El Gobierno recurre ante el Constitucional la invasión gallega de competencias en la costa

La gestión del litoral enfrenta a Gobierno central y Xunta ante el Tribunal Constitucional, aunque previsiblemente también será el destino para dirimir el choque a propósito de la Lei do Litoral aprobada este año por el Parlamento gallego a instancias del Ejecutivo autonómico. El Consejo de Ministros aprobó este lunes pedir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley de Acompañamiento del año pasado, con los que la administración gallega limitaba a 15 años el plazo en el que puede actuar frente a obras ilegales en el litoral, concretamente en la zona de servidumbre de protección de costas. Además, en su disposición transitoria fijó la aplicación retroactiva de este beneficio “a todas las obras, actuaciones y construcciones existentes en el momento de la entrada en vigor de la ley”, un precepto sobre el que ya pidió pronunciarse al TC un juez de Pontevedra el pasado junio.

El Ejecutivo central considera que esa decisión vulnera sus competencias. Entiende que el artículo 10 y apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Lei de medidas fiscais e administrativas (el cajón de sastre que se tramita y aprueba de la mano con los presupuestos y que modifica habitualmente varias leyes de manera exprés) constituyen una “merma de la protección que establece la legislación del Estado al limitar las facultades administrativas para restablecer la realidad alterada en los casos de comisión de infracciones dentro de la servidumbre de protección respecto al régimen de la Ley de Costas estatal”.

El texto que recurre el Gobierno incide en que “el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia para imponer la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y pérdidas causadas, en el caso de obras y actuaciones contrarias a lo dispuesto en la legislación en materia de costas realizadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá producirse dentro de un plazo de quince años, a contar desde la terminación de las obras o actuaciones contrarias a la legalidad”.

Por otro lado también recurre las normas contenidas en el artículo 11 y apartado 2 de la disposición transitoria primera de dicha ley, informa Efe, al considerar que no responden tampoco al requisito de ser “normas adicionales de protección”, considerándose dichos preceptos contrarios al orden constitucional de distribución competencial.

El Gobierno da este paso después de que la Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no haya alcanzado acuerdo alguno en relación con los preceptos controvertidos de la citada norma. Por ello, y una vez solicitado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se solicita la interposición de recurso de inconstitucionalidad.

Si Sánchez da el visto bueno, como es previsible, la norma gallega entrará en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. De hecho, si el presidente en funciones repite en el cargo y se reedita el Gobierno actual, el Alto Tribunal será previsiblemente el que dirima el conflicto por la Lei do Litoral, con el que Galicia se arroja el derecho a gestionar su costa.