Bélgica se compromete a debatir la oficialidad del catalán en su presidencia de la UE

Bélgica está preparada para seguir trabajando durante su presidencia rotatoria de la Unión Europea - entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024- en la propuesta de España para reformar el régimen lingüístico de la UE con el fin de incluir el catalán, el euskera y el gallego entre las lenguas oficiales. Así lo ha transmitido este martes, según han explicado fuentes diplomáticas, la ministra de exteriores belga, Hadja Lahbib, durante el debate en el Consejo de Asuntos Generales que, como los anteriores, ha sido breve, de unos veinte minutos, y que se ha saldado sin decisiones ni votación.

En total, según las fuentes consultadas, han intervenido representantes de siete Estados miembros -Bélgica, Luxemburgo, Rumanía, Suecia, Italia, Bulgaria y Eslovenia-, además de España, en cuyo nombre ha hablado el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pascual Navarro. Pese al tono positivo y al compromiso de seguir trabajando en la propuesta, la conclusión ha sido la misma que desde que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentó la iniciativa en septiembre: ninguna delegación se ha pronunciado en contra, pero todos los países consideran que "es necesario más trabajo” antes de tomar una decisión de este calado.

El resto de gobiernos quieren garantías -legales, políticas y administrativas- antes de abordar definitivamente el asunto. “Esta es la línea de todos los Estados miembros en general”, explican fuentes europeas. Estas reticencias y dudas han obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a renunciar a su intención de someter a votación la propuesta y a utilizar la última reunión de ministros de asuntos europeos para hacer un breve balance en el que no ha habido cambio de posiciones.

132 millones

Las estimaciones de la Comisión Europea, que cifran en 132 millones de euros el coste anual de las tres lenguas que el Gobierno se compromete a asumir, no les han convencido.

"Nuestra opinión sigue siendo la misma. Necesitamos un análisis jurídico y económico antes de tomar una decisión. No tenemos nueva información”, ha avisado la ministra de asuntos europeos de Suecia, Jessika Roswall. “He visto los cálculos. Es mucho dinero”, ha añadido, preguntada sobre el análisis comunitario. Tampoco su colega finlandés, Anders Adlercreutz, ha visto demasiados avances que alteren la posición de Helsinki. “Hemos recibido una opinión oral del servicio jurídico”, pero “hay cosas todavía por clarificar”, ha indicado.

El Gobierno finlandés considera que “como regla general, la diversidad lingüística es algo bueno” y admite la necesidad de reconocimiento de los catalanes, aunque quieren ver "los detalles y analizar detenidamente las consecuencias que puede tener en el futuro". El único que públicamente ha secundado este martes la propuesta ha sido de nuevo el ministro esloveno Marko Stucin. “Eslovenia apoya la propuesta española. Y seremos proactivos en relación con las cuestiones legales y financieras”, ha garantizado.

Último debate con España

Este martes ha sido la última vez en la que España, que hasta finales de año ostentará la presidencia semestral, ha podido incluir el debate en la agenda de una reunión ministerial. A partir de 2024 será la presidencia belga, y las que sucedan a este país posteriormente (la siguiente será Hungría), quien decidirán si la discusión ha registrado los suficientes avances a nivel técnico como para incluirse en el orden del día o si es necesario seguir pidiendo “documentos adicionales” antes de plantear un nuevo debate a nivel político. “Cuando esté suficientemente madura regresará a la mesa del Consejo para la adopción o para una nueva discusión”, explicaban esta semana fuentes diplomáticas, que ya anticipaban que pretender sacar un expediente como este en tan solo tres meses es extremadamente ambicioso.

“Habitualmente lleva un año hacer una evaluación de estas características”, insistieron. Es más, el propio Albares admitía el lunes en Bruselas que desde que Irlanda movió ficha para lograr la oficialidad del gaélico hasta que logró el aval de los Veintisiete pasaron dos años. Ha sido, no obstante, el Gobierno quien se ha puesto en todo este tiempo el listón en lo más alto al vincular el reconocimiento del catalán con el acuerdo cerrado con los independentistas catalanes para elegir a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Un compromiso que ha hecho que desde septiembre, el Gobierno haya incluido hasta en cuatro ocasiones -el 19 de septiembre, 24 de octubre, 15 de noviembre y este martes- una discusión en la agenda creando malestar en algunas delegaciones. “Esperamos que este sea el último Consejo de Asuntos Generales por un tiempo en el que tengamos que abordar este tema”, apuntan otras fuentes diplomáticas.