No todo vale en Gaza

EN TODAS LAS GUERRAS se producen efectos colaterales indeseados que repercuten sobre las víctimas inocentes de dichos conflictos. Sin embargo, hoy día no parece lógico permitir que esos actos criminales sigan siendo catalogados como meros “accidentes” y continúen sucediendo sin que nadie asuma las responsabilidades por actuar de forma temeraria. Esta semana hemos visto cómo siete voluntarios de la ONG World Central Kitchen (WCK) han perdido la vida debido a una ofensiva aérea del Ejército israelí, cuyo Gobierno se ha disculpado por lo que ha definido como “un ataque no intencionado”. La misión de los trabajadores de WCK, organización que dirige el chef español José Andrés, consiste en elaborar y repartir comida a la población de la Franja de Gaza, labor humanitaria que realizaban valiente e infatigablemente. Su convoy, conformado por tres vehículos claramente identificados como pertenecientes a la ONG, y cuya ruta había sido informada a las fuerzas israelíes, sufrió el ataque de tres misiles que acabaron con la vida de unos voluntarios que no hacían sino promover esos “envíos de medicamentos, víveres y ropa”, que fija el artículo 23 del IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a “la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra”.

Sorprende ver cómo civiles (en torno a 33.000) y hasta periodistas (96), sufren estos ataques que aparentan indiscriminados por la variedad y el elevado número de víctimas registradas desde octubre (unos 200 voluntarios de diversas ONG, por ejemplo). Israel dice haber cesado a dos oficiales y amonestado a otros tres tras una investigación, pero mucho nos tememos que no irá más allá a la hora de depurar responsabilidades. Todo parece indicar que la contienda ha alcanzado un nivel de despropósito inconcebible en pleno siglo XXI, e inflige un cruel castigo sobre una población ya de por sí mermada, herida y hambrienta. Ni siquiera se están respetando los preceptos del Derecho Internacional Humanitario que ya analizamos aquí dentro del conflicto entre Israel y Palestina (“Derecho internacional y población civil”, ECG 28/10/2023). Me refiero a la debida protección de la población civil; una tarea explicitada en el artículo 48 del Protocolo I de 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, e independientemente del artículo 51, que indica en su apartado 3 que las personas civiles gozarán de protección “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación” (es decir, civiles que puedan actuar como escudos humanos o dar apoyo a las fuerzas de Hamás).

Benjamín Netanyahu aseguró tras el ataque a WCK que “éstas son cosas que pasan en las guerras”; pero muchos nos resistimos a aceptar semejante número de errores por parte de un contingente militar que pasa por ser uno de los Ejércitos más preparados y profesionalizados del mundo, y que cuenta con la tecnología de guerra más sofisticada, y con una de las agencias de inteligencia más prestigiosas (incluso utiliza la IA para identificar y bombardear a terroristas gazatíes). Cuesta aceptar que el Ejército hebreo pueda ignorar el artículo 48 del mencionado Convenio, donde se exige “distinguir entre bienes de carácter civil y objetivos militares”, dirigiéndose las operaciones “únicamente contra objetivos militares”. Sin embargo, y a tenor del tipo de víctimas, parece evidente que, en Gaza, además de los enclaves de Hamás, también han sido atacados edificios y espacios públicos, hospitales y hasta colegios sin la certeza de que constituyesen puntos estratégicos de refugio y rearme para las brigadas de Ezzeldin Al-Qassam.