El campo gallego ve “insuficiente” el plan de 43 medidas del Gobierno para zanjar la crisis

La Unión Europea y el Gobierno de España están dando pasos adelante para tratar de poner fin a la crisis del sector primario y apaciguar las reivindicaciones de agricultores y ganaderos con medidas que las organizaciones profesionales gallegas valoran, avisando al mismo tiempo de que “no son suficientes”, tal y como reconocieron a preguntas de este periódico los responsables de Asaga, Francisco Bello, y Unións Agrarias (UUAA), Félix Porto.

Dos meses después de que empezaran las protestas en España, y una vez que las agitadas aguas parece que se empiezan a calmar, el Ministerio de Agricultura presentó este lunes un nuevo paquete de medidas para tratar de dar respuestas. Se trata, explicó el titular de este departamento, Luis Planas, de un “conjunto sólido” formado por 43 propuestas, negociadas en el transcurso de la quincena de reuniones que en este tiempo mantuvieron técnicos del ministerio y de las principales organizaciones agrarias.

Entre las novedades planteadas por el Gobierno –y que ahora los representantes del sector tendrán que dar por buenas–, destaca la creación de una línea de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 700 millones de euros, de los que 500 millones serán para inversiones del sector agropecuario y 200 millones se reservarán exclusivamente a jóvenes profesionales. También la propuesta para la constitución de un grupo de trabajo permanente que haría el seguimiento de las exportaciones e importaciones agrarias, con el objetivo, en este caso, de llevar un control estricto sobre los productos llegados de países de fuera de la Unión Europea.

Las 43 propuestas se dividen en siete ámbitos, detalló Planas. Algunos de ellos son ya conocidos, como el de la flexibilización y ajuste de la política agraria común, la polémica PAC, que el martes pasado fue objeto de revisión por parte de los ministros de Agricultura de la UE, reunidos en Bruselas. “Solo falta que el Parlamento Europeo dé luz verde a esa propuesta para que entonces podamos aplicar en España los ajustes necesarios en el plan estratégico nacional o en los ecorregímenes”, señaló el ministro. También se había hablado ya de las ayudas específicas a la ganadería extensiva, que sufre una crisis particular dentro de la crisis generalizada del sector, y de la creación de una agencia estatal sobre la cadena alimentaria, “que podría acelerarse con su inclusión como enmienda en alguna ley que en ministerio tenga ya en trámite”, ha apuntado Planas.

Ayudas fiscales y de financiación

Dentro de este plan de choque, destacan, sin embargo, dos propuestas potentes, relacionadas con las actividades comerciales y con las ayudas fiscales, de financiación y laborales. En el primer bloque, la ya mencionada sobre la creación de un equipo de trabajo que de manera permanente lleve un control de las exportaciones e importaciones de alimentos, uno de los temas que más preocupados tiene a agricultores y ganaderos españoles, que consideran que los productos que llegan de países extracomunitarios son una competencia desleal, porque muchas veces no se cumplen los requisitos ambientales y de mano de obra que se exigen en Europa.

El otro ámbito, el de las ayudas fiscales y la financiación, es el que contempla los créditos ICO, con una línea de préstamo con una dotación extraordinaria de 20 millones de euros y siete para avales, con subvención del 15% del principal y de la totalidad del aval, que implica la movilización de 200 millones de euros en exclusiva para jóvenes. Además, el ministerio aportará 50 millones para garantizar operaciones de crédito entre 100.000 euros y dos millones por un importe total de 500 millones de euros.

Este apartado incluye, además el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola, la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y el descuento de un 15% de la de fertilizantes. Asimismo, se prevé una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal de 2023 en el método de estimación objetiva de IRFP; y la adaptación del cómputo de los ingresos para aplicar el límite máximo de tributación.

Valoraciones

Pendientes de un análisis más pormenorizado, Francisco Bello y Félix Porto anticiparon en que si bien las medidas anunciadas los últimos días desde Bruselas y desde Madrid contienen “aspectos positivos”, no son suficientes para colmar las peticiones del campo gallego. Eso sí, ambos apostaron por apurar las negociaciones en las mesas que se abren en abril para la ganadería antes de hablar de protestas. Los dos insistieron en que su principal demanda es una PAC “adaptada a las especificidades de la Cornisa Cantábrica y concretamente a Galicia”.

“Hay una parte que nos preocupa, que son los dos decretos de ordenación y de fertilización que están en marcha y que nos generan muchísima burocracia”, indicó Félix Porto (UUAA), subrayando, entre otras cuestiones, que no demandan un aplazamiento de la figura del veterinario de explotación, sino su “eliminación”. También mostró su inquietud por otros aspectos como la estabulación trabada, “que es una barbaridad, sobre todo en Galicia, de la forma que está diseñada”, o la obligatoriedad de que se pongan en marcha los patios o los intyectores para esparcir el purín. “En resumen, Se dan pasos en la buena dirección, pero aún falta”, zanjó.

Por su parte, Bello /(Asaga) saludó como positivas medidas como los créditos ICO para que aquellas explotaciónes que necesiten financiación la consigan a precios más económicos, aunque, dijo, no dejan de ser “paños calientes”. “Lo mejor para el agricultor y el ganadero es que se les pague lo justo y garantizar su continuidad con menos trabas y una burocracia imposible de cumplir”.