Tras el lácteo, la carne: UUAA denuncia incumplimientos de la industria que cuestan 16 millones a los productores gallegos

Presenta una queja contra Asogacarne al entender que no se está respetando la Ley de cadena por no cubrirse los costes de producción // El reciente pronunciamiento de la Audiencia Nacional refuerza su confianza en que la Justicia actúe

Félix Porto (i) y José Ramón González, este jueves en la sede de UUAA en Santiago

Félix Porto (i) y José Ramón González, este jueves en la sede de UUAA en Santiago / Roi Rodríguez

El sindicato Unións Agrarias (UUAA) entiende que en el sector de la carne también se está incumpliendo de forma "continuada y reiterada" la Ley de cadena alimentaria, porque "no se cubren los costes de producción de los ganaderos", calculando que este comportamiento provoca un impacto de hasta 16 millones de euros en las explotaciones gallegas. De este modo, la organización presentó el pasado día 26 de febrero una denuncia ante la Agencia de información y control alimentario (AICA) y ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) contra la Asociación de Industrias Cárnicas de Galicia (Asogacarne).

Así lo anunciaron este jueves en rueda de prensa celebrada en Santiago el responsable de agricultura ecológica y producciones extensivas de UUAA, José Ramón González, acompañado de Félix Porto, coordinador de área externa de la ejecutiva, pocos días después de que la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional confirmase la existencia de un cártel lácteo entre una decena de empresas y asociaciones del sector en España, como ya resolvió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2019. 

El sector en Galicia, detalló González, aglutina a 20.000 explotaciones de aptitud cárnica, 8.000 de ellas "profesionales", que ocupan entre 7.000 y 8.000 puestos de trabajo, más otras 12.000 que se enfocan como una actividad complementaria

La organización agraria apuntó que presenta la denuncia sobre la base de los datos recogidos por la Fundación Juana de Vega, que en un estudio del año 2022 encargado por la Consellería do Medio Rural indica que el coste de producción está en torno a 6,20 euros por kilo canal de ternera, mientras que los precios percibidos fueron entre 5,10 y 5,20 euros, un diferencial negativo de aproximadamente un euro. A partir de 2023, prosiguió González, la Xunta encarga otro estudio a Juana de Vega en donde, teniendo ya en cuenta el impacto de la guerra de Ucrania y la subida de costes que provocó, se dice que producir un kilo canal de carne cuesta entre 7,50 y 7,60 euros, mano de obra incluida, mientras que el precio medio se situaba en torno a 6,20. Nuevamente un diferencial de un euro.

González y Porto estimaron así que el impacto económico en Galicia de estos incumplimientos por parte de las industrias cárnicas pueden alcanzar los 16 millones de euros. "Dentro de la IXP Ternera Gallega Suprema son 60.000 becerros, por 200 kilos por un euro (unos 12 millones de euros), más un 30% más de producción que está fuera de la IXP, lo que totalizaría 16 millones", sostuvieron.

"Es una situación que se alarga en el tiempo y que pone en riesgo una parte muy importante del sector primario gallego en las zonas más vulnerables desde el punto de vista demográfico", aseveró González, apuntando a este escenario como el principal motivo de la denuncia.

"Tenemos la sensación de que estamos en una situación estancada. Desde marzo de 2022 no hubo ninguna subida de precios y eso nos lleva a que no se cumple la ley", añadió por su parte Félix Porto, informando de la presentación de tres escritos: uno ante la CNMC, otro ante la AICA a nivel español para que "active las inspecciones", y otro a nivel de la AICA gallega, que tiene las competencias de inspección a nivel autonómico para que inspeccione a Asogacarne "porque entendemos que se están produciendo acuerdos, porque no es normal que todos los contratos sean igual para todos los productores, lo que evidencia que no hay negociación".

"Lo que estamos exigiendo son precios justos y que se cumpla la ley de cadena. Es fundamental que se ponga en marcha por parte de la administración autonómica la figura del mediador", zanjó Porto, que indicó que después de que la Audiencia Nacional confirmase el cártel lácteo con multas millonarias para los principales fabricantes, "hay un grado de confianza mayor" en que la Justicia opere ante este tipo de comportamientos también en el sector de la carne