Luz verde a la limitación de las viviendas de uso turístico: solo en plantas bajas o primeros pisos

Con el apoyo de Compostela Aberta, la abstención del BNG y el voto en contra del PP, el Pleno aprueba la modificación del Plan Xeral para frenar su proliferación en Santiago

Con el apoyo de Compostela Aberta, la abstención del BNG y el voto en contra del Grupo Popular, el pleno municipal de Santiago aprobó ayer la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por el que se regulan las viviendas de uso turístico y cuya apertura queda limitada a las plantas bajas que tengan uso residencial o a los primeros pisos, en el caso de que no sea posible esa opción inicial.

Esta normativa, que el gobierno local que preside Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG-PSOE) necesitaba sacar adelante ante el vencimiento este mes de marzo de la moratoria de viviendas de usos turísticos, contó con el apoyo de Compostela Aberta, grupo que planteó por primera vez la moratoria turística cuando gobernó entre 2015 y 2019.

Por su parte, el BNG, y pese al apoyo inicialmente dado, se abstuvo y el PPdeG votó en contra y auguró que está abocada a la presentación de recursos judiciales. También se abstuvo el exedil socialista Javier Fernández, quien afirmó que se trata de un modelo que “no es dialogante”.

Sin embargo, el alcalde compostelano subrayó que es el tema “más importante del mandato” y advirtió, antes de las votaciones, que de no salir adelante el escenario que se abría a partir del próximo mes de marzo era de “enorme complejidad y alegalidad”, así como “difícilmente irreversible”.

En esta línea también se pronunció el portavoz de Compostela Aberta en el debate, Jorge Duarte, quien destacó la relevancia de esta aprobación y advirtió de que en esta sesión los grupos quedan “retratados” sobre el modelo de ciudad que quieren: “Gobernar por el bien común o hacerle oposición a la ciudad”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Constenla, criticó que se trata de una medida que “no está en absoluto dialogada” y llamó la atención sobre que parece que “molesta más una familia de turistas que el follón que se monta en los locales de la ciudad”.

“Hay gente que no puede dormir porque hay locales que le incordian”, señaló y, en relación a Compostela Aberta, la acusó de preferir “mantener los garitos abiertos a los amigos”. Mientras, dirigiéndose a la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, dijo, de forma irónica, que lamentaba que hoy fuese 16 y no 14 de febrero, porque le hubiese gustado “agasajarla muy gustosamente”.

Mientras, la portavoz del Grupo del BNG, Goretti Sanmartín, mostró su apoyo a que se regule este ámbito y “evitar la proliferación” de los pisos turísticos, pero también sostuvo que habría que regular con “mayor consenso” y finalmente votó junto a su compañera de bancada una abstención. Asimismo, puso el foco en que Compostela adolece de “dinamización de la vivienda vacía”, algo a lo que Bugallo respondió que no dependía de la administración local.

La concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, también intervino en el pleno para defender esta modificación que “persigue un objetivo claro, promover un adecuado equilibrio” entre el uso residencial y los complementarios, defendiendo la “función residencial”.

PROTESTA EN EL OBRADOIRO. Antes del inicio del pleno intervinieron una portavoz de Aviturga, Estrella Ferreiro, y de Previturga, Miguel López, para mostrar su duro rechazo en el primero de los casos. “Pretenden aprobar una modificación lesiva para un gran número de personas de la calle”, manifestó Estrella Ferreiro, quien fue muy dura con las acusaciones al gobierno local, al que acusó de querer convertir Santiago en “un Castro Baroña” y de representar “unas siglas vacías”, en referencia a los socialistas.

Fuera del salón de plenos, en la Praza do Obradoiro, varias decenas de manifestantes se apostaron para protestar contra esta regulación que, dicen, “finiquita” a los pequeños propietarios en favor de los grandes propietarios y acusaron al gobierno local de “despotismo”.

La normativa aprobada ayer también recoge la prohibición de construir gasolineras en las proximidades de las viviendas. Concretamente, se permite estas instalaciones en zonas específicas para ellas, parcelas de uso comercial e industrial situadas en polígonos o zonas de uso global terciario (no residenciales) y como complemento o auxiliar en establecimientos comerciales.