Piden tres años de prisión para el empresario de Santiago que robó y vendió mascarillas caducadas

Han pasado tres años y medio desde que el empresario compostelano Javier Conde Fiestras fue detenido tras descubrirse que, en pleno inicio de la pandemia de la covid-19 y aprovechándose de la escasez de material sanitario que había en aquel momento, se dedicaba a vender mascarillas caducadas a precio de oro que, además, había robado en una nave ubicada en el Polígono del Tambre de Santiago. Tras un largo proceso de instrucción, el caso ya ha sido transferido al Juzgado de lo Penal número uno de Santiago y está a la espera de que se fije la fecha para el inicio del juicio oral. El Ministerio Fiscal solicita para el acusado, al que se le imputa un delito de estafa, una pena de tres años de prisión.

Según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, Conde Fiestras era intermediario del sector inmobiliario en Santiago y estaba autorizado desde noviembre de 2015 por la administradora concursal de una empresa quebrada para mostrar a terceros que pudieran estar interesados en adquirirla una nave industrial situada en la Vía Edison del Polígono del Tambre. En la misma nave, a la que Conde tenía acceso, se almacenaba una ingente cantidad de material sanitario que a su vez era propiedad de otra compañía en concurso de acreedores, cuya administración concursal recaía sobre la misma persona que gestionaba el concurso de la empresa propietaria del inmueble. 

Las mercancías que se almacenaban en esta finca industrial, señala la Fiscalía, consistían en material sanitario como guantes, pantalones, zapatos, férulas y, sobre todo, mascarillas de tipo FFP2. Buena parte del material estaba caducado y otra estaba a punto, conforme a las especificaciones del fabricante, por eso el interés de posibles compradores por la mercancía había disminuido. Sin embargo, en enero, febrero y marzo de 2020 estalló la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19 y la consiguiente escasez de material, en concreto, de mascarillas quirúrgicas. En este contexto las miles de unidades almacenadas en la nave, aunque por el tiempo transcurrido desde su fabricación estuvieran caducadas, se convirtieron en una mercancía valiosa, dada la elevada demanda de aquellos momentos; ya que la alarma social y el interés por encontrar mascarillas crecía semana a semana y día a día en aquella época.

Constituido el jurado que valorará la 'patada en la puerta' de seis policías para detener una fiesta en la pandemia

Fue en ese momento cuando Javier Conde, según indica el Ministerio Fiscal, decidió “sacar provecho” de la situación y, “aunque no estuviera habilitado para vender las mercancías depositadas en la nave, decidió hacerlas suyas y vendérselas a terceros”. La Policía Autonómica entró en la nave del Polígono del Tambre el 27 de marzo de 2020, durante las primeras jornadas de confinamiento general, y se encontró con multitud de cajas de cartón marrón vacías, que previamente habían contenido mascarillas (200 unidades por caja) del tipo FFPS HY 9322 y del tipo FFP2 JTY B11F, que el acusado ya había vendido a terceros. 

El escrito de acusación señala que el valor unitario en marzo de 2020 de cada una de las mascarillas, de cualquiera de esos tipos, se tasó pericialmente en seis euros. En las semanas previas, en venta al por mayor, se cuantificó en 30 céntimos.

La Fiscalía explica que no consta el número de mascarillas que robó Javier Conde de la nave del Tambre, aunque informaciones publicadas en el momento de los hechos cifraban en dos millones los cubrebocas que había en el inmueble. El escrito de acusación indica que “ha de tratarse al menos de varios palés con cajas apiladas”, al tiempo que confirma que consta la venta por parte de Conde de 1.000 unidades, por un lado; y luego varios lotes a una empresa portuguesa, ubicada en Viana do Castelo. A esta compañía le entregó 1.800 unidades el 3 de febrero de 2020, 20.000 el 5 de febrero, otras 20.000 al día siguiente, 6.600 unidades el diez de febrero, 20.000 unidades el día doce, 8.800 el día 13 del mismo mes y 2.800 unidades el 17 de febrero de 2020. El acusado reconoció que un comprador portugués había acudido en febrero de ese año con un camión articulado hasta el Polígono del Tambre para poder llevarse la cantidad que le vendió; y también manifestó que le pagó por ellas 8.000 euros en efectivo. 

Covid: una nueva inmunoterapia combina anticuerpos y vacunas para luchar frente a futuras pandemias

Javier Conde Fiestras, natural de Silleda pero afincado en Santiago y propietario de la inmobiliaria Inmofiestras, fue detenido en su casa de la capital gallega a principios del mes de abril de 2020, en pleno estado de confinamiento, acusado de haber sustraído miles de mascarillas quirúrgicas de una nave de la empresa Oxidoc, dedicada al suministro de material sanitario, que se encontraba en concurso de acreedores.

Conde Riestras había recibido el encargo de alquilar o vender ese local y sabía de la existencia de esas mascarillas que, en aquellos momentos en los que la pandemia estaba creciendo sin control, tanto escaseaban en el mercado español. Este empresario se puso en contacto con intermediarios de Portugal a los que vendió las mascarillas tras hacer desaparecer todo rastro que pudiera vincularlas con la firma Oxidoc. El acusado, muy conocido en la capital gallega tras haber estado relacionado con los Multicines Compostela y gestionar la Pulpería O Estanco (dos negocios de los que no salió nada bien), fue apresado por los agentes de la Policía Autonómica tras recibir la Xunta una información de que en la nave del Tambre había ese material almacenado.

Una vez allí se percataron del robo e iniciaron las investigaciones pertinentes que le condujeron al empresario: unas cámaras de seguridad de una empresa cercana habían grabado todo lo ocurrido y se pudo comprobar que uno de los autores era Javier Conde, quien, además, en su condición de empresario inmobiliario, se había interesado por la situación de la nave. En la investigación también colaboraron agentes lusos, una vez que la venta se produjo a empresarios del país vecino. En las grabaciones que obran en la causa se puede ver que las cajas con las mascarillas fueron cargadas en un camión y dos furgonetas y alguno de los vehículos tenía matrícula lusa. Por eso, desde los juzgados de Santiago se pidió colaboración a Portugal para localizar a los compradores de las mascarillas que, de acuerdo con la valoración que hizo en su día la Xunta, podrían llegar a alcanzar los cinco millones de euros.

¿Quiénes y dónde es recomendable seguir llevando mascarilla?

El Ministerio Fiscal sostiene ahora que los hechos constituyen un presunto delito de estafa. En el escrito de acusación se destaca, además, que Javier Conde es reincidente en este delito, puesto que en el mes de mayo de 2018 fue condenado a la pena de 9 meses de prisión (que quedó suspendida durante dos años en noviembre de 2018) por otro delito de estafa, al haber constituido una hipoteca sobre una finca ocultando que de la misma sólo le correspondía el 20 % de su titularidad.