Tribunales

La magistrada del caso Mediador pide a las partes prorrogar la instrucción otros 6 meses

Ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre una nueva prórroga de seis meses, una petición que ha sustanciado en el hecho de que quedan diligencias por practicar e informes pendientes de aportar por parte de las unidades investigadoras y de la Intervención General del Estado

Juan Bernardo Fuentes Curbelo ‘tito Berni’, uno de los cabecillas del ‘caso Mediador’, tras declarar ante la juez.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo ‘tito Berni’, uno de los cabecillas del ‘caso Mediador’, tras declarar ante la juez. / C.W.L. M. REYES

C. E. P.

La magistrada instructora del "caso Mediador" ha citado para el 19 de julio a la interventora general del Gobierno de Canarias para que preste declaración en calidad de testigo, al tiempo que ha pedido a las partes personadas que se pronuncien sobre una prórroga de 6 meses en la instrucción.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la magistrada instructora ha realizado esta petición a las partes personadas en la investigación ante el vencimiento de la prórroga en la instrucción, también fijada en seis meses y próxima a concluir.

Por ello ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre una nueva prórroga de seis meses, una petición que ha sustanciado en el hecho de que quedan diligencias por practicar e informes pendientes de aportar por parte de las unidades investigadoras y de la Intervención General del Estado.

Diversas detenciones

El caso Mediador se dio a conocer el pasado mes de febrero cuando se realizaron diversas detenciones en relación con una trama supuestamente organizada para ofrecer ventajas a empresarios del sector agrario en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas.

Esta trama estaba supuestamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno canario, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas y el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien actuaba como intermediario y dio nombre al caso.