Instan a esperar a que se publique el censo del IBI antes de alegar en contra
Desde el PP estarán atentos al decreto o junta de gobierno donde prevén que se le dé luz verde // Esta semana salió publicada la ordenanza en el BOP, pero para el año 2022
Se la colaron una vez, pero va a ser difícil que este año el Concello de Ames recaude los casi 800.000 euros consecuencia de la subida de la contribución, el IBI, hasta el 0,5. Así, los vecinos reaccionaban esta semana tras publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación provisional da ordenanza fiscal n.º 2.1, que regula ese impuesto sobre bienes inmuebles... pero que se aplicará en 2022. Así lo aclaraban desde el Partido Popular, asegurando que el momento para alegar será a partir de la publicación del censo correspondiente a este tributo, y que próximamente verá la la luz “ben en forma de decreto ou por acordo da xunta do goberno”, apuntaba el portavoz Ramón García Argibay.
Y para ello, desde la oposición se comprometen a estar vigilantes a las decisiones municipales del tripartito para que no cojan por sorpresa a los vecinos que tuvieron la mala suerte de presentar sus recursos después de noviembre, cuando ya había pasado el plazo y vencido el periodo para interponerlos, tal como reconocían los populares: “As reclamacións pola suba do ano pasado dámolas por perdida”, zanjaban.
VISOS. Sin embargo, ahora sí que lo ven factible, ya que consideran que la ordenanza fiscal está anulada por sentencia desde septiembre de 2020, siendo posteriormente ratificado el fallo por el Tribunal Superior de Xustiza. Se trata de dos pronunciamientos a su favor después de que no se les notificara de forma fehaciente para que asistieran a la sesión plenaria de diciembre de 2019 en la que se abordó y aprobó esa subida al 0,5, por lo que a su juicio el tipo de gravamen sigue siendo el 0,44. “Polo que se ve, e aínda que votamos en contra no pleno de xullo, seguen coa mesma teima de subirlle para o ano os impostos aos nosos veciños”, reseñan los populares.
Desde el ejecutivo municipal, por su parte, se escudaban en base a dos cuestiones para defender el alza. Por un lado, que los ediles del PP hicieron gala de mala fe para evitar ser notificados y no asistir al pleno de finales de 2019. Y, por otro, que esos fondos son de vital importancia para mantener los servicios de los que gozan los vecinos y poder añadir otros nuevos. Por ello, se volvió a publicar la normativa para llevar a buen puerto una subida que la Justicia se encargó de echar por tierra.
El Imposto de Bens Inmobles tiene entre sus particularidades que responde a un porcentaje sobre el valor de la vivienda... idéntico tanto para un multimillonario como para cualquier familia modesta del municipio. Por ello, se han incluido en la ordenaza aprobada para hacerla efectiva en 2022 hasta ocho bonificaciones, que abarcan desde a las familias numerosas hasta las viviendas que empleen la energía solar.
En concreto, la primera de ellas se refiere a los “inmobles que constitúan o obxecto da actividade de empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria”. También se beneficiarían de rebaja las viviendas de protección oficial o equiparables; las construcciones en las que se desarrollen actividades agrarias, ganaderas o forestales declaradas de especial interés o utilidad municipal, sin olvidar a las familias numerosas (que disfrutarán de una reducción de hasta el 90 % en la cuota íntegra en caso de que haya desempleados sin prestación).
Asimismo, constan rebajas para “os bens inmobles que teñen instalados sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar”, igual que para construcciones en las que se lleven a buen puerto actividades económicas y empresariales declaradas de especial interés o utilidad municipal por fomento del empleo. La séptima bonificación alude a los “bens inmobles nos que se desenvolvan actividades económicas declaradas de especial interese ou utilidade municipal por circunstancias sociais, culturais ou histórico-artísticas”, y la octava atañe a aquellos “de uso residencial destinados a alugueiro de vivenda con renda limitada”.
Esta ordenanza, que ha movilizado a los lugareños en las redes sociales, va a entrar en vigor el 1 de enero del próximo año 2022.