Tribunales
El juez interviene los correos de una decena de cargos públicos que adjudicaron contratos a la 'trama Koldo'
Ismael Moreno reclama una copia del contenido de todos los buzones y carpetas de los empleados públicos entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020
Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez
El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha intervenido los correos electrónicos de una decena de cargos públicos de los Ministerios de Transportes e Interior que participaron en los contratos de mascarillas por un valor de 53 millones de euros a los integrantes de la trama de las mascarillas, según especifica un auto de 19 de febrero, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica.
En la resolución el instructor requiere a Puertos del Estado que facilite a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una copia del contenido de todos los buzones y carpetas entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 de los correos electrónicos corporativos del expresidente del organismo, Francisco Toledo; el secretario general, Álvaro Sánchez; la jefa de área de Contratación y Gerencia de Riesgos, Aránzazu de Miguel; y la jefa del Departamento Jurídico, Belén Caballero.
A la entidad Adif, también dependiente del Ministerio de Transportes, también le reclama los emails de la expresidenta Isabel Pardo de Vera; del director de Recursos Humanos, Martín José Navarro; del subdirector de Prevención de Riesgos Laborales Jesús Ángel Díaz; y del director general de Gestión de Personal; Michaux Miranda. También requiere el contenido de los emails del correo corporativo de Koldo García Izaguirre, el presunto conseguidor de la trama corrupta.
En el caso del Ministerio del Interior, el instructor solicita que se acceda a los correos del subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Daniel Belmar.
Asimismo, Moreno reclama a las diferentes instituciones que faciliten copia de toda la documentación que obre en su poder sobre los contratos bajo sospecha.
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