El bum de las viviendas turísticas no tiene techo en Galicia: por qué han crecido un 56% en solo un año

Suman cerca de 26.800

Ocho de cada diez están situadas en las provincias atlánticas

Por primera vez, las plazas de esta opción habitacional duplican a las hoteleras

Evolución de las viviendas de uso turístico en Galicia

Evolución de las viviendas de uso turístico en Galicia / ECG

El auge de las viviendas de uso turístico (VUT) en Galicia parece no tener techo. Entre el mes de enero de 2023 y los registros de marzo de 2024 el número de establecimientos que responden a esta tipología se ha disparado más de un 56%, según los datos publicados por Turismo de Galicia. Un bum que contrasta con la odisea de los miles de gallegos que actualmente procuran un alquiler convencional en alguno de los municipios de la comunidad y se topan con una oferta menor que los destinados a períodos vacacionales, que cuentan con 26.751 viviendas repartidas a lo largo y ancho del territorio gallego.

“Nosotros somos un 2% dentro del parque inmobiliario”, afirma Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) sobre la posibilidad de que este aumento del uso turístico condicione el arrendamiento convencional. Asimismo, Aguín destaca que “un 20% del parque inmobiliario de Galicia se encuentra vacío”, en referencia a la falta de oferta habitacional en el mercado.

Dentro de la distribución por provincias, con datos de marzo de 2024, Pontevedra y A Coruña acumulan el 80% de la oferta de esta alternativa vacacional, con 12.015 y 9.362 VUT, respectivamente. Además, cada una de estas provincias cuela dos concellos en la clasificación de los cuatro con mayor presencia de viviendas de uso turístico en la comunidad. Sanxenxo se corona en el primer puesto, al tener 3.048 propiedades de este tipo, lo que supone una densidad de 67 por cada km2. La lista la completan Vigo (1.773), A Coruña (1.316) y Santiago (1.100). En el extremo contrario, más de una veintena de concellos no registran viviendas destinadas a la explotación turística, la mayoría de ellos situados en la provincia ourensana.

Poco más de una veintena de municipios gallegos no tienen presencia de estas alternativas vacacionales

Lugo y Ourense se sitúan como las provincias como menos VUT dentro de sus fronteras. En el caso de la primera hay 4.067 establecimientos de esta clase, frente a los 1.307 de la segunda. Es decir, el registro lucense triplica el ourensano, situándose este último muy por debajo de las demás provincias gallegas. Con todo, al consultar los datos registrados en enero de 2023, destaca la diferencia generada en 14 meses. En el primer mes del año pasado Pontevedra sumaba 8.235 VUT, A Coruña 5.811, Lugo 2.363 y Ourense 693.

Las VUT suponen 120.078 plazas, según los datos publicados en este mes. Implica que la totalidad de la población de la ciudad de Ourense (104.250 personas censadas en 2023, según el INE) podrían alojarse en esta opción habitacional y aún sobrarían. Esta realidad contrasta con la de los hoteles que suponen en la comunidad 58.072 plazas actualmente. Significa que las plazas de las VUT duplican, por primera vez, a las hoteleras, porque en enero de 2023 los hoteles tenían 57.540 y las VUT contaban con 90.765.

Auge y motivos

La presidenta de Aviturga achaca las cifras y la elección de muchos propietarios de poner su piso en régimen turístico a la “inseguridad jurídica” ante el arrendamiento anual. Aguín explica que la Ley de vivienda, en vigor desde mayo de 2023, “beneficia únicamente al inquilino y no protege al propietario”. 

Esta abogada cuenta que “el propietario tiene que asumir la vulnerabilidad de los inquilinos”, un aspecto que puede tardar “meses en demostrar”, viéndose abocado a “cubrir los gastos de la vivienda sin que le paguen”. Además, la responsable de Aviturga resalta que la opción vacacional cuenta “con mayor disponibilidad” para el arrendador y, aunque significa “una mayor inversión”, se torna “mucho más rentable”.

Por otra parte, la responsable de la asociación considera que el crecimiento de las cifras también puede deberse al “aumento de personas que registran sus viviendas”, puesto que Aviturga colabora con Turismo de Galicia y con la plataforma Legalíciate para controlar esta clase de establecimientos. A su vez, Aguín reconoce que hay vivienda ilegal, pero, justifica, “como en cualquier otro sector económico”.

Desde Aviturga achacan el auge de esta opción a la “inseguridad jurídica” del alquiler convencional

Las viviendas de uso turístico pueblan el resto de comunidades, pero desde Aviturga explican que “no son todas iguales”, dado que difieren en “fiscalidad y legislación”. Para Dulcinea Aguín, Galicia se caracteriza por la “estacionalidad del turismo”, dado que las cifras de ocupación son sensiblemente diferentes a lo largo del año. Sobre esta característica la presidenta de la asociación afirma que “son diferentes a los establecimientos hoteleros” porque las VUT ofrecen una opción para alojarse en “muchos municipios durante todo el año”, algo que en los hoteles depende de la época de apertura.

El porvenir del sector

Pendientes en estos momentos del primer período vacacional del año, la Semana Santa, que supone el pistoletazo de salida a la temporada alta en numerosas localidades, desde Aviturga apaciguan las previsiones de crecimiento del sector, pues es el “propio mercado el que regulariza la oferta y la demanda” y “no saben lo que puede venir”.

En cuanto a las normativas de regularización que surgen de los ayuntamientos y los límites de este tipo de viviendas por propietario, Dulcinea Aguín es rotunda al rechazar estas iniciativas, aludiendo a que “no se puede limitar el derecho a la propiedad privada” o a que “una persona tenga cinco u ocho viviendas”. La responsable de Aviturga argumenta que, en todo caso, se trata de “personas que con su propio esfuerzo han conseguido esas casas”.

En relación a la legislación autonómica actual, Aguín resalta que es “mejorable”, pero como “casi todas las normas”, ya que considera que hay que “actualizarlas y adaptarlas”. A su vez, diferencia la legislación de “los principios políticos” que motivan una regulación, como “es el caso de Santiago, sin datos objetivos”, aduce la responsable de Aviturga.

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