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Críticas a la chapucera gestación del coworking A Proa aún sin reglamento

En el PP inciden en que la Diputación ordenó sacarlo a concurso // Reclaman que se dote con urgencia a las instalaciones de reglamento y ordenanza fiscal

El PP de Ames acaba de identificar el coworking A Proa con “un barco fantasma, sin patrón y sin tripulación, cuya proa enfila a la deriva, y navega sin rumbo”, recordando las vicisitudes de su adquisición y la falta de reglamento u ordenanza fiscal propia. Y lo hace cuando están a punto de cumplirse cuatro años desde que el alcalde de Ames, José Miñones, “intentó comprar directamente el inmueble”.

Así, el 20 de julio de 2018 el entonces regidor decidió firmar, por su cuenta, el preacuerdo para adquirir directamente el local donde se emplazaría el futuro Centro Coworking Municipal. No tardaría en recibir el “tirón de orejas” de la Diputación Provincial, apostillan los populares, que es la entidad que financiaba la adquisición y que obligó a abrir un proceso de licitación pública que se traduciría en un “auténtico cambalache” para poder comprar este inmueble, inicialmente apalabrado por José Miñones. Y es que entre las dudas que le surge al PP consta cómo es posible que el entonces regidor visitara el local, anunciando “que en ese inmueble se ubicará el coworking. Después lo saca a concurso. Y adivinen quien ganó la licitación”, dicen, haciendo burla de la supuesta adaptación de las cláusulas para contratar con quien quiso el tripartito.

Entonces, el PP auguró que, ante tales criterios, era muy probable que al concurso tan solo se presentase ese único local. Y su pronóstico se cumplió: un solo inmueble ofertado y el 100 % de la puntuación. “Eso sí: por una vez el gobierno local cumplió con la transparencia de la que presume. Dijo que ese local iba a acoger el coworking con antelación y así fue. Más transparentes, imposible”. Pero lo que parecía un camino de rosas no fue así, y un inesperado acontecimiento obligó al gobierno socialista a declarar desierto el procedimiento, al no cumplirse con lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que en uno de sus apartados establecía, literalmente, que “o local deberá estar inscrito no Rexistro da Propiedade e estará libre de cargas e gravames...”. Y esta condición no se cumplía al estar la finca gravada, según resultó de la certificación registral.

Entonces, el tripartito no dudó en modificar el pliego, ahondan en el PP, “y añadió el siguiente párrafo: A estes efectos non se considerarán cargas aquelas que non impidan que o local sexa idóneo para a finalidade pretendida...”. Esta modificación no fue, según los populares, “más que una treta para eliminar el impedimento de la carga y tener vía libre para adquirir el inmueble completamente acondicionado”, sin necesidad de reformarlo.

La compraventa del inmueble, que contaba con un presupuesto de 475.206 euros, se formalizó el 22 de mayo de 2020. “Desde esta fecha el gobierno local ha tenido tiempo más que suficiente para poner en funcionamiento el Centro Coworking”, pero el PP matiza que, de momento, lo que hizo fue “gastar otros 100.000 euros en la puesta a punto de las instalaciones con la adquisición de mobiliario, equipos de comunicación, equipos técnicos diversos, instalaciones eléctricas e informáticas, tasaciones, implantación de la app de gestión y control de acceso al centro, servicios de profesionales varios, tales como el de apoyo técnico a la puesta en marcha, etc. etc.”, y todo ello sin olvidar la propaganda, la publicidad y el coste adicional del acto de presentación del pasado mes de noviembre.

Una vez inaugurado, se fueron dando autorizaciones, mediante decretos de alcaldía, para poder acceder al centro coworking e ir ocupando los 39 módulos de trabajo ofertados. Y lo hace, en tanto no sea aprobado por el pleno de la Corporación el reglamento de funcionamiento, gracias a una instrucciones provisionales aprobadas mediante decreto de alcaldía de 23 de septiembre de 2021 y cuya vigencia estaba previsto que tuvieran una duración de 6 meses. “A pesar de que desde junio de 2020 ya se estaba trabajando en el reglamento de funcionamiento y la ordenanza fiscal que regirán el uso de este espacio, han pasado más de 6 meses desde que se aprobaron las instrucciones provisionales de acceso y utilización del coworking “, sin olvidar que la oposición ignora “los correspondientes borradores”, acaba el PP.

18 may 2022 / 01:00
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