La Francia insurrecta

EL GOBIERNO FRANCÉS lo dejó claro desde el principio. La reforma de las pensiones liderada por Macron, que lleva asociada el retraso paulatino de la edad de jubilación a los 64 años de aquí al 2030, en vez de a los 62 como hasta ahora (al principio se habló de los 65), tiene como propósito garantizar “el equilibrio financiero”. Al tiempo, evita tener que subir los impuestos a las clases más pudientes, como algunos proponen, para compensar el déficit.

Esta iniciativa ha recibido críticas de casi todos los sectores sociales y laborales, pese a que la edad de corte del país galo es la más baja de Europa (aunque sus tiempos de cotización son más extensos). Las protestas, en un país acostumbrado a salir a las calles (recordemos los chalecos amarillos contra el plan de reforma fiscal) no se hicieron esperar, con ocho grandes movilizaciones (y los sindicatos a la cabeza) que afectaron a la recogida de basuras, los transportes, las refinerías, o los aeropuertos.

Esta reforma marcará el último mandato de un Macron que no se presentará a la reelección, y menos tras haber perdido en las legislativas de junio la mayoría absoluta que disfrutaba en el Parlamento. Él dice actuar por “responsabilidad política”, pero el 70% de la población está en contra. Trabajar más, para cotizar más y compensar así el impacto de un envejecimiento poblacional del que Francia no se libra. Éste ha sido el mensaje para concienciar a la población, lograr el éxito en el Senado, e intentarlo en la Asamblea Nacional.

Pero no fue posible. La primera ministra Élisabeth Borne ha vuelto a recurrir, como en otras diez ocasiones, a la fórmula del decretazo que posibilita el artículo 49.3 de la Constitución. Alemania e Italia se han visto en la misma tesitura, y han tenido que adaptar sus modelos de pensiones a una situación que se prevé que empeore de aquí al 2030, con lo que es probable que también en estos países la edad de jubilación se vaya ampliando (en España pronto estará en los 67 años).

La derecha moderada y Los Republicanos (LR) habían dado muestras de apoyo a la iniciativa, pero al final surgieron divisiones internas. En contra se mostró siempre una izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon, que apela al éxito que supuso para Mitterrand rebajar (por decreto) la edad de jubilación a los 60 en 1982. Tampoco la vio con buenos ojos la extrema derecha de Marine Le Pen, quien considera la reforma un retroceso social, puesto que, al igual que la mayoría de los franceses (y a diferencia de los europeos), opina que no es tanto la actividad laboral, cuanto el tiempo libre y la jubilación, lo que favorece la realización personal del individuo. Ahora llegarán nuevas mociones de censura (de la extrema derecha y la izquierda) que, quizá con el apoyo de algunos Republicanos, podrían hacer caer al Gobierno.