Galicia mejora dos puestos en el “ranking” de privatización de la sanidad pública, aunque la situación empeora

La comunidad crece en prácticamente todas las variables del estudio, pero desciende en la clasificación debido al auge externalizador de otras comunidades autónomas

Sanitarios preparando una intervención médica

Sanitarios preparando una intervención médica / ECG

Galicia bajó dos puestos en el ránking que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), presentado en el día de ayer, acerca de la privatización sanitaria en las autonomías españolas en 2023. La comunidad gallega se sitúa en séptima posición, con una calificación de 20 puntos –en la media estatal– de los 33 posibles. No obstante, con respecto al informe del pasado año el sistema público gallego crece en prácticamente todas las variables, descendiendo en la clasificación debido al aceleramiento externalizador todavía mayor experimentado por otras comunidades.

Manuel Martín, presidente de FADSP y portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública apunta que el estudio viene a constatar “un evidente avance acelerado e continuado en toda España do proceso de privatización sanitaria”. Un proceso que se evidencia sobre todo en tres ejes, por un lado en el incremento del gasto de las familias directamente de su bolsillo en consultas externas, por otro lado en el aumento de la afiliación a seguros privados de salud, y por último en la subida de la concertación entre los sistemas públicos sanitarios y los centros privados.

Manuel Martín: Ocupamos o 7º lugar na clasificación pero isto non quere dicir que a situación mellorase, senón que empeoramos a un ritmo menor”

“As tres causas benefician fundamentalmente aos sistemas privados, e trátase dunha situación ante hai que ter coidado, porque en España, temos xa un gasto na sanidade privada superior á media europea e da OCDE. Estamos nun 26,7% frente a un 23% nun contexto no que se está a externalizar todavía máis o sistema”, alerta el presidente de la organización que llevó a cabo el estudio.

La crisis del coronavirus puso sobre la mesa el debate, tanto a nivel social como a nivel político, acerca de la necesidad de reforzar nuestros servicios públicos. No obstante, los datos señalan que esta fortificación no se ha producido y que la tendencia es más bien la contraria. De hecho, mientras en el informe del año 2022, efectuado con datos de 2021 cuando la pandemia todavía acuciaba, el porcentaje de camas de la sanidad privada sobre el total en España rondaba el 5%. En tan sólo un año el incremento de este porcentaje, coincidiendo con la mejora en la situación epidémica, superó el 200% hasta alcanzar el 26% de media estatal que se desprende del informe presentado ayer.

En palabras de Manuel Martín, esto hace palpable que “cando existe un problema grave, tamén cando un se pon malo de verdade, a solución está sempre no sistema público”. Además, según explica, la pujanza en la contratación de seguros privados hizo que llegaran allí ya problemas que socialmente se asocian únicamente con los sistemas públicos: “Xa hai listas de espera nos seguros privados recoñecidas mesmo pola patronal entre 4 e 5 días por urxencias. De 3 ou 4 meses, na consulta de especialidades importantes como pode ser o endocrino, cardioloxía, etc.” apunta Martín.

La situación de Galicia

La comunidad gallega no es independiente de esta tendencia a nivel estatal, aunque debido a la mejora en el ránking con respecto al informe realizado el pasado año por la FADSP, pueda parecer lo contrario.

“Ocupamos o sétimo lugar na clasificación, cunha mellora de dous postos, pero isto non quere dicir que a situación en Galicia mellorase, senón que empeoramos a un ritmo menos acelerado, con respecto a outras autonomías”, apunta Martín.

Especialmente llamativo en lo referente a los datos de la comunidad gallega es el incremento producido con respecto al pasado año superior al 10% del gasto sanitario de bolsillo per cápita, que alcanzó los 503 euros anuales. Gastos en los que se incluyen únicamente aquellas consultas o pruebas realizadas con profesionales de la sanidad privada fuera de los cauces de los seguros médicos. De hecho, si a este desembolso se le añade el correspondiente al pago de las mutuas, cada gallego se gasta anualmente más de 630 euros. Lo que implica un ascenso del gasto per cápita cercano al 10% con respecto al informe del pasado año y que supera el 17% con relación al dossier publicado en el años 2019.

Es por todo ello que Martín llama a actuar ya para frenar el declive del sistema público. “Tiñamos un dos mellores sistemas sanitarios do mundo, tal e como recoñecía a OM e revistas científicas como The Lancet, estamos a perdelo porque hai unha vontade clara de ir desmantelando o sistema público para que se beneficie o sistema privado. Por enriba de calquera ideoloxía perder o noso sistema sería un desastre”, sentencia el vocero de SOS Sanidade Pública.

Falta de transparencia

La FADSP obtiene los datos para la realización de sus informes de fuentes como el Ministerio de Sanidad, el INE, o el IDIS, entre otros. No obstante, desde la organización que agrupa a las asociaciones que defienden la sanidad pública señalan que la principal limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las comunidades autónomas.

Manuel Martín señala al respecto que “temos un sistema sanitario público que financiamos cos nosos impostos, pero que non ofrece información ni en tempo ni de calidad para que a poboación coñeza realmente cal é a situación dunha servizo tan importante como a sanidade pública”. Una situación que afecta tanto al Sistema Nacional de Salud como a los distintos departamentos autonómicos y que dificulta realizar “unha análise seria e exhaustiva do que está a pasar”.

Demandan por lo tanto una cohesión y homegeización de la información y que el Consejo Interterritorial “que é o órgano de coordinación dos diferentes servicios de saúde, execute as súas responsabilidades correctamente, e deste xeito sirva tamén para ter unha sanidade pública máis equitativa”, condena Martín.