Negociación de la ley

La Unión Europea alcanza un principio de acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT

La forma de regular este tipo de sistemas ha sido uno de los principales puntos de fricción entre las instituciones comunitarias a la hora de pactar la ley de inteligencia artificial de la UE, una de las primeras normas mundiales sobre esta tecnología

La aplicación ChatGPT en un teléfono móvil.

La aplicación ChatGPT en un teléfono móvil. / PEXELS / AIRAM DATOON

Carles Planas Bou

Tras más de 18 horas de negociación, la Unión Europea (UE) sigue sin alcanzar un acuerdo definitivo sobre la nueva ley que regulará la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, las instituciones reunidas en Bruselas sí han cerrado un pacto preliminar sobre las normas que se aplicarán a los modelos fundacionales, la tecnología que sustenta los sistemas como ChatGPT.

Esta parte de la regulación era uno de sus principales puntos conflictivos. Hace un par de meses había un consenso sobre la necesidad de aplicar una serie de criterios estrictos sobre los modelos fundacionales, pero FranciaAlemania Italia cambiaron su postura y presionaron para descafeinar esas normas y dejar la autorregulación en manos de grandes empresas como MicrosoftOpenAI Google.

Durante las primeras seis horas de reunión, los delegados de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de los Estados miembros —representados por la presidencia española del Consejo de la UE— alcanzaron un acuerdo preliminar del que, por ahora, no se conocen más detalles. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han advertido que no establecer unas obligaciones claras y decantarse en favor de los gigantes del sector supondrá riesgos no menores.

Presión y mucho por cerrar

Las negociaciones finales a tres bandas —conocidas como trílogos— empezaron el miércoles a las 15h y se dieron de margen hasta las 8 de la mañana de este jueves, cuando debía empezar una rueda de prensa para dar más detalles de lo acordado. Esos horarios fueron, como poco, optimistas. Tras más de 18 horas, aún quedan "muchas cosas" por cerrar, según han apuntado fuentes de la negociación a EFE. Así, de los 22 puntos clave de la ley aún quedan una decena por acordar.

La UE negocia a contrarreloj, pues la voluntad de la presidencia española era dar por cerrada esta pionera ley antes de que termine el año. Sin embargo, la presión para alcanzar un acuerdo en tantos aspectos cruciales después de largas horas de negociaciones técnicas y una noche sin dormir está causando malestar con el liderazgo político, según cuentan fuentes internas a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Organizaciones de la sociedad civil también explican a este diario que ven peligroso que las decisiones más importantes en materia de derechos fundamentales se tomen bajo una situación de cansancio y piden mover el encuentro a otro día.

Reconocimiento facial

Entre los aspectos aún por cerrar destacan algunos especialmente conflictivos como la posible prohibición de los sistemas de reconocimiento facial, pero también la criticada exención que permitiría a la policía usar la vigilancia biométrica en ciertos contextos.

Los gobiernos europeos quieren que las fuerzas de seguridad puedan usar esos métodos de vigilancia en tiempo real y en espacios públicos —con previa autorización judicial— para, dicen, evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o para la protección de infraestructuras públicas críticas.

El acuerdo final podría decantarse por permitir esa exepción, lo que inquieta a la sociedad civil. "No hay ningún nivel de vigilancia masiva que sea aceptable, pues va en contra de los derechos fundamentales", explicó a El Periódico de Catalunya, Ella Jakubowska, asesora política de la organización European Digital Rights (EDRi).

Otro punto aún por debatir es el artículo que pretende permitir que los 27 Estados miembros puedan exportar sistemas de IA de "riesgo inaceptable" o de "alto riesgo" a terceros países que no forman parte de la UE. Esas dos categorías estarán prohibidas o muy limitadas en la UE, pues los legisladores entienden que su uso puede suponer un peligro para las personas.