Unos 300.000 gallegos, principalmente mujeres, se beneficiarían de la reforma de pensiones
La líder de CCOO en Galicia, Amelia Pérez, expresa su esperanza de que esa reforma sea aprobada para "corregir las desigualdades"

Imagen de una pareja de jubilados paseando / Esteban Delaiglesia
EFE
Unos 300.000 gallegos, principalmente mujeres, se podrán beneficiar de la reforma de la financiación del sistema público de pensiones que será debatida en el Congreso de los Diputados el próximo jueves, informaron este jueves representantes del sindicato CCOO. La líder de CCOO en Galicia, Amelia Pérez, acompañada de la secretaria de política social, Maica Bouza y de uno de los negociadores del acuerdo por parte de esa organización, Carlos Bravo, expresó en una conferencia de prensa su esperanza de que esa reforma sea aprobada para "corregir las desigualdades". Según cálculos de Bouza, de ser adoptada, "la reforma de las pensiones beneficiará a unas 300.000 personas en Galicia", un 65% de ellas mujeres.
Las medidas previstas en el texto mejorarán la situación de unas 200.000 personas que cobran pensiones mínimas contributivas, unas 37.000 que perciben otras financiadas directamente por el Gobierno y otras 34.000 de complemento derivado de la brecha de género, indicó la representante sindical. Bouza destacó que en Galicia hay unos 700.000 pensionistas, pero observó que es la segunda comunidad en el orden de las pensiones más bajas del Estado, con unos ingresos que representan un 85 % de la media de España.
Por su parte, Bravo señaló que la propuesta de reforma, en la que participó en la elaboración del texto que será examinado por el Congreso de los Diputados, rompe con el sistema anterior de "recortes del gasto y disminución de la protección social".
El nuevo mecanismo pretende "incrementar los ingresos" con el fin de hacer frente a un previsible aumento de pensionistas en los próximos años que van a llevar de los 12 o 13 puntos del producto interior bruto (PIB) actual a unos 15 o 16 puntos del PIB a mediados de este siglo, comentó Bravo, secretario confederal de política social de CCOO y negociador del acuerdo.
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