Gibraltar celebra un acuerdo inminente

DIECIOCHO RONDAS DE NEGOCIACIÓN y contacto no son pocas para lograr un acuerdo definitivo en torno a Gibraltar. Tanto Londres como Bruselas (y también Madrid), desean anunciar un pacto en torno al estatus del Peñón que ha generado numerosas tensiones entre Reino Unido, el Reino de España, y la Unión Europea. Rishi Sunak está necesitado de éxitos y acciones que le devuelvan a su Gabinete un prestigio y un reconocimiento que los últimos sondeos de opinión y las urnas en las recientes elecciones municipales de Inglaterra y Gales parecen querer negarles. Primero fue el principio de Acuerdo para Irlanda del Norte entre la UE y Reino Unido. Ahora es Gibraltar el siguiente escollo sobre el que el primer ministro británico tiene puesta su mirada. Y es que da la impresión de que todo esfuerzo que sale de Westminster está dedicado a reordenar el caos y solucionar los problemas derivados del Brexit.

La inminencia del anuncio del Acuerdo para las relaciones con Gibraltar parte del impulso que durante abril le dieron a esta cuestión estratégica el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron; su homólogo español, José Manuel Albares; el vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic; e incluso el propio ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, quien siempre quiso formar parte de las mesas de negociación, y lo consiguió (a diferencia de las autoridades del Campo de Gibraltar y su entorno, a los que no se les ha permitido la presencia y apenas conocen el texto final que surgirá del Pacto en torno a la Verja). Pero las elecciones del próximo 9 de junio están cada vez más cerca, y tanto la UE como el Gobierno británico tratan de jugar sus bazas, para superar aquel Acuerdo de Nochevieja firmado en 2021 (sellado el 31 de diciembre de 2020) que propició un “período de adaptación” que concluyó el 31 de diciembre de 2023, y tuvo que ser prorrogado hasta finales de este 2024.

Las claves del Acuerdo final han girado en torno a dos líneas principales. Por un lado, la establecida entre Bruselas y Londres para resolver el marco jurídico en el que quedará la Roca (para evitar la competencia desleal, el tráfico ilegal de mercancías, etc.); el marco legislativo del tránsito de bienes y personas (cooperación policial y medidas medioambientales, incluidas); la situación laboral de los 15.000 trabajadores transfronterizos; y los controles aduaneros a ambos lados de la Verja, así como de transportes (incluyendo las tasas a los carburantes o de descarbonización europeas o especiales para Gibraltar, los posibles beneficios fiscales del Peñón, las tasas de suministros – para ver si se asemejan a las que rigen en el puerto de Algeciras –, o los permisos relativos al tipo de carga y mercancías).

Por otro lado, Madrid y Londres han estudiado el denominado “espacio de prosperidad compartido”, y el estatus de la base militar; aspectos asociados a la cuestión de “soberanía” que afecta también al control aeroportuario. De especial relevancia es la cuestión de la movilidad, con la entrada de Gibraltar en el espacio Schengen. Esto es algo que satisface sobremanera a los ‘llanitos’, quienes en 2016 votaron en un 95,91% a favor de permanecer en la UE; pero implica que el control de fronteras deberá realizarse directamente en el puerto y el aeropuerto. De ahí que se hable de un período de control transitorio de cuatro años a cargo de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), en vez de la policía española (que no desea Picardo), o los cuerpos de seguridad británicos (como prefieren Reino Unido y Gibraltar). En definitiva, aspectos técnicos y jurídicos que el nuevo Acuerdo deberá aclarar.