DEBATE DE LA COMUNIDAD

Andalucía restringirá el móvil en el aula y prohibirá la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores

Moreno mira al pacto del PSOE y Junts al encarar el principal problema en su gestión: “¿Se imaginan lo que podríamos hacer con los 50.000 millones pactados con Cataluña para mejorar la sanidad?”

El presidente Juan Manuel Moreno se dirige al debate de la comunidad junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

El presidente Juan Manuel Moreno se dirige al debate de la comunidad junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. / Francisco J. Olmo / EP

Isabel Morillo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, afronta en el Parlamento el primer debate sobre el estado de la comunidad desde que ganó con mayoría absoluta en junio de 2022 y en su intervención ha aprovechado para desplegar el compromiso de medidas de contenido más social, en mitad de un ambiente político de crispación y enfrentamiento con el Gobierno de la nación por el pacto de investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes.

Moreno ha anunciado que la Junta de Andalucía restringirá el uso de móviles en las aulas andaluzas y ha mostrado el compromiso de su gobierno para acatar todas las propuestas que surjan en el grupo de trabajo contra el acceso de menores a la pornografía infantil que trabaja en la Cámara. Los menores españoles acceden a esos contenidos cada vez más pronto, entre los 9 y 11 años, según los últimos estudios.

Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que vetó en 2014 el uso del móvil en centros educativos y después se le sumaron Galicia y Madrid. Ahora seguirá ese camino Andalucía, donde hasta ahora se dejaba en manos de los colegios e institutos tomar esa decisión sobre el uso de dispositivos móviles. En el entorno europeo países como Francia, Finlandia, Países Bajos y numerosos colegios del Reino Unido impiden ya el empleo de móviles en las aulas por entender que es perjudicial para los menores.

El presidente de la Junta abordó el que es ahora mismo el principal punto negro en su gestión, la sanidad pública, mirando a Cataluña y al acuerdo de Pedro Sánchez con Junts y ERC. "¿Se imaginan lo que podríamos hacer en Andalucía con los 50.000 M de euros que se han pactado solo para Cataluña? ¿Se imaginan lo que podríamos hacer con 50.000 M para mejorar la sanidad?", sostuvo en la tribuna andaluza. Moreno defendió, tras aflorar un empeoramiento en los tiempos de espera de los andaluces, que encabezan ahora mismo las listas en España, que los problemas "no son exclusivos" de la comuinidad "ni mucho menos aquí se gestiona peor".

Bebidas energéticas

La Junta de Andalucía se compromete a elaborar un plan de prevención de adicciones en la infancia y la adolescencia y comenzará en 2024 mirando a las adicciones a móviles, bebidas energéticas y vapeadores, cuya venta se prohibirá en la comunidad para menores. Fue la Xunta de Galicia la primera en prohibir que se vendan ese tipo de bebidas, desaconsejadas por la Asociación Española de Pediatría y el Ministerio de Sanidad. Tras Galicia, Andalucía se suma a otras comunidades que estudian ya como regular este producto, lo hacen Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

El Gobierno andaluz regulará también, dentro del capítulo de la dependencia, la figura del asistente a los enfermos de ELA, Un proyecto piloto que contará con 3 millones de euros y que se estrenará para ayudar a los enfermos de ELA y sus familias. Una enfermedad que afecta a más de 800 pacientes en la comunidad y a unos 4.000 en España, con una incidencia de dos casos por cada 100.000 habitantes.

En el capítulo de compromisos sociales, el presidente andaluz anunció también un plan dotado con 60 millones de euros para atender a las personas sin hogar y reivindicó la ayuda de 5.000 euros recién aprobada para los huéfanos de mujeres asesinadas por violencia de género.

Mirando a los jóvenes, Moreno se centró en las medidas para favorecer el acceso a la vivienda, con una nueva ley andaluza, tras recurrir al Constitucional la aprobada por el Gobierno de la nación.