Investigarán ‘suplantaciones’ xalleiras y un cambio de nivel

Tenso pleno el último de Santa Comba donde se dio luz verde a la esperada comisión especial de investigación, impulsada por el no adscrito José Antonio Ucha, por la posible modificación irregular del nivel de destino en una plaza de técnico y otras ilegalidades.

La sesión ya empezaba con una advertencia de la regidora, María Pose, ante dos solicitudes para acceder a la documentación plenaria por parte de personas ajenas a la Corporación, trasladándose a las fuerzas del orden para que investigasen. Tras darse luz verde a las actas, se modificaban un par de ordenanzas para ampliar a los fines de semana el comedor sobre ruedas e introducir la gratuidad del segundo hijo en las guarderías, achacándose al anterior alcalde, David Barbeira, que no se hiciera este trámite. Asimismo, hubo que reconocer extrajudicialmente facturas de una comercializadora de energía que contrató el exmandatario –“por ser a máis económica”, aseguró–, y que luego presentó problemas económicos, obligando a cambiarla. Y también citaron facturas de obras que tanto el ejecutivo popular como los no adscritos atribuyeron a una decisión particular del entonces regidor por CxG.

En la misma sesión se dio luz verde, igualmente, a la delegación de competencias en la alcaldía para gestionar el proyecto de renovación de las luminarias públicas, lo que supone una inversión de 1.192.000 € (que incluye la ayuda del IDAE de 954.000). Y se acordó apoyar las reivindicaciones de los vecinos contra el nuevo mapa eólico, si bien el punto más esperado fue el de la anunciada comisión de investigación.

Precisamente, Ucha abogó por extender dicha comisión a los hechos descritos al comienzo del pleno (el intento de acceso a la documentación plenaria), pero dejó claro que existían otras irregularidades previas, mencionando el informe de Intervención en el que ya se dejó claro en alegaciones a los presupuestos que “en ningún caso se siguió ningún procedimiento legal” para la presunta modificación de nivel de destino de la plaza de técnico de recursos humanos, lo que a juicio de Ucha podría suponer malversación de caudales públicos, así como falsedad documental.

Pero hay más, al aludirse también a la divulgación de datos y “suplantación de identidade” de ediles y secretaria.