Caso 'Gürtel'
El juicio a Camps se retoma con la testifical de trabajadores y el denunciante de la Gürtel
Laura Ballester
El juicio de la trama valenciana de la Gürtel en la Audiencia Nacional se retoma hoy con la declaración como testigos de trabajadores de Orange Market y otras empresas del grupo del empresario Francisco Correa. Esta semana también está previsto que declare José Luis Peña, el exconcejal de Majadahonda que con su denuncia y 18 horas de grabaciones aportadas el 6 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción permitió iniciar la investigación de esta macrocausa de corrupción que estalló el 6 de febrero de 2009, con ramificaciones en Madrid y la Comunitat Valenciana.
El juicio se retoma este martes y está previsto que se prolongue hasta el 23 de mayo, con unas tres sesiones semanales. Las testificales arrancan con las personas citadas por la Fiscalía Anticorrupción, aunque también deben contestar a las defensas de los 26 acusados´, con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps a la cabeza, y al resto de acusaciones. La vista de hoy arrancará con la declaración como testigo de Ignacio Blanch, el periodista valenciano, exgerente de Orange Market que ya declaró en 2015, en el juicio de la Gürtel por los contratos con Fitur cuyas testificales también abrió. Hace casi ocho años declaró que se fue de Orange Market porque vio "cosas raras y me automarginé". Entonces declaró que llegó a la sucursal valenciana de la Gürtel en 2003 de la mano del también periodista Pedro García, exjefe de prensa de Eduardo Zaplana y exdirectivo de RTVV, también condenado por la pieza de la Gürtel de la visita del papa. En la instrucción se achacó a Camps la contratación de Blanch debido a su amistad desde la infancia.
Este miércoles declarará el exconcejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, que tras denunciar la trama Gürtel fue condenado a cinco años y un mes de cárcel por la pieza de la Época I de este caso en Madrid. Peñas está pendiente de la resolución de su petición de indulto parcial para conmutar los cinco años de inhabilitación absoluta a los que también fue condenado por una inhabilitación para empleo público de libre designación, lo que le permitiría poder mantener su trabajo de ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid.
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