UUAA, convencida de que la Audiencia Nacional ratificará la existencia del “cártel de la leche”

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de la que forma parte Unións Agrarias (UUAA) se desplazó en el día de ayer a Madrid para declarar en la Audiencia Nacional en el caso del “cártel de la leche”. Un procedimiento al que, de la mano del sindicato agrario gallego, se han sumado ya 5.000 ganaderos de la comunidad y en el que Roberto García, secretario general de UUAA mostró su convencimiento que ratificará la existencia del “cártel de la leche”.

El proceso afecta a un grupo de ocho compañías (Pascual, Danone, Puleva, Capsa grupo en el que se encuentra Central Lechera Asturiana-, Nestlé, Lactalis, Celega y Schreiber) y dos asociaciones lácteas (Aelga y Gil) que, según reconoció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –que les impuso una sanción de 80,6 millones de euros– se pusieron de acuerdo para pactar precios a la baja, al menos durante trece años, entre 2000 y 2013.

El asunto llega ahora a la Audiencia Nacional, despues de que esas empresas pidieran al tribunal que anule la sanción de la CNMC, alegando que no hay pruebas sobre un presunto intercambio de información sobre precios.

Los sindicatos, por su parte, denuncian “un empobrecimiento de más de 2.600 millones de euros que han quedado en manos de la industria”, además del cierre de sus explotaciones por parte de 50.000 ganaderos “como consecuencia de este tipo de proceder, algo todavía más grave e irreparable”, denunció Roberto García, minutos antes de su declaración en sede judicial.

A la espera de la confirmación

Una vez que la Audiencia Nacional ratifique la existencia del denominado “cártel de la leche”, así como la multa que la CNMC le impuso a estas ocho empresas y dos asociaciones en el mes de julio de 2019, tal y como aguardan los sindicatos, la aventura judicial no habrá hecho más que empezar.

Como explicó, Roberto García, será entonces cuando la Unión de Pequeños Agricultores inicie el proceso de reclamación de las cantidades impagadas en el precio de la leche a sus más de 7.000 ganaderos asociados. Tanto para estas nuevas diligencias como para el proceso ya en marcha en la Audiencia Nacional, los sindicatos agrarios han contratado a la conocida empresa de servicios jurídicos especializada en demandas masivas y grandes litigios, Eskariam.

Unas cuantías que, según las tasaciones realizadas por este despacho, se encuentran entre un 10 y un 15 por ciento del precio, más los intereses de demora desde el año 2000, que pueden acercarse a los 600 millones de euros. De este modo, en caso de confirmarse el cártel, se habrá acabado la posibilidad de llegar a un acuerdo con la propia industria, y serán los juzgados de lo mercantil y los despachos de abogados los que cuantifiquen de manera personal e individual con cuánto se tiene que indemnizar a cada uno de estos ganaderos.

Unas reclamaciones individuales, que, según expuso García, no están en ningún caso condicionadas por un posible recurso de las empresas y asociaciones al veredicto que finalmente emita la Audiencia Nacional.

“Tenemos ya en este momento 12 demandas interpuestas, antes de que salga la primera resolución. Somos conscientes de que por razones estratégicas, la industria recurrirá incluso hasta Europa”, explicó García.

Un proceder que considera “un error estratégico” ya que en caso de haber una sentencia de la Audiencia confirmando el cártel, “habrá un efecto llamada sobre esos más de 50.000 ganaderos que se vieron perjudicados y a día de hoy todavía no han reclamado. De modo que es muy probable que la cifra de reclamaciones se multiplique “por dos o por tres”, avisó García.

Nueva cartelización y situación en Galicia

Roberto García aprovechó su comparecencia ante los medios previa a su declaración para denunciar que esta manera de actuar por parte de la industria no está ni mucho menos superada. “En el mes de mayo vimos como la industria de forma coordinada puso en marcha una nueva bajada de precios. Sin mediar razones de mercado, ya que al consumidor no le ha bajado el precio ni al ganadero los costes de producción”, confesó el secretario general del sindicato agrario gallego.

En la comunidad que continúa siendo una potencia en el sector lácteo dentro del Estado, acumulando más del 55% de los ganaderos y alrededor de un 40% de la producción de leche cruda, toda esta situación produjo “una reconversión brutal”. Las cifras así lo demuestran, pues si en el inicio del siglo XXI, Galicia contaba con unas 35.000 explotaciones, en la actualidad estas se cifran en apenas 6.000.

Son 5.025 los ganaderos gallegos que bajo el amparo de UUAA han reclamado ante la Audiencia Nacional. Esto supone el requerimiento de 800 millones de euros por las cuantías impagadas por la industria y más de 250 millones por los intereses de demora.

Sin embargo, tal y como explicó García, “se trata de una parte muy pequeña, al existir otros 29.000 ganaderos gallegos que todavía tienen derecho a reclamar”. Y es que una vez exista sentencia, y tal y como reconoció el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea (TJUE) la prescripción del asunto no llegaría hasta pasados cinco años.

Es por todo ello que los sindicatos no entienden que la industria, que necesita de los ganaderos para su subsistencia, “no esté buscando una solución consensuada con el colectivo que pudiera suponer una indemnización aplazada en el tiempo, que no reventara las cuentas de las pequeñas industrias que hay en Galicia, y sobre todo evitara este proceso costoso”, sentenció el secretario general del sindicato agrario, que entiende que la industria está optando por demorar el proceso.