Batacazo judicial para la Xunta que anula el certificado COVID en bares
El Gobierno gallego pedirá al TSXG que ratifique su obligatoriedad // La oposición tilda el hecho de “chapuza” // Hosteleros difieren tras los autos
La norma instaurada por la Xunta que hace obligatorio presentar un certificado COVID-19 para entrar en ciertos establecimientos hosteleros de la comunidad (los presentes en aquellos concellos en nivel máximo o alto de restricciones) no ha sido autorizada judicialmente y, por lo tanto, carece de vigencia: hasta la fecha, ningún documento es necesario.
Así lo avanzó este jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuyos magistrados indicaron en dos autos que el Gobierno autonómico solo les remitió la orden del 21 de julio para ser aprobada. En la misma únicamente constaban las medidas preventivas frente al virus, como la limitación de grupos sociales (seis en interiores y 10 en exteriores), algo a lo que dieron su visto bueno, según recogió la prensa entonces.
Sin embargo, conforme manifiestan los jueces, la orden del 22 de julio, que contenía el requerimiento de presentar el certificado COVID-19 en los locales de hostelería y restauración, no llegó nunca. “Este anómalo proceder por parte de la Xunta indujo a confusión”, explicaron en este sentido las mencionadas autoridades mediante un comunicado.
Al respecto, añadieron que en la resolución emitida la semana pasada en la que se denegó la cautelarísima demandada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para cancelar, sin escuchar los motivos del Ejecutivo gallego, la obligación de presentar este documento “no se hizo mención alguna a las razones que se exponen en los presentes autos al dar por sentado que las medidas cuya suspensión se instaba habían sido sometidas a previa autorización por el TSXG”.
En ese auto, publicado el pasado 6 de agosto, los jueces no avalaron el requerimiento impuesto por el Gobierno autonómico, sino que, dado que la tramitación de las cautelarísimas supone no dar traslado del recurso a la Xunta, el tribunal acordó que siguiese la tramitación del proceso como una “pieza ordinaria” de medidas cautelares, con el objetivo de “no hurtar a la administración la posibilidad de hacer alegaciones”.
Es decir, una vez que el Ejecutivo gallego tuviese la posibilidad de justificar la adopción de esta nueva norma (la obligatoriedad del certificado COVID-19 en bares y restaurantes) frente al recurso interpuesto por los hosteleros lucenses (en su intención de frenarla), el TSXG tomaría una decisión sobre su procedencia, autorizándola o denegándola consecuentemente.
EL RECURSO DE SANTIAGO. Por otro lado, en los dos autos notificados este jueves, en los que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo suspende el requerimiento de presentar el certificado COVID-19, rechaza también las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Liberum y distintos locales afectados de Santiago para que se anulase dicha obligación.
Esto es así porque los magistrados entienden que la medida que instan suspender ya carece de vigencia en Galicia al no haber sido autorizada por el TSXG. Del mismo modo, según consta en la sentencia, contra los autos emitidos este jueves no cabe presentar recurso alguno y, además de a hostelería y restauración, hacen referencia al ocio nocturno.
“CHAPUZA” DE GOBIERNO. Tras el gran batacazo, las primeras reacciones no tardaron en caer del cielo y precisamente llovieron desde la oposición. “Los jueces dicen que Galicia tiene un gobierno de chapuza, que se salta los derechos fundamentales de la ciudadanía sin pedir autorización judicial”, apuntó Gonzalo Caballero, líder del PSdeG, tras conocer en profundidad la valoración publicada por el Alto Tribunal.
En declaraciones a los medios, el número uno de los socialistas gallegos instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a dejar “las vacaciones” y ponerse “a dar soluciones a los problemas de la ciudadanía gallega”. “Necesitamos un gobierno que no cree problemas, sino que los solucione, que no juegue con un sector como el de la hostelería, que lo está pasando tan mal”, dijo.
Dentro de la esfera política, también se mostró crítico Ramón Fernández, portavoz de industria del BNG, quien evidenció que los autos emitidos por el TSXG “vienen a dar la razón” tanto al sector damnificado como a su propio partido, que pedirá la convocatoria a la Diputación Permanente del Parlamento a fin de solicitar la comparecencia del mandatario gallego por lo que tildaron (otra vez) de “auténtica chapuza”.
El Bloque, que puso de manifiesto que el Gobierno autonómico sigue “en la más indignante improvisación, en la más indignante falta de sensibilidad, preocupación o empatía” con un grupo de negocios que “está siendo castigado como ningún otro” por las medidas contra la pandemia, mostró su “total apoyo” a este colectivo ante la “falta de medidas económicas” que reciben asimismo. “No puede ser que la Xunta de Feijóo cause más estragos que el propio virus”, denunció Rodríguez.
CELEBRACIÓN PERO PREOCUPACIÓN EN LA HOSTELERÍA. En el sector hostelero también se sucedieron las opiniones, siendo los compostelanos quienes primero reaccionaron tras mostrar su felicidad por los autos emitidos por el Alto Tribunal contra una medida que tacharon de “ilegal”, aun lamentando que la misma haya estado vigente durante tres semanas, concretamente desde el pasado 24 de julio.
No obstante, lejos de dejar pasar el “perjuicio incalculable” que, acusan, ha provocado dicha norma en restauración, alojamientos, proveedores, ocio nocturno, bares y demás locales, avanzaron que demandarán un plan de indemnizaciones al Ejecutivo Gallego para compensarlo.
Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, reconoció “cierta satisfacción” ante la resolución judicial, pues “pedir el certificado era engorroso y complicado de cumplir”, aunque mostró su preocupación por el futuro que les espera.
“Nunca nos ha gustado la medida, aunque nuestra prioridad es seguir abiertos y ahora veremos qué pasa”, resaltó Ballesteros en sintonía con Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, quien sin embargo se mostró más tajante: “Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren”.
LA PRIMERA VEZ: “la xunta solicitará la ratificación del certificado covid”. Dicen que siempre hay primeras veces y esta lo fue: la de este jueves ha sido la única ocasión en la que el TSXG ha tumbado una medida antiCOVID instaurada por la Xunta. Es difícil de creer, al menos tras las sensaciones que Feijóo dejó en una entrevista concedida a Europa Press días antes de este asombrante veredicto.
“Nosotros hemos consultado con la Asesoría Xurídica y entendemos que la ley general de sanidad y, además, la ley de pandemias gallega, posibilitan que adoptemos esa decisión sin un amparo judicial previo”, explicó durante la misma, recalcando que era la vía más efectiva para que los locales (hostelería, restauración y ocio nocturno) en zonas de riesgo elevado pudieran seguir trabajando sin nuevos contratiempos.
El de Os Peares, quien además de reiterar que no tenía dudas jurídicas en cuanto a la obligación del documento para acceder a los establecimientos referidos, defendió que se analizase el uso del mecanismo para el conjunto estatal en la cumbre de presidentes de Salamanca, no se pronunció al respecto este jueves.
Sí lo hizo la Consellería de Sanidade por medio de un comunicado en el cual avanzó que solicitará al TSXG “a ratificación do requisito do certificado COVID para a entrada na hostelería nos niveis máis altos de restriccións”, algo que consideran que procede realizar cuanto antes para evitar dudas “en relación coa vixencia e eficacia destes certificados e fomentar así a seguridade xurídica”.
Indicando que dicha autorización podrá ser solicitada este viernes por la mañana para “obter o criterio do TSXG de xeito inmediato”, desde el departamento autonómico apuntaron que “a Xunta entendeu que as medidas en cuestión non afectan a dereitos fundamentais” y recordaron que “o seu empeño é garantir o libre exercicio destas actividades económicas, compatibilizándoo coa maior seguridade sanitaria posible”.
Finalmente, indicaron que el citado documento “permitiu a apertura dos interiores da hostelería e restauración en situacións en que antes estaban pechados” y señalaron que la imposición del certificado COVID-19 se basa en el artículo 38.1, “Medidas preventivas en materia de saúde pública”, de la Lei de Saúde Pública.
Un total de 18.177.202 certificados COVID-19 fueron expedidos en España hasta la fecha. El sistema que facilita la circulación entre los países europeos (a través de un código QR que acredita que el portador ha sido vacunado, superó la enfermedad o cuenta con un test negativo) sigue expandiéndose.
Todas las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla están ya en disposición de emitir el citado documento en sus tres modalidades, según indica el Ministerio de Sanidad, y, por el momento, de los 18.177.202 expedidos, 17.361.058 son de vacunación, 400.522 de recuperación y 415.622 de prueba.
las autonomías que más certificados han emitido en relación a su población son Canarias (el 57 % de sus ciudadanos ya tiene certificado), Galicia (55 %) y Cataluña (52 %). Por el contrario, la que menos es Madrid (con únicamente un 16 %).
Otros 23.340 jóvenes de 20 a 29 años cuentan con una dosis contra la COVID-19 en Galicia, donde la campaña de inoculación siguió avanzando este jueves. Como consta en la última actualización publicada por la Consellería de Sanidade, dicho grupo de edad (el de los veinteañeros) tiene entre sus filas al 68% de sus integrantes con al menos una inyección.
Paralelamente, más del 74% de la población diana de nuestra autonomía, concretamente 1.813.251 personas, han finalizado ya la pauta contra el coronavirus: casi tres de cada cuatro gallegos. De igual forma, más del 84% de la población diana, un conjunto de 2.079.179 personas, han recibido un pinchazo como mínimo: sobre nueve de cada 10 gallegos.
Vigo. “Las vacunas actuales protegen muy bien frente al desarrollo de COVID grave” si bien es cierto que “no podemos todavía establecer una cifra clara de porcentaje de población que necesitamos vacunar para que la pandemia llegue a su fin”. Así lo indicó este jueves el doctor José Luis Lamas, internista del hospital Povisa (Vigo) e integrante de la Sociedade Galega de Medicina Interna (Sogami).
Dando respuesta a un conjunto de preguntas, planteadas en torno a las vacunas frente al coronavirus y plasmadas en un comunicado dirigido a los medios, el especialista sanitario habló en primer lugar sobre la hipotética inoculación de los más pequeños, resaltando que “los menores de 12 años, igual que los adolescentes, tienen muy bajo riesgo de complicaciones si se infectan por el virus, desarrollando infecciones habitualmente leves o asintomáticas” pero si los ensayos clínicos demuestran, como es de esperar, que en ellos las inyecciones hacen bajar “el riesgo de infección y el desarrollo de enfermedad grave con efectos secundarios menores estará justificada su utilización”.
No obstante, y por ahora, el doctor cree que la prioridad debe ser completar la campaña de vacunación en las indicaciones que por el momento se han autorizado para las vacunas frente al SARS -CoV -2, incluyendo en consecuencia a los adolescentes de 12 a 15 años, para los que “la EMA ha aprobado el uso de las vacunas de ARNm”.
Sobre por qué es necesario vacunar al 90% de la población (y no al 70% como se decía antes) a la hora de obtener la famosa inmunidad rebaño, José Luis Lamas destacó que dicho porcentaje “depende de varios factores” siendo el más importante “la capacidad de transmisión del virus, que como sabemos se ha incrementado con la llegada de la variante Delta, la cual es actualmente predominante”.
Precisamente “el aumento en la transmisibilidad de la infección por parte de esta variante hace que el porcentaje de población vacunada tenga que ser necesariamente mayor”, dijo además, señalando que “otro factor importante es la capacidad de las distintas vacunas de impedir la transmisión del virus”
“Es indiscutible que las vacunas están funcionando de forma excelente para disminuir el riesgo de infección sintomática y de infección grave. Sin embargo, la capacidad de las vacunas actuales para bloquear la transmisión del virus de forma asintomática parece menor, con diferencias importantes entre distintos estudios”, manifestó asimismo, añadiendo que “todavía no conocemos la duración de la inmunidad generada por las vacunas actuales” y, por ello, piensa que “no podemos todavía establecer una cifra clara de porcentaje de población que necesitamos vacunar para que la pandemia llegue a su fin”.
Ya por último, y enlazando con lo anterior, en cuanto a la necesidad de una tercera dosis para protegernos de forma eficaz, José Luis Lamas indicó al respecto que “existen estudios en los que se ha evaluado la inmunogenicidad de una tercera dosis de vacuna, consiguiéndose con esta estrategia títulos de anticuerpos neutralizantes muy superiores a los que presentan las personas con solo dos dosis”, apuntando posteriormente que “es probable que sea necesaria, al menos en población de mayor riesgo para el desarrollo de COVID -19 grave, pero esto habrá que confirmarlo en ensayos clínicos”. R. PONTE