Espías rusos en Cataluña

EL PARLAMENTO EUROPEO no está dispuesto a permitir que Rusia siga interfiriendo en los procesos democráticos que afecten a cualquiera de sus socios de la Unión; y más si son hechos que pudieran erosionar incluso a la OTAN. En una decidida resolución, que ha recibido el aval de 433 votos (con sólo 56 en contra y 18 abstenciones), la Eurocámara ha dado un paso decidido a la hora tanto de denunciar, como de investigar, unas intrusiones que, tras años de arduo trabajo periodístico y policial, ahora parecen probadas. Ya en 2021 nos hicimos eco aquí de la injerencia rusa en España (“Rusia en Cataluña”, ECG 25/10/2021).

Recientemente, una investigación conjunta de El Periódico, perteneciente al grupo Prensa Ibérica (del que forma parte El Correo Gallego), y El Confidencial, arroja más luz sobre las conexiones rusas con el ‘procés’, e informa del envío de Moscú a Barcelona entre marzo de 2014 y septiembre de 2019 de un grupo de hasta siete funcionarios de la unidad 29155 del GRU (el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia). Alguno de estos espías, con rango de general y encargado de las operaciones encubiertas del Kremlin en el exterior, llegó a viajar tres veces a la ciudad condal (también colaboradores de Puigdemont visitaron Moscú).

La investigación propuesta desde Estrasburgo abre dos vías. Por un lado, la que refiere a los contactos de eurodiputados con exfuncionarios al servicio del Kremlin. Por otro, la que señala al independentismo catalán y a sus contactos con agentes rusos en el periodo anterior y posterior al proceso secesionista de 2017 (todavía hay una tercera rama, apenas iniciada, sobre campañas de desinformación y propaganda separatista en canales de televisión y redes sociales gestionadas desde Rusia y Venezuela). El mero hecho de que la resolución mencione a Cataluña y al entorno de Carles Puigdemont debería hacer reflexionar al Gobierno de España, pues no parece lógico que sea desde una comisión exterior desde la que se investiguen unas injerencias que afectan a nuestro país de una manera tan evidente y documentada. De lo contrario, el mensaje que estaría enviando nuestro Ejecutivo sería muy peligroso.

Cada país de la UE tiene la obligación de velar por los intereses y la protección del conjunto de la Unión y de sus Estados constituyentes, especialmente si de lo que se trata es de denunciar cualquier intento de desestabilización del proyecto europeo. Actuar en sentido contrario, o pretender escurrir el bulto, supondría dar a entender que los intereses del partido de Gobierno pasan por proteger a un huido de la justicia (Puigdemont aparece mencionado en la resolución), así como por silenciar y blanquear el marco de ilegalidad que condujo a la fallida asonada independentista de 2017, cuyas repercusiones todavía hoy están siendo investigadas por la justicia.