El número de funcionarios roza el récord en Galicia: son 155.442 entre todas las administraciones

En los últimos meses, miles de gallegos y gallegas se examinaron para conseguir una plaza en la administración pública. Atraídos por un trabajo que promete ser para toda la vida, los preparadores atestiguan que desde hace un par de años hay un bum de opositores. En este caso, la estadística ayuda a comprender la tendencia: Galicia alcanzó en 2022, último año del que se han publicado los registros, la cifra récord de la última década, con 155.442 empleados públicos sumando todas las administraciones.

Son los datos que recopila el Ministerio Hacienda y Función Pública, que corroboran un aumento progresivo de la oferta. En comparación con el 2021, cuando la cifra de empleados públicos superó los 150.000 —en concreto, 155.331—, el incremento porcentual no alcanza ni el 1%. No obstante, para visualizar la subida hay que rescatar los registros de los últimos años. No se trata de un incremento repentino, sino de una evolución que viene desde años atrás: cada trimestre se añaden unos pocos funcionarios más al número total. Cogiendo la cifra del 2017, hace un lustro, el incremeno porcentual sería de casi un 12%.

En los últimos meses, la Comunidad ha acogido varias pruebas de acceso a puestos en la administración. El fin de semana pasado se celebraban en las ciudades de A Coruña y Vigo las pruebas para optar a una de las 27.509 plazas de la Administración General del Estado. El pasado mes de julio tuvieron lugar los exámenes para cubrir 625 plazas de empleo público en la Xunta. Es precisamente la cifra de funcionarios de la administración autonómica la que más ha crecido en los últimos años. Representan la gran mayoría de empleados públicos en Galicia, con 99.107 personas.

En comparación con los 28.995 trabajadores de la administración local y los 27.343 de la estatal, los funcionarios autonómicos suponen un 64% del total. La cifra cayó levemente desde el año pasado, cuando los funcionarios de la Xunta contabilizados por el Ministerio de Hacienda superaron por primera vez la barrera de los 100.000 —concretamente fueron 100.117—, pero aumenta considerablemente atendiendo a los registros anteriores. En el 217 fueron 86.383, y hace una década, en 2012, 87.100.

No obstante, desde los sindicatos explican que esta cifra puede ser engañosa. Advierten que la subida en el total de empleados de la Xunta no se debe a que se esté generando más empleo, si no a una funcionarización del personal laboral. La diferencia entre estas categorías reside en la propia legislación que las regula. Ambos trabajan en la administración pública, pero mientras que el personal laboral se rige mediante la legislación laboral —el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Colectivos que le correspondan—, el funcionario trabaja a través de una relación estatutaria fijada mediante el Derecho Administrativo. Desde los sindicatos explican que este proceso pasó recientemente, por ejemplo, con el personal bombero forestal.

La cifra de trabajadores en la administración local también ha aumentado en los últimos años. En 2022 fueron 28.995, mientras que en 2017 se quedaron en 25.748, lo que supone casi 2.000 puestos más. No corren la misma suerte los empleados del Estado. Desde hace una década, el número se ha ido reduciendo progresivamente en Galicia. Si en 2012 se contabilizaron 29.750 personas, en 2022 fueron 27.343.

Los más de 155.000 funcionarios registrados en Galicia sitúan a la comunidad como la duodécima en cuanto a la tasa de empleo público en relación a la población, con 57,4 por cada mil habitantes. Al frente de esta estadística figuran Extremadura, con 86 funcionarios por cada mil habitantes; Aragón, con 73; Castilla y León, con 69; y Castilla-La Mancha, con 63. Por el contrario, las comunidades autónomas con menor peso del empleo público respecto a su volumen de población son Cataluña, con 42 funcionarios por cada mil habitantes; la Comunidad Valenciana, con 48, y Baleares, con 49. Es decir, Extremadura tiene el doble de funcionarios, en relación a su población que la comunidad autónoma que está a la cola, Cataluña, con 86 frente a cerca de 43.