Soluciones políticas (II): Administración única y servicios esenciales
Los bachilleres de nuestra generación (postguerra) no éramos más listos que los actuales, pero sabíamos que los ríos Syr Daria (2.212 kms) y Amu Daria (1450) atravesaban las estepas y desiertos asiáticos del Turkestan y Uzbekistan, fertilizando las tierras ribereñas, para desembocar en el mar Aral. Refiere R. Kapuscinski (El Imperio), que más de 3 millones de habitantes vivían directamente de sus frutos e indirectamente 32 millones. Los burócratas de Moscú, antes de la caída del comunismo, llenaron aquellas tierras de profundos surcos, a modo de canales, para convertirlas en extensos campos de cultivo de algodón, destinado a las fábricas moscovitas. El desierto se tragó aquellos grandes ríos y emergieron los fondos salitrosos de la estepa. El Aral se redujo a la mitad y perdió su riqueza piscícola. La población tuvo que emigrar. Los que se quedaron fueron presa de enfermedades y penurias de todo tipo. El desastre fue total.
El ejemplo, como todo en la desaparecida URSS, resulta extremo, pero sirve para ilustrar, entre otros aspectos perversos, las inconveniencias de una estructura centralista del Estado, mucho más si está regida por indocumentados.Perdone el amable lector por citarnos a nosotros mismos (Suplemento del Correo de 7 de marzo), pero nos parece bien claro que el orden político tiene que construirse desde abajo. Pero nuestros más de 10 mil municipios resultan altamente disfuncionales. No encuentran atención adecuada las necesidades más básicas de los ciudadanos: la vivienda, el empleo, el medio ambiente, ni los grandes servicios públicos, singularmente la Educación y la Sanidad. De ahí la urgencia de la comarcalización municipal. España no da para más de 300 Ayuntamientos.
Son muchas las ventajas de unos municipios de dimensión comarcal. No podemos seguir con un modelo de desarrollo que produce un creciente éxodo de gentes de las zonas rurales y pequeñas localidades urbanas hacia las grandes capitales. Pero si dichos servicios se ubican en las Comarcas, ya no tendría sentido abandonar el propio habitat, y se abriría la solución para muchos problemas, empezando por el de la vivienda. Los Ayuntamientos no pueden tener como objetivo ni contribuir al encarecimiento del suelo urbanizable ni a la continua promoción de grandes bloques de viviendas, para llenar sus arcas. El suelo está al servicio, ante todo, de las viviendas familiares, del asentamiento de centros de trabajo y de los servicios básicos, sean de promoción pública o privada. Las actuales construcciones, con todo el confort con que se las quiera presentar, no dejan de ser jaulas humanas que impiden el desarrollo familiar. Además, es urgente poner freno a la reclusión de nuestros mayores en residencias para la tercera edad. Tales residencias, en todo caso, serán para los que carecen de familia. Nuestros abuelos tienen derecho a vivir en su propia familia, en viviendas de dimensión adecuada. La ampliación del espacio municipal produciría otras muchas consecuencias favorables. Facilitaría el acceso a las Comarcas de centros educativos y sanitarios de promoción privada, ampliando la irrenunciable libertad de elección. También podrían los Ayuntamientos ejercer competencias en materia de empleo y formación profesional, asignaturas pendientes en España, y asumir la ejecución de las políticas propias del Estado y las Comunidades Regionales. Esto último nos lleva al tema de la Administración Única.
Administración Única no quiere decir exclusiva en todo el territorio del Estado, sino única para cada ámbito: municipal, regional o nacional. Y cada Administración no tiene necesidad de desdoblarse hacia sus respectivas periferias, salvo estructuras fundamentales del Estado global, como la Justicia, el Ejército y la Policía. A este respecto, no tiene sentido la existencia de Tribunales Superiores de Justicia, ni de Policías integrales en las Regiones, aunque una Policía Única es compatible con Policías regionales y locales colaboradoras y de limitadas competencias. En un orden político construido desde abajo, las políticas generales se ejecutan en el ámbito que corresponda. No son necesarias Delegaciones periféricas. Tendríamos, así, Administraciones Públicas relativamente más pequeñas y eficaces, que impiden la burocratización del orden social.
De lo que venimos diciendo, en este y anteriores escritos, sobre un orden político foral -además de otras medidas, como la supresión de organismos innecesarios (Senado, Parlamentos legislativos regionales, Defensores del Pueblo, Delegaciones del Gobierno, Tribunal Constitucional, Tribunales Superiores de Justicia, determinadas empresas públicas y entes similares...)-, deducirá el lector que obtendríamos una drástica reducción del gasto que produce nuestro desmesurado aparato público. Aun bajando sustancialmente la actual carga tributaria a personas y empresas, se conseguirían Presupuestos con capacidad de superávit suficiente para amortizar una deuda, que estrangula nuestra economía, en un plazo razonable. El Estado centralista y uniformista no cesa de expansionarse, invadiendo el espacio propio de la sociedad civil. Algunos podrían argüir que el nuestro es un Estado autonómico, no centralista, pero las Autonomías, tal como están configuradas, no son otra cosa que una reduplicación del Estado central, constituyendo un nuevo centralismo, agudizado por el “Estado de partido” imperante. Y en vez de ser la democracia un gobierno de todos, termina siendo un gobierno de uno y la camarilla partidista que le rodea.
(*) Exprofesor de la Universidad de Navarra y exsecretario General de la Delegación del Gobierno.