A vueltas con la Ley de Amnistía

EL PARTIDO SOCIALISTA actúa como si estuviese suplicando a Junts que apruebe la Ley de Amnistía de la que la propia formación nacionalista se va a beneficiar. Esto mina la moral del Gobierno y, de ahí, quizá, su empeño en redirigir la opinión pública hacia los supuestos contactos del Partido Popular con Junts y ERC para pedirles que permitiesen gobernar a quien había ganado las elecciones el 23 de julio. Feijóo y la cúpula del PP niegan contemplar la amnistía, e incluso los indultos; especialmente sabiendo que no existe por parte de los independentistas ni ‘dolor de los pecados’ ni ‘propósito de enmienda’. Otra cosa es el lógico y democrático contacto con las diversas formaciones del arco parlamentario que todo partido vencedor en unas elecciones pueda realizar. Es su prerrogativa y hasta su deber. Por eso resulta irónico que quienes lograron el acceso al poder con el apoyo de los soberanistas, incumpliendo la palabra dada a sus votantes, y contradiciendo sus propias declaraciones previas, pretendan desviar la atención hacia un PP que se reafirma en que no se reunió ni con Bildu ni con ERC.

En términos generales, la amnistía pactada por el PSOE ya estaba amortizada y asumida. Pero ver que sigue siendo Carles Puigdemont quien tiene la última palabra, daña todavía más la imagen de un socialismo venido abajo, y cuya obsesión por cumplir con las expectativas y exigencias de los independentistas tendrá su efecto más nocivo, claro y directo en la caída del PSdeG en las elecciones autonómicas que se celebran mañana en Galicia. La dependencia nacionalista del Gobierno socialista quedó probada este jueves, cuando el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tachó de “error manifiesto” el ‘no’ de Junts a la actual propuesta de amnistía, aseguró que cubre a todos los implicados en el ‘procés’, y hasta amenazó con tumbar los Presupuestos Generales si la Ley no sale adelante.

El próximo miércoles, día 21, es la primera fecha de referencia fijada por la Mesa para que se logre un acuerdo que consolide esta Ley que tanto incomoda dentro y fuera de España. La Comisión de Justicia tendría que verificar el acuerdo, y mostrar el texto consensuado para votar en un pleno. Eso sí, salvo que los grupos parlamentarios quieran prorrogar los plazos una vez más, con el visto bueno de la Comisión. Pero esta posibilidad tampoco sería la más deseable, dado que no haría sino prolongar otros quince días la angustia, y deteriorar todavía más, si cabe, la imagen del Ejecutivo y de la mayoría del Legislativo. A fin de cuentas, sabemos que se trata de pactar nociones y términos relativos, por ejemplo, a la no mención del terrorismo, de forma que la norma que se apruebe pase los filtros jurídicos a los que se tenga que someter, ya sea en las acciones prejudiciales que se puedan emprender a nivel europeo, o dentro del propio tribunal Constitucional.