Los recortes anticrisis del Gobierno obligan a las eléctricas a devolver ya más de 800 millones

El Gobierno puso en marcha hace casi dos años, en lo peor de la crisis energética, un sistema para controlar posibles beneficios extraordinarios de las eléctricas y evitar que algunas compañías se aprovecharán de la escalada histórica de precios energéticos para disparar de forma abusiva sus ingresos. España se adelantó al resto de la Unión Europea para tomar este tipo de medidas fijando un precio tope para los contratos de venta de electricidad y lo hizo de manera más restrictiva, con límites de precios mucho más bajos a los que finalmente avaló Bruselas para el conjunto de estados miembros.

El objetivo de la medida, que entró en vigor en España en octubre de 2021, era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados que marcaba entonces el mercado mayorista, que se estaban disparando por el precio del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂, que son costes que estas tecnologías en realidad no soportan.

Para evitarlo, el Gobierno obliga desde entonces a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extra obtenidos por los contratos de venta firmados por encima de un precio tope fijado en 67 euros por megavatio hora (MWh) para evitar los denominados beneficios caídos del cielo ('windfall profits', según la jerga sectorial). Las compañías eléctricas se han visto forzadas a devolver ya al sistema ingresos excesivos por un total de 812,7 millones de euros, según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector, desveló que las minoraciones forzosas de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros entre octubre y diciembre de 2021 y que fueron de 370,4 millones en el conjunto de 2022. El organismo no ha revelado la cuantía de las devoluciones a lo largo de este ejercicio, porque sólo la hace pública cuando se cierra las liquidaciones de todo el año.

Las medidas para bajar luz, gas, carburantes y alimentos, en el aire tras inyectar 21.000 M por la crisis

Este año las compañías han seguido devolviendo ingresos extra al sistema eléctrico hasta alcanzar los 310,5 millones sólo entre enero y julio, según confirman varias fuentes del sector eléctrico conocedoras directas de las liquidaciones formalizadas hasta ahora. Las cifras de este año y el pasado están por encima de las estimaciones que manejaba el Ministerio para la Transición Ecológica, que anticipaba que en cada uno de los años las minoraciones estarían en el entorno de los 330 millones.

¿Prórroga del tope de precios?

El Ejecutivo activó de precio tope a en octubre de 2021, lo ha revisado y ampliado en varias ocasiones y fue prorrogando su vigencia, que ahora está fijada hasta finales de 2023, como otras medidas excepcionales para contener los precios de la luz, el gas, los combustibles o los alimentos. El Gobierno español, ahora en funciones, no desvela sus planes sobre una eventual prórroga de estas medidas antiinflación, aunque se muestra proclive a mantener algunas de ellas en función de cómo evolucionen los mercados hasta final de año.

Los Veintisiete acordaron la pasada semana una posición común para la reforma del mercado eléctrico, que ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y también con la Comisión Europea para su aprobación definitiva. En el texto consensuado por los estados miembros -con la única abstención de Hungría- se incluye explícitamente la posibilidad de que los países puedan mantener al menos hasta final de junio de 2024. España aplica un tope de 67 euros por MWh para los contratos eléctricos, pero como marco general en la UE se contempla un precio máximo de 180 euros.

“El límite de ingresos inframarginales (...) ha proporcionado en algunos casos una fuente importante de ingresos que los Estados miembros han utilizado para suavizar el impacto de los elevados precios de la electricidad en las facturas de los consumidores. Este Reglamento [el texto aprobado la semana pasada por los Veintisiete] proporciona herramientas que también brindarán alivio a los consumidores en épocas de altos precios de la electricidad. Mientras los estados miembros implementan esas herramientas, también se les debe permitir aplicar un límite de ingresos inframarginales hasta el 30 de junio de 2024”, recoge el texto, abriendo la vía a que se mantenga el control de precios eléctricos al menos otros seis meses más.