Igualdad reclama a las autonomías que se "tomen en serio" la lucha contra la violencia machista

La número dos y tres del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez y Victoria Rosell, han reconocido este miércoles que, con 10 feminicidios, septiembre se ha convertido en uno “de los peores meses para las mujeres, para la democracia y para la violencia machista”. Ante ello, han reclamado a las autonomías "responsabilidad" y que “se tomen en serio” las medidas aprobadas por el Gobierno o que se discuten en los comités de crisis cada vez que un mes se superan los cinco asesinatos y se enfrenten al terrorismo machista como a una “emergencia”.

“Necesitamos que la prioridad de este país esté absolutamente enfocada en la detección proactiva [del maltrato], la situación es de gravedad, sin paliativos […]”, ha señalado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al comité de crisis que ha estudiado, caso a caso, los asesinatos machistas de septiembre.

El llamamiento de Igualdad viene motivado porque el negro recuento de septiembre se ha producido después de un verano igualmente funesto, lo que eleva el cómputo anual a 50 víctimas mortales, una más que en todo 2022. Para encontrar un dato tan trágico a estas alturas del año hay que remontarse a 2010, hace 13 años.

El Gobierno también reclama más formación entre letrados y jueces para detectar las violencias en la separación

Negacionismo

La secretaria de Estado de Igualdad no ha querido entrar en las causas que pueden haber provocado el incremento de crímenes machistas, con el argumento de que ahora toca lanzar un mensaje triple. En primer lugar, que “hay que abandonar el negacionismo” porque la discusión no debe ser si la violencia machista “existe o no”, sino ver qué se puede hacer para ayudar a las maltratadas. En segundo, que “hay que romper el silencio cómplice con los agresores”. Y, en tercero, que hay que llevar a cabo una “detección proactiva en cada ámbito institucional”.

Para Igualdad es especialmente importante que los profesionales sanitarios reciban formación para que “si una mujer lleva 30 años en un servicio de salud mental porque tiene depresión [el médico] introduzca preguntas” dirigidas a detectar si la enfermedad viene motivada por las agresiones machistas, según ha ejemplificado Rodríguez.

La número dos del Ministerio dirigido por Irene Montero ha recordado que la formación del personal sanitario en prevención del machismo forma parte de un plan aprobado en 2021 pero que aún muchas autonomías incumplen. De ahí que haya pedido a las administraciones territoriales, que son las que tienen las competencias, “que se tomen en serio lo que dice el BOE, porque es la manera de llegar a tiempo” y salvar vidas.

Los incumplimientos

Otro ejemplo son los centros de 24 horas para víctimas de la violencia sexual, que deberían estar listos a finales de año pero muchas comunidades han pedido una prórroga de un año para cumplir con este precepto de la ‘ley del solo sí es sí’. “Los recursos están, el marco legal está, lo que necesitamos es voluntad política, que se abandone el negacionismo y que entre todos rompamos con la violencia machista”, ha incidido Rodríguez.

Por último, ha recordado que en anteriores comités Igualdad ya había reclamado que se revisen las licencias de armas para evitar que puedan ser renovadas por personas acusadas de maltrato, medida que tampoco se ha cumplido. “Hay que tomarse las medidas en serio”, ha remachado.

Sandra, de 41 años, víctima mortal número 50 por un caso de violencia machista en el que hay un concejal del PP imputado

La separación

A este respecto, en el comité de crisis celebrado este miércoles Igualdad ha reclamado que también los abogados del turno de oficio que trabajan en derecho de familia, así como el personal de los juzgados, especialmente el destinado a familia, reciban formación en detección de las violencias contra las mujeres, dado que se ha constatado que la mayor parte de las víctimas tratan de escapar de la violencia a través de la separación y no interponiendo una denuncia contra el maltratador.

De hecho, en el comité que analizó los feminicidios de agosto, las instituciones concluyeron que el momento de la separación es de especial riesgo, porque el maltratador, al constatar que puede perder definitivamente el control sobre su víctima, puede tratar de consumar un asesinato para impedirlo. Ante este patrón que se repite en muchos crímenes, Igualdad planteó al resto de instituciones que se facilite a las mujeres un acompañamiento especializado cuando vayan a recoger sus pertenencias a su casa tras una ruptura sentimental, aunque no hayan interpuesto denuncia.

Asimismo, el Gobierno ha pedido este miércoles que se cree un Viogen de ámbito europeo, de forma que los países miembros tengan en cuenta los antecedentes en violencia machista a la hora de conceder visados y estancias de larga duración.