Medio concello se ha descargado ya el recurso contra el alza del IBI
Rozan las quince mil, incluyendo las del mes pasado // El plazo para alegar, de forma totalmente gratuita y en cualquier registro público, terminará este mes
Aunque no se puede asegurar que todos vayan a interponer recurso, ni que la totalidad residan en Ames, lo cierto es que el modelo de reposición para alegar contra la subida del IBI del 0,44 al 0,5 % suma ya casi 15.000 descargas en un municipio con un censo de 32.000 habitantes. Porque, como apuntaba el exportavoz del PP, partido que ofrece en sus redes y web el modelo, están en juego alrededor de 800.000 euros.
Este porcentaje al alza, que el tripartito justifica para poder ofrecer servicios de calidad, choca por contra con una situación económica que ha complicado la pandemia. Y es que, si bien para la mayoría de los hogares supone un incremento de entre 20 y 60 euros (un 13 por ciento más de lo que pagaban antes), hay empresas con muchos metros cuadrados de superficie que ya han abonado en torno a mil euros.
En cuanto a plazos, los interesados han de apurar, ya que vence este mes, si bien no han de desplazarse hasta la Diputación de A Coruña, que tiene delegado el cobro del recibo, pudiendo echar mano de los registros municipales. Además, el recurso es totalmente gratuito.
Es preciso recordar la génesis de este incremento, que se llevó a pleno en diciembre de 2019 para materializar el alza... pero sin la presencia de concejales del Partido Popular. Entonces la alcaldía no pudo acreditar su intento para citar a los seis ediles de esa formación, optando por celebrar la sesión sin ellos y dando por bueno el incremento.
Sin embargo, los populares recurrieron al contencioso y el 22 de septiembre de 2020 se declaraba nulo el acuerdo plenario al vulnerar la Constitución (art. 23). El tripartito, por su parte, anunció el 1 de octubre de 2020 que iba a apelar ante el Tribunal Superior de Xustiza tal pronunciamiento, pero no fueron capaces de anularlo. Al mismo tiempo, el día 15 de ese mismo mes se convoca un nuevo pleno que materializa la subida al 0,5 %, volviéndose a publicar la ordenanza ya anulada.
Según la oposición, se trataba de una maniobra de distracción al ciudadano, ya que “sabían que unha vez vencidos os prazos para recorrer, comprendidos entre os días 21 de outubro e 21 de novembro de 2020” los administrados tendrían que pagar, una auténtica actuación de ingeniería legal que apenas sortearon algunos lugareños bien asesorados, y que fue posible tras pedir el Concello un informe privado externo en tal sentido.
A su vez, el ejecutivo local publicaba una batería de bonificaciones con la intención de paliar los efectos de su medida, y que estaban centradas en los “inmobles que constitúan o obxecto da actividade de empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria”, así como en las viviendas de protección oficial o equiparables o sobre las construcciones en las que se desarrollen actividades agrarias, ganaderas o forestales declaradas de especial interés o utilidad municipal.
También tendrán una reducción del 90 % (en caso de que cuenten con desempleados sin prestación) las familias numerosas, e incluyeron rebajas para inmuebles que tengan “sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar”, igual que para construcciones en las que se lleven a buen puerto actividades económicas y empresariales declaradas de especial interés o utilidad municipal por fomento del empleo, así como viviendas destinadas al alquiler con renta limitada.