La eólica tendrá que duplicar su producción para blindar el futuro industrial de Galicia

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) está “preocupada” por el frenazo que sufrió la implantación de nuevos parques y reivindica un “pacto social urgente” por la energía en línea con las necesidades industriales y con las directrices europeas, cuyas normas hablan de acelerar los procesos de concesión de permiso, considerar los proyectos de renovables como un interés público superior y una mayor integración de las redes energéticas.

En este contexto, indicó este martes en rueda de prensa celebrada en Santiago el presidente de esta patronal, Manel Pazo, la comunidad necesitará 8.000 GW/h adicionales, prácticamente duplicar la producción actual del sector, para responder a la electrificación de la economía y a nuevos proyectos industriales. En concreto, dijo, en la autonomía hay 32 proyectos industriales “relevantes”que supondrán 6.328 millones de euros de inversión y la creación de más de 14.000 empleos, entre directos e indirectos.

Pazo, que presentó las conclusiones de un estudio elaborado por Deloitte Consulting con datos cerrados de 2022, detalló que entre estos 32 planes se encuentran 18 que fueron declarados proyectos industriales estratégicos o iniciativas empresariales prioritarias. Entre todos se incluyen actuuaciones en los sectores de fabricación de biocarburantes, fabricación de hidrógeno o amoníaco, aprovechamiento de residuos, químico y farmacéutico, alimentación, manufacturas y logístico.

De acuerdo con los datos, en la actualidad se encuentran autorizados por Xunta y Gobierno central, pero pendientes de puesta en marcha, 3.381 MW. Pazos ha concretado que 2.687,6 MW están autorizados por la Xunta en 122 proyectos y otros 298 MW cuentan con declaración ambiental pero siguen sin autorización. Mientras, el Estado tiene autorizados unos 600 MW. Sin embargo, “las paralizaciones judiciales y la presión de algunas plataformas” están poniendo en peligro muchos de estos proyectos , denuncia la patronal.

Actualmente, Galicia cuenta con 183 parques eólicos, con una potencia instalada de 3.907 MW, un 13% del total nacional. Con todo, la patronal denuncia que en los últimos cinco años se instalaron únicamente 510 MW. En 2022 apenas se instalaron 28 MW. Los motivos, señalan, son “la moratoria, los retrasos en los procesos de tramitación, la judicialización, y la aparición de un rechazo social poco racional”

“Estas industrias necesitan para su funcionamiento nueva energía renovable a un precio competitivo y sostenible a largo plazo, al que contemplan los contratos conocidos como PPA, algunos ya firmados”, resalta la asociación eólica, que deja a un lado la energía que necesitará Alcoa a partir del año que viene. De este modo, constata que hay “empresas necesitadas” de esos acuerdos de compraventa de energía a largo plazo y ve necesario “que se desatasque este proceso”, pues “el compromiso está, pero al no saber cuándo se puede empezar a producir o instalar el proyecto no se acaba de cerrar”, debido a la “incertidumbre” por la escalada de precios, que “hace que quieras firmar un PPA y no lo acabes de firmar”.

La generación eólica, subrayaron, aporta 923 millones de euros al PIB de Galicia (1,6%) y una recaudación fiscal directa de más de 100 millones euros. En la actualidad, recuerda EGA, genera 5.494 empleos y si se mantuviese un ritmo de instalación de potencia medio en los próximos años de 400-500 MW/anuales, en una década, podrían generarse entre 1.840 y 2.950 nuevos empleos estables. Entre las conclusiones del estudio figura además que la la generación eólica evitó la emisión de más de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono, cuyo valor de mercado era 365 millones de euros.

Pendientes del Supremo

Ya al margen de las cifras, a preguntas de la prensa Manuel Pazo aseguró que la asociación espera que el Tribunal Supremo se pronuncie a final de este año sobre el fondo del asunto que llevó a la anulación y suspensión cautelar de parques en Galicia, criticando la “inquina” que lleva a “los mismos grupos” a interponer “las mismas alegaciones” a diferentes proyectos.

La patronal ve “bastante sorprendente” lo que ocurre desde hace meses, después de 25 años de tramitaciones, y señala que “lo que da inseguridad es la interpretación de una norma comunitaria” que se hace ahora, sobre los tiempos de exposición pública y los informes correspondientes. “Lo que se está haciendo en Galicia no se hace en el resto del Estado”, advierte.

El presidente de la patronal señala dos cuestiones “que pueden ayudar” a los promotores eólicos: la primera este pronunciamiento del Supremo y la segunda la nueva normativa comunitaria “que declara de interés general especial o urgente sobre el interés muchas veces medioambiental” las iniciativas del sector. En concreto, EGA espera el pronunciamiento en relación con el recurso interpuesto tanto por la asociación como por la Xunta contra la anulación del acuerdo del Consello que aprobó la repotenciación del parque de Corme, de EDP.

Finalmtente, Pazo afirmó que tiene sus “dudas” sobre que la sociedad público-privada que impulsa la Xunta en el sector “funcione bien”. “Mi experiencia, salvo Sotavento, con los parques eólicos municipales no fueron adelante”, reflexionó, apuntando a la capacidad de deuda de la administración pública como uno de los elementos a tener en cuenta, así como las infraestructuras. En su opinión, para salvar el rechazo social, sería preferible “atar más a las empresas” con “más impuestos o lo que sea”, por ejemplo “más actividades sociales o culturales”.