Juzgado en Santiago por estafar casi 60.000 euros al Sergas haciéndose pasar por una empresa
El acusado ha reconocido los hechos que se le imputan, admitiendo que se hizo pasar por otra persona con el objetivo de cobrar facturas falsas
El Correo Gallego
Un hombre ha aceptado este jueves dos años de prisión, que quedarán suspendidos al no tener antecedentes penales, por estafar casi 60.000 euros al Sergas haciéndose pasar por una empresa que había configurado el sistema de cableado de varios centros para cobrar fraudulentamente las facturas.
Fiscalía solicitaba inicialmente para el hombre cuatro años de cárcel, pero, finalmente, se ha llegado a un acuerdo de conformidad con la defensa, por la cual se ha rebajado a dos años la pena de prisión. La sentencia ha sido declarada firme en la vista celebrada en la sección sexta de la Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago.
Además, el Ministerio Público también ha rebajado la petición de multa que reclamaba para el hombre --inicialmente de 10 euros al día durante 12 meses--. Ha quedado fijada en 3 euros al día durante seis meses. El procesado deberá también devolver a la Xunta los 59.596,61 euros estafados.
El acusado, que ha escuchado la sentencia por videoconferencia, ha aceptado los hechos que se le imputan, admitiendo que a través de unos correos electrónicos se hizo pasar por otra persona que fingía actuar en nombre de un empresa que había realizado el suministro del cableado para centros del Sergas con el objetivo de cobrar las facturas.
El acusado remitió correos electrónicos a la cuenta general de la Consellería de Sanidade, en los que solicitaba información sobre el pago de unas supuestas facturas. Para "dar apariencia de que era una persona autorizada por la empresa y conseguir información" aportó una serie de datos como el número de expediente, número de las facturas e importe, lo que hizo que el funcionario receptor de las comunicaciones creyese que la persona con la que se comunicaba pertenecía a la empresa.
El procesado dijo al funcionario de Sanidade con el que contactó que la empresa iba a cerrar la cuenta corriente en la que la Xunta efectuaba los pagos y la modificó por una nueva, de su propiedad.
La Xunta efectuó el pago de la factura el 26 de septiembre de 2019 por el importe que posteriormente el acusado retiró, en efectivo y mediante cajero, diversas cantidades.
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