Julian Assange como emblema

LA PRENSA INTERNACIONAL pone el foco de su mirada en el caso de Julian Assange, editor y cofundador de WikiLeaks, acusado de filtrar a los medios entre 2010 y 2011 información secreta del Gobierno estadounidense. Fueron unos 250.000 documentos clasificados que afectan al departamento de Estado, y que diversos medios como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, o El País, publicaron a partir de noviembre de 2010. El hecho de que estas reconocidas cabeceras colaborasen en la difusión de dicho material sensible ya indica la relevancia del mismo, y el reconocimiento a una labor que, aunque incómoda para la Administración estadounidense, constituía una tarea al servicio del derecho de los ciudadanos a estar informados de todo aquello que, directa o indirectamente, les pueda afectar.

Hablamos, pues, de un ejercicio periodístico basado en la investigación y el compromiso con la opinión pública. Si, en plena efervescencia de la era de la desinformación y las noticias falsas, se tratase de filtraciones contrarias al principio de veracidad, entenderíamos cualquier acción legal que se pudiese incoar contra el hoy denominado ‘exhacker’. Pero, no. Diversos medios, como los arriba señalados, realizaron una ingente labor de comprobación hasta constatar que las informaciones facilitadas por Assange, que referían a misiones ilegales del Ejército de EE.UU., a decisiones sobre Irán y China, a acciones contra civiles en las contiendas de Irak o Afganistán, e incluso a decisiones reprobables que incluían la coacción a diversos gobiernos, cumplían escrupulosamente con los preceptos y códigos deontológicos del periodismo de investigación más serio y riguroso.

Estos días dos magistrados de los Tribunales Reales de Justicia de Londres, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, deben decidir en una vista preliminar si permiten que Assange defienda su causa ante la justicia británica, o si, por el contrario, debe ser extraditado a EE.UU., donde se enfrenta, entre otras acusaciones, a 18 delitos contra la Ley de Espionaje de 1917. Ello podría suponer para el periodista australiano una pena de hasta 175 años de prisión (lleva cinco encerrado en la cárcel de Belmarsh). Tras esta sentencia sobre la legalidad o ilegalidad de la extradición, es decir, sobre si Assange, que estuvo asilado siete años en la embajada londinense de Ecuador, tiene derecho a recurrir su extradición a EE.UU. (autorizada por el Tribunal Supremo británico en 2022 con el visto bueno del Ejecutivo), ya sólo quedaría la esperanza de tener el fallo favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sería Estrasburgo quien marcaría un destino que, aun entonces, dependería de las acciones y decisiones del Gobierno británico. Ojalá prevalezcan el derecho a la información y la libertad de prensa, como se exige también desde Reporteros Sin Fronteras.