Absueltos el exalcalde de Cee y cuatro concejales por adjudicar una obra 'a dedo' con informes negativos

Ramón Vigo, el exalcalde de Cee (A Coruña), y cuatro concejales han quedado absueltos este jueves tras adjudicar una obra mediante un procedimiento directo -'a dedo'-, a pesar de la postura negativa de los servicios municipales, para no perder una subvención por una cuestión de plazos y tras haberse asesorado con una familiar abogada. La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este jueves el proceso contra Vigo y cuatro de sus concejales salidos de las elecciones locales de 2015 por un supuesto delito de prevaricación administrativa, por el que la Fiscalía pedía 12 años de inhabilitación.

Al término de la sesión, la sala ha dictado sentencia oral en la que ha anunciado la absolución de los cinco procesados, pendientes de la redacción de la misma. Vigo ha explicado que cuando llegó a la Alcaldía en 2015 -ya la había tenido entre 2007 y 2012- le dijo un funcionario "que hay cuatro obras que quedaron desiertas" y "urge licitarlas porque están pendientes de una subvención de la Diputación". Las actuaciones vienen del Gobierno local anterior, que las había iniciado con procedimiento negociado sin publicidad, pero cambió una de ellas -en la calle Rosalía de Castro- a procedimiento abierto ante la falta de empresas que se quisieran hacer cargo, una decisión que revocó la Junta de Gobierno local de Ramón Vigo para "invitar a más empresas" y adjudicar la actuación de forma directa.

Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Ramón Vigo, exalcalde de Cee

A esto se opusieron los servicios municipales, pero el regidor consultó "con una abogada que es familiar" y le dijo que no veía "problema a que se haga así". "Soy médico, no soy jurista no tengo conocimientos de derecho administrativo como para eso", ha subrayado Vigo, que ha argumentado que era una obra "muy importante" con "beneficio para el pueblo", por lo que consideraba clave no perder la subvención. Junto a él, se sientan en el banquillo cuatro ediles que han alegado no tener conocimientos jurídicos y haber confiado en el alcalde. Pilar Iglesias ha explicado que era "conocedora de los informes desfavorables" y Carmela Díaz ha asegurado que votó "a favor porque es una buena obra para el pueblo, por el interés público" en un momento en que "era novata" en el ámbito municipal.

Yolanda García ha argumentado que tenía confianza "plena" en Vigo y este le había dicho "que no tenía ningún problema jurídico, que era bueno para el pueblo, que se había asesorado" y que no habría problemas posteriores. También ha apuntado a que todas las votaciones pasaban por la "voluntad" del alcalde, que actuaba como "líder" del grupo; Juan Bautista Ares no ha declarado. La secretaria del Ayuntamiento ha recordado que entonces mostró su discrepancia con la actuación por omisión de elementos esenciales, pero los informes negativos eran algo habitual en la gestión ordinaria, una versión compartida con las interventoras.

Un asesor jurídico de la Diputación de A Coruña ha avalado la actuación municipal que fue "una decisión política", si bien en su informe previo no entró en el fondo de la cuestión, y ha incidido en que "se le echaban encima los plazos".

"Soy el político más perseguido de Costa da Morte"

Tras conocer la sentencia, Ramón Vigo señaló a EL CORREO GALLEGO que esta “es un paso de liberación. Después de 20 causas judiciales, todas ellas resueltas con absolución o con el archivo de las mismas, creo que soy el político más perseguido de Costa da Morte”. También admitió sentirse “muy satisfecho” porque además este fallo “permite a Pilar Iglesias, actual portavoz de IxCee, seguir representando a sus votantes y a los ciudadanos de Cee y continuar con su carrera política”. Destaca asimismo la celeridad en la resolución del juicio por parte del tribunal, lo cual entiende que “lo veían muy claro”.

Ramón Vigo consideró asimismo que, “la forma en que se produjo la resolución tendría que sonrojar a quien la provocó con su denuncia en la Fiscalía -la actual alcaldesa, entonces concejal socialista en la oposición-". El exalcalde entiende que en un proceso administrativo pueden darse irregularidades “pero para resolverlas existe una vía contencioso-administrativa, y utilizar la vía penal para todo no tiene sentido”. Indicó además que la opción de “levantar un reparo es algo que está ahí”, y subrayó que en este caso “no hubo perjuicio ni para el Concello ni para terceras personas, al contrario, hubo un beneficio ya que se hizo para resolver un problema”.