España afronta la inmigración

ESPAÑA LLEGÓ A UN ACUERDO. Lo celebro, porque creo que es bueno y justo para todos. Me refiero a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada con la firma de casi 700.000 ciudadanos que aspiran a regularizar en nuestro país la situación de en torno a 500.000 inmigrantes (unos 10.000 en Galicia procedentes sobre todo de Latinoamérica, que llegaron en su mayoría como turistas, y que trabajan principalmente en el ámbito de los cuidados y la atención a los dependientes, las tareas domésticas y la hostelería). Por fin las distintas formaciones asumieron la necesidad de gestionar las atípicas condiciones administrativas de quienes carecen de ‘papeles’, pero que, sin embargo, llevan años contribuyendo con su esfuerzo y su trabajo a nuestra economía. A primera vista, todas son ventajas. Por un lado, esta ILP nos permitirá saber con más precisión cuántos inmigrantes llevan tiempo asentados en nuestro territorio. Por otro lado, contribuye a paliar una de las grandes lacras de la sociedad actual: el crecimiento vegetativo negativo (además, los inmigrantes contribuyen a corregir también ese envejecimiento poblacional frente al que nuestras Administraciones no encuentran fórmulas de corrección). En tercer lugar, favorece el mantenimiento futuro de las pensiones (los inmigrantes facilitarán la sostenibilidad de una seguridad social cada vez más cara y difícil de mantener).

Aun así, ciertas voces recelan de esta ILP. Entienden que puede producir un ‘efecto llamada’ que aumente los problemas que arrastramos en términos de flujos migratorios procedentes del sur, del Este de Europa y de Latinoamérica. Debemos recordar que distintos gobiernos de derechas e izquierdas han acometido en España desde 1985 hasta ocho grandes regularizaciones de inmigrantes. Pero ya va casi una década sin ninguna propuesta capaz de complementar las llevadas a cabo en tiempos pretéritos. Personalmente, no veo mayor problema en una ILP que motivará la reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, pero cuya tramitación será paulatina y ordenada. Además, el Real Decreto derivado de la misma dispondrá de 6 meses para su aplicación desde la entrada en vigor de la ILP. Asimismo, y como ya expusimos aquí el pasado sábado (“El éxito o el fracaso de un Pacto”, ECG 13/04/2024), el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo dificulta la llegada de inmigrantes, endurece sus condiciones de acogida, y acelera los procesos de devolución; cuestiones, todas ellas, que han sido, por cierto, criticadas por muchas asociaciones y ONG.

La ILP que ahora inicia su tramitación parlamentaria deberá superar las comisiones del Congreso y el Senado, y asumir las enmiendas que propongan las distintas formaciones políticas. De momento, sólo afectará a los inmigrantes asentados en nuestro país con anterioridad al 1 de noviembre de 2021. Es obvio que cualquier iniciativa, por más constructiva que pretenda ser, genera reacciones positivas y negativas, dependiendo de cómo se entienda que debe ser gestionada. Aun así, lo que hoy celebramos, además de la valentía y trabajo de las organizaciones civiles, ayuntamientos, e incluso de la Iglesia, es la actitud de un PSOE y un PP que, alejándose del rechazo intolerante de la derecha extrema, y del tradicional ‘buenismo’ de la izquierda radical, han decidido acometer una propuesta ordenada que, a la larga, nos beneficiará a todos. Llevamos años reivindicando la justicia social, y buscando herramientas para consolidar un crecimiento económico que asegure y proteja nuestros servicios públicos. Pues bien, esta ILP contribuirá a todo ello.