Tan solo A Bola, Verea y Negueira de Muñiz continúan sin acceso a servicios financieros

La exclusión financiera sigue siendo un problema serio para miles de españoles, a pesar de que en los últimos meses se experimentaron importantes avances. Los municipios del Estado con más de 500 habitantes que carecen de acceso presencial a los servicios que ofrecen los bancos se redujeron un 32% durante 2022, pasando de 243 a 164, según el informe anual de las patronales AEB, CECA y Unacc presentado recientemente. Un avance que benefició a cerca de 70.000 personas, aunque la población que padece esta situación continúa siendo elevada: 141.992 habitantes.

En el caso de Galicia también se están dando pasos decididos para que cualquier vecino de la comunidad tenga en su localidad algún tipo de asistencia financiera, aunque sea en forma de un cajero donde poder realizar ingresos o disponer de efectivo sin necesidad de desplazarse varios kilómetros hasta la ciudad más cercana con oficina bancaria, algo que no siempre es fácil en zonas rurales afectadas por el envejecimiento y la despoblación.

Así, tal y como informa la Consellería de Facenda, el 99% de los municipios tendrán acceso a servicios financieros, frente al 60 % de la media española, en virtud de un protocolo de colaboración firmado entre el Gobierno autonómico y la Fegamp al que se acaban de adherir cinco nuevos ayuntamientos. Sin embargo, todavía hay tres que, “por voluntad propia”, explica el departamento autonómico que gestiona Miguel Corgos, se resisten a ofrecer acceso a estos servicios. Se trata de A Bola, Verea y Negueira de Muñiz, que representan unos 2.300 habitantes. Con todo es una importante rebaja con respecto a julio del año pasado, cuando la exclusión financiera severa afectaba aún a 6.000 gallegos.

Galicia se convierte de este modo en la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de concellos en su territorio donde los vecinos tienen garantizada la accesibilidad a servicios bancarios de calidad después del nuevo plazo de adhesión abierto en febrero al protocolo de colaboración sellado entre Xunta y Fegamp. En esta última fase, los municipios de Punxín, Toén, Beade, Castrelo do Val y Ribas de Sil obtuvieron subvenciones para fomentar la prestación de servicios financieros básicos.

Esta iniciativa, a la que ya se habían adherido 36 ayuntamientos y de la que se beneficiaron más de 51.000 gallegos en la primera fase, permitió que los vecinos tuvieran cajeros automáticos en sus municipios; dispusieran de un servicio de asistencia financiera para solucionar cualquier duda y poder contratar productos igual que en una oficina bancaria convencional; así como la oportunidad de recibir formación financiera y banca electrónica para que puedan utilizar también los servicios bancarios a través de las nuevas tecnologías.

Siguen cerrando oficinas, aunque menos.

Con estas cartas, es obvio que cada vez son más quienes vivan donde vivan tienen a mano algún punto de atención para realizar operaciones simples. Sin embargo, el sector continúa en paralelo con el cierre de sucursales, según los datos disponibles a cierre del año pasado, cuando las grandes entidades echaron la persiana a 1.300 oficinas y aligeraron su plantilla en 5.800 empleados

Según los datos recogidos en los informes financieros publicados por los propios bancos, su red de oficinas en España se sitúa en 10.500 y cuentan con 120.600 trabajadores, 5.800 menos que en 2021, cuando sus equipos alcanzaban sus 126.500 personas. Aún así, en los últimos meses parece que el ritmo de clausuras parece que se está ralentizando.

Durante la pandemia, y con el objetivo de ganar en eficiencia, el sector acometió una reestructuración que recortó su notablemente su red de puntos de atención y sus plantillas, apostando, en cambio, por incrementar sus servicios digitales. También las fusiones que se llevaron a cabo en 2021 entre CaixaBank y Bankia y Unicaja y Liberbank fueron encaminadas, en parte, a conseguir sinergias que les permitiesen operar en un entorno cada vez más competitivo.

También el entorno rural se vio afectado los cierres. Para paliarlo, la banca llegó a un acuerdo con Correos para facilitar el acceso en la España ‘vacía’ a los servicios financieros y se comprometió a asegurar en un plazo de seis meses al menos un punto de acceso presencial en todos los municipios de más de 500 habitantes y, en caso de no conseguirlo en ese plazo, en instalar cajeros genéricos en un plazo adicional de seis meses.

LA CIFRA

99% de los concellos gallegos tendrán accedo a servicios financieros, frente al 60 % que se registra de media en España, lo que convierte a la comunidad en la segunda con mayor porcentaje de ayuntamientos en el que sus vecinos tienen garantizada la accesibilidad