Energía

Todos los frentes abiertos de Naturgy

El grupo energético comandado por Francisco Reynés afronta su plan de crecimiento y una reorganización histórica con su división en dos sociedades, de momento encallada, en medio de una gobernanza compleja por el equilibrio de los diferentes perfiles e intereses de sus grandes accionistas

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. / Activos

David Page

Naturgy se está acostumbrando a vivir en una agitación casi permanente. Al margen del terremoto de la crisis energética que sacudió los cimientos de todo el sector, la mayor gasista española y la tercera mayor eléctrica se ha abrazado en los últimos años al frenesí de cambiar de nombre, acoger a nuevos grandes accionistas, mudar su sede social de Barcelona a Madrid, armar un nuevo orden en su consejo, reinventar su gobierno corporativo (acaba de quedarse a las puertas de volver a hacerlo), lanzar tres planes industriales de futuro e incluso explorar una reorganización histórica de tanto calado como dividirse en dos compañías.

Todo en apenas un lustro. Y casi todo condicionado por la compleja gobernanza que genera el diferente perfil de sus grandes accionistas: un grupo español con vocación industrial y permanencia (CriteriaCaixa, el holding inversor de la Fundación LaCaixa, con el 26,7% del capital) y tres fondos de inversión extranjeros (el británico CVC, con el 20,7%; el estadounidense GIP, con el 20,6%, y el australiano IFM, con el 14,5%). Distintos perfiles y distintas sensibilidades estratégicas sobre cómo impulsar el valor de la compañía energética, pero tan condenados a entenderse que lo han ido consiguiendo.

La transformación del grupo -con avances proactivos y otros de adaptación forzada al contexto económico, al escenario político y regulatorio, y también a las cuestiones estrictamente corporativas, en clave interna- sigue con varios frentes estratégicos abiertos a los que la dirección de la compañía, comandada por su presidente ejecutivo, Francisco Reynés -en el cargo durante este intenso lustro-, todavía tiene que dar respuesta y emplearse en desmadejar.

Giro en suspenso

Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, abrió el año pasado la que buscaba ser una reinvención histórica. El grupo anunció por sorpresa su decisión de impulsar su escisión en dos sociedades cotizadas, una para agrupar los negocios regulados de la compañía (las redes de gas y electricidad) y otra que asumiría toda la actividad liberalizada (con las plantas de generación convencional y las renovables y también el negocio de comercialización). Un enorme spin-off de más de 40.000 millones de euros, sumando la capitalización bursátil (más de 25.000 millones) y la deuda del grupo (16.000 millones).

El anuncio, sin embargo, no pudo llegar en peor momento. Se produjo el 10 de febrero de 2022. Dos semanas después estalló la guerra a las puertas de Europa con la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia y agudizó la convulsión que los mercados energéticos arrastraban en los meses previos. Y con ello el Proyecto Géminis -así designó la compañía la iniciativa- quedó encallado nada más nacer.

El plan inicial de la dirección del grupo pasaba por ejecutar la separación de las dos compañías de manera rápida, el objetivo era incluso formalizarla antes de que terminara 2022. Pero apenas un mes después del anuncio, a mediados de marzo del año pasado, el propio Reynés ya se mostró abierto ante la junta de accionistas a dilatar los plazos de la operación dada la extrema volatilidad de los mercados energéticos y financieros que originó la guerra.

Dos interpretaciones

El grupo defendió desde el primer momento la idoneidad y el sentido industrial del desdoblamiento en dos sociedades (lo sigue haciendo). Por un lado, la operación de separación serviría para impulsar su valor, bajo el paradigma de que uno más uno en muchas ocasiones suman más de dos en la cotización en bolsa. Por otro, porque la división en dos sociedades serviría también para impulsar su crecimiento y la inversión ligados a la transición energética, al separar negocios que se gestionan de manera diferente pero son interdependientes e imprescindibles para la descarbonización (con una firma impulsando el crecimiento en renovables y otra gestionando la modernización de unas redes necesarias para integrar las nuevas plantas verdes).

La interpretación que se da al Proyecto Géminis en los mercados financieros, en cambio, siempre ha identificado el movimiento como una vía para facilitar la salida de algunos de los grandes accionistas. El fondo GIP entró en el accionariado de Naturgy hace siete años (con la compra del 10% en manos de Repsol y de otro 10% de Criteria) y el tándem de CVC y la familia March lo hizo hace casi seis años (quedándose con el último 20% que aún tenía Repsol), con lo que se da por completado el ciclo inversor que suelen tener las participaciones de este tipo de fondos y se da por hecho el interés de ambas firmas de monetizar sus milmillonarias plusvalías latentes, tanto por la revalorización de sus paquetes (compraron a 19 euros por acción y la cotización bursátil hoy está por encima de 26 euros) como por los dividendos acumulados en este periodo. En el mercado se anticipa que GIP estaría explorando efectivamente su salida.

El caso de la gestora australiana IFM es distinto: entró en la compañía hace solo dos años con una convulsa opa parcial que fracasó (la oferta era por el 22% del capital y se quedó en el 10,8%, aunque luego ha ido aumentado su participación) que dio lugar a un choque frontal con Criteria (el holding se reforzó en el capital para entorpecerla) y que fue aprobada por el Gobierno central con estrictas condiciones para blindar la españolidad, la inversión y el empleo. IFM asegura que su vocación es de permanencia y que sus inversiones "piensan en décadas, no en años". En el mercado se cree que la entidad seguirá elevando su participación hasta superar el 17,6% que le daría derecho a pasar de uno a dos consejeros en la energética.

El plan de segregación pasa por realizar un desdoblamiento de las acciones (cada título de la Naturgy actual se convertirá en dos acciones, una en cada una de las sociedades), lo que haría que en las nuevas compañías se replicase exactamente la estructura accionarial actual. Sin embargo, fuentes financieras anticipan que este movimiento sería solo un primer paso para una reorganización posterior que permitiría ajustar mediante algún tipo de canje la exposición de cada accionista a los negocios más adaptados al perfil de cada cual: con Criteria más vinculada a los negocios regulados por su carácter estratégico para España y con los fondos volcados en los activos de producción de energía, con mayor facilidad para rentabilizarse mediante operaciones de venta o alianzas.

"A nivel estratégico, no tiene mucho sentido dividir negocios. En un mercado muy competitivo, la tendencia es hacia las fusiones para reducir costes, no a la inversa. A priori la segregación en partes destruiría valor, porque se perderían las sinergias de operar como un solo grupo", subraya Ángel Pérez, analista de Renta4. "Parece que la operación tiene motivaciones en clave interna, porque es más fácil para algunos de los fondos accionistas vendan participaciones más pequeñas que sus actuales grandes paquetes accionariales", añade el experto.

Rechazo frontal del Ejecutivo

El mayor obstáculo con que se ha topado la operación de escisión, en cualquier caso, ha sido el rechazo frontal del Gobierno central. La segregación exige la autorización expresa del Ejecutivo, que ha mostrado de manera explicita y reiterada su oposición a la división en dos compañías, hasta el punto de generar extrañeza dentro de la propia Naturgy por lo taxativo de los pronunciamientos. La operación "no es lo más aconsejable" y "posiblemente responde a motivos distintos, muy diferentes a los de mantener la inversión en transición energética", insistió hace unas semanas la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con Expansión, refrendando el persistente rechazo mantenido por el Gobierno desde que se conoció el plan y advirtiendo de que vigilará "muy de cerca" su evolución. La respuesta del presidente de Naturgy fue reclamar al Ejecutivo "libertad" para gestionar la compañía.

Pese a las reticencias evidentes del Gobierno y las dificultades que tendrá la compañía para sortearlas, Naturgy anunció el pasado julio una revisión de su plan estratégico hasta 2025 que incluye la reactivación del Proyecto Géminis. "El consejo ha constatado su sentido estratégico y ha emplazado al equipo a seguir analizando las posibles alternativas de ejecución y sus calendarios asociados", desveló el grupo, que reconoce que aún sigue siendo prematuro establecer un plazo temporal para ejecutar la segregación, pero subrayando que de facto la compañía ya funciona con una separación operativa de sus negocios entre regulados y liberalizados.

Sin embargo, algunos de los accionistas actuales de la energética admiten la dificultad de siquiera avanzar en el proceso de segregación dado el rechazo frontal manifestado por el Gobierno de Pedro Sánchez -reeditado ahora para otros cuatro años- y, además, apuntan que el mandato actual a la dirección del grupo contempla solo analizar la idoneidad de cómo y cuándo ejecutar la segregación, pero anticipando que ya se estudiará un poco más adelante la eventual aprobación de la división societaria una vez concretada la operación en detalle.

"Creemos que la probabilidad de que la operación se implemente se ha reducido significativamente, ya que carece del apoyo necesario del actual Gobierno español", advirtió hace unos meses la agencia de calificación Standard & Poor’s en un informe en que subrayó que no preveía ningún movimiento en este sentido al menos en varios años. "El mercado nunca ha dado mucha credibilidad al proyecto, fundamentalmente porque el Gobierno siempre se ha mostrado reticente", resume el analista de Renta 4.

Modelo presidencialista

Reynés llegó a la presidencia en febrero de 2018. Lo hizo con la vitola de hombre de la casa, de persona de confianza de la cúpula de CriteriaCaixa. Había sido director general del propio holding de participaciones de la Fundación LaCaixa y también principal ejecutivo de Abertis, una de sus grandes participadas, donde ya había demostrado su visión financiera y su capacidad para poner en valor la compañía (pocos meses después de su salida se cerraba la opa de ACS y Atlantia sobre el grupo de infraestructuras) y también algunas de sus partes (la venta del negocio de torres de telecomunicación de Abertis Telecom fue el germen del actual gigante Cellnex).

La llegada de Reynés supuso un cambio en la gobernanza de la compañía. Asumió la presidencia (en sustitución de Isidro Fainé, presidente de Criteria) y también todas las funciones ejecutivas (hasta entonces en manos del consejero delegado saliente, Rafael Villaseca). Un modelo de agrupación de todos los poderes en un presidente ejecutivo que es ya toda una rareza en las grandes compañías cotizadas, debido a que no se ajusta a los modelos de buenas prácticas de gobierno corporativo que exigen los fondos de inversión internacionales.

Los movimientos para revertir esta situación en Naturgy, con un plan avanzado y consensuado por los grandes accionistas para nombrar a un número dos que se repartiera el poder ejecutivo con Reynés, se convirtieron en uno de los culebrones corporativos del pasado verano. El elegido era Ignacio Gutiérrez-Orrantia, una figura clave del banco de inversión Citi en Europa, buen conocedor del funcionamiento de Naturgy por haber asesorado directamente al grupo y además de la confianza del propio Reynés. El intento de reparto de las funciones ejecutivas llegaba curiosamente solo cuatro meses después de que la junta de accionistas -y los cuatro grandes socios al unísono- apoyara la renovación de Reynés en el cargo por otros cuatro años.

Pero el esperado fichaje de un CEO se frustró a última hora. A mediados de julio, Orrantia rechazó la oferta (varias fuentes apuntan como principal causa del fiasco las diferencias sobre el reparto de funciones) y se quedó en Citi. Así, Naturgy ha congelado el proceso de nombrar a un número dos y, aunque varios accionistas ven probable que se acabará retomando en algún momento, lo cierto es que tras el revuelo los grandes socios han manifestado explícitamente su respaldo a Reynés como presidente, de momento, omnímodo de la energética.

Lo hizo primero Criteria en solitario ("Criteria, primer accionista de Naturgy, ratifica su confianza en el equipo gestor de la compañía encabezado por su presidente Francisco Reynés y apoyará sus propuestas dirigidas a poder afrontar los importantes retos de la compañía en los próximos años", proclamó el holding en un comunicado previo al consejo en que no llegó el nombramiento de Orrantia); luego, el consejo por unanimidad ("todos los representantes de los accionistas han querido ratificar su firme compromiso con el proyecto industrial de la compañía y su total confianza en el equipo directivo"), y, por último, también la gestora australiana IFM, que celebró el mes pasado en Madrid su cónclave global, e invitó a Reynés a participar como uno de los protagonistas del evento.

Nueva hoja de ruta

En el mismo consejo de administración del pasado julio para el que se esperaba el nombramiento de un CEO se aprobó una actualización del plan estratégico del grupo hasta 2025 (la tercera hoja de ruta industrial de la era Reynés, tras la de 2018 y la de 2021, que se han revisado de manera anticipada por superarse los objetivos marcados).

Después de los buenos resultados financieros obtenidos por la compañía en plena crisis energética, por encima de las expectativas, el nuevo plan revisa al alza los objetivos financieros y promete una lluvia de dividendos que contenta a todos sus accionistas, tanto a los fondos para monetizar sus inversiones como a Criteria para alimentar el presupuesto de la obra social de la Fundación LaCaixa (el año pasado percibió 311 millones y el próximo se elevarán 362 millones con la subida prevista).

El grupo aspira ahora a alcanzar un beneficio neto de 1.800 millones y un ebitda de 5.100 millones en 2025 (en ambos casos, 300 millones más que en la anterior previsión) y eleva el suelo de dividendo pasando de los 1,20 euros por acción actuales hasta los 1,40, lo que implica repartir 6.600 millones en cinco años (700 millones más que en la anterior guía).

La compañía reorganizará parte de sus inversiones, adaptando plazos por los problemas de retrasos registrados en las cadenas de suministro globales, con un montante total de 13.200 millones de euros (frente a los 14.000 millones contemplados previamente). El esfuerzo inversor se destina a reforzar su estrategia de seguir creciendo en redes y en renovables, con el objetivo de llegar a 2025 con la mitad de su capacidad de generación eléctrica instalada sea de origen renovable, hasta unos 10.000 megavatios (MW).

Transición imprescindible

Naturgy sigue defendiendo el papel del gas natural como energía de transición imprescindible hacia la descarbonización. La mayor gasista española y mayor operador de centrales de gas reivindica su papel para dar seguridad de suministro al país tanto de gas (un tercio de todas las importaciones gasistas españolas pasan por sus manos) como de electricidad (por la labor de respaldo de las centrales de ciclo combinado frente a la intermitencia de las renovables). Y en esa carrera la compañía pretende liderar en el mercado español también la revolución de los gases renovables, con dos plantas de biometano ya operativas y otra cincuentena de proyectos en diferentes fases de desarrollo, para lanzarse posteriormente también al hidrógeno verde.

Naturgy aporta más del 30% de todo el gas que llega al mercado español -actualmente transformado en gran hub gasista europeo- y la estrategia de aprovisionamiento de la compañía se ha convertido en un elemento clave de toda su operativa, volcándose en reducir la volatilidad de los precios en sus compromisos de compra con renegociaciones intensas durante toda la crisis energética.

En este ámbito, Argelia tiene un papel crucial. Con las relaciones diplomáticas entre ambos países ahora reconduciéndose tras dos años de choque frontal a cuenta de la situación del Sáhara Occidental, Naturgy sigue negociando son el gigante gasista argelino Sonatrach el precio de venta de gas para este año y el siguiente, tras pactar una subida con carácter retroactivo para todo 2022. 

Un proceso complejo y difícil para dos grupos con una relación particular por encima de los vaivenes de las crisis y muy diferente a la que tienen otros grupos energéticos internacionales: porque Sonatrach es accionista de Naturgy (con el 4,1% del capital), porque ambos son socios en el gasoducto Medgaz (la argelina, con el 51%, y la española, con el 49%) y porque el grupo español lleva más de 25 años como comprador de gas argelino y aún le une un contrato de suministro hasta 2030 (a razón de unos 5.000 millones de metros cúbicos de gas cada año), clave para la seguridad de suministro de España.