad máxima de animales en las granjas, lo que en el caso gallego implicará una reducción de casi 200.000 cerdos, sobre un censo de aproximadamente 1,3 millones. Es decir, “un 15 % menos”, calcula el presidente de la Federación Gallega de Porcino (Fegapor), Pablo Meijomín. La comunidad, indica, cuenta con 1.260 explotaciones porcinas profesionales, de las que un millar son cebaderos – con centros de entre 20 y 120 kilos–, que estarían afectadas por el decreto.

La modificación del espacio mínimo del que debe disponer el lechón –0,2 metros cuadrados hasta 10 kilos, que va creciendo en función del tamaño del animal– conlleva “una reducción entre un 8 a un 12 % de las plazas disponibles manteniendo las mismas estructuras”, cuantifica, por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), Miguel Ángel Higuera. “Si no puedes afrontar unos costes de inversión de nuevas explotaciones, lo que tienes es una reducción de producción. Esos animales de menos ya están generando unas pérdidas. Las pérdidas directas que tenemos calculadas por la reducción de esa superficie están entre 2 y 2,5 euros por animal”, asegura.

La única solución, prosigue, pasaría por incremantar instalaciones “para mantener la capacidad y seguir con nuestro nivel de producción o construir otra granja”. Un movimiento, admite, que no sólo implica gastos, sino también burocracia y tiempo, pues hay que solicitar permisos. “Ampliar la granja es muy complicado. No es algo sencillo con la normativa actual”, coincide Pablo Meijomín. “Hay que obtener permisos, ver las distancias, en que grupo está...”.

En Galicia, explica, hay dos tipos de explotaciones: las de producción de lechón, que no estarían afectadas, y los cebaderos, que son donde impactaría de lleno la nueva normativa, que agravaría la falta de animales ya existente, pues en la comunidad no hay suficientes lechones. “Para llenar las plazas de los cebaderos se traen de Holanda o de Alemania. Por eso está tan caro. Se redujo la cabaña en toda Europa. Casi no hay cerdos”, relata. El principal gasto de los cebaderos, detalla Meijomín, está en la amortización de las naves. Una instalación media de mil plazas puede costar entre 400.000 y 500.000 euros. “Si se te reducen los ingresos en un 15 % se compromete mucho la viabilidad de las explotaciones”, se queja.

Falta de un marco estable.

Tanto el presidente de Fagapor como el director ejecutivo de Anprogapor coinciden en lo “contraporducente” que resulta el continuo baile normativo. “Tenemos demasiado solapamiento de normas que no da margen al ganadero para amortizar inversiones”, subraya Miguel Ángel Higuera. “Las normativas de bienestar animal cambian cada cinco años. En 2027 nos van a meter la normativa completa que va a ser un auténtico desastre. En el caso de las reproductoras va a abocar al cierre a un gran porcentaje de las granjas de España. Va a ser muy difícil de cumplir”, complementa Pablo Meijomín. “Al final es una incertidumbre constante y no solo en bienestar animal. Todos los años sale algo y hay que adaptarse”.

En este punto también incide el responsable del área de Producciones Extensivas y Ecológicas de Unións Agrarias (UUAA), José Ramón González. “No nos oponemos a avanzar en el tema de la función medioambiental que ya realizamos, pero va a suponer costes adicionales cuando no está el horno para bollos. No podemos asumir costes excepcionales o los que ya tenemos”, recalca. En el caso del vacuno, subraya que en Galicia “ya todos vendemos carne con certificado de bienestar animal, porque nos lo piden los que nos compran los becerros. Lo que es muy difícil hoy es que nos cambian las reglas cada tres días”. Y pone ejemplos: “Primero optaban por bebederos de 20 o 25 centímetros por cada animal, ahora nos dicen que los pongamos de cazoleta, que ya los había y los quitamos porque se atascaban y derramaban el agua. Si estás sentado en una oficina tomando decisiones eso no lo sabes. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié”.

Finalmente, los tres insisten en la necesidad de más ayudas. “Es una lucha que tenemos con la administración”, constata el presidente de Fegapor, desde dende reclaman “desde hace años” que se aprueben líneas específicas para nuevas legislaciones. Lo único que sale para el sector porcino, se queja, son las ayudas de mejora de explotación, que son para todas las especies y tienen “la misma estructura desde hace 20 años”. Están ligadas a las nuevas incorporaciones. “Si la inversión va ligada a eso optas a una ayuda para mejorar o ampliar la explotación, sino no”.